NEGOCIOS MACRISTAS
Las causas de Macri
“Con este poema no tomarás el poder” dice
“con estos versos no harás la Revolución” dice
“ni con miles de versos harás la Revolución” dice
se sienta a la mesa y escribe
“Confianzas”, de Juan Gelman
“con estos versos no harás la Revolución” dice
“ni con miles de versos harás la Revolución” dice
se sienta a la mesa y escribe
“Confianzas”, de Juan Gelman
El escándalo de Fernando Niembro destapa la olla de corrupción
PRO, que no sólo revela el caso particular de un candidato a
diputado –aunque los medios afines pretenden que el caso se
limite a su persona– sino que muestra la cuestionable forma de
financiamiento de la política en el PRO, partido que lidera
Mauricio Macri, el único candidato a presidente procesado.
PRO, que no sólo revela el caso particular de un candidato a
diputado –aunque los medios afines pretenden que el caso se
limite a su persona– sino que muestra la cuestionable forma de
financiamiento de la política en el PRO, partido que lidera
Mauricio Macri, el único candidato a presidente procesado.
El caso del periodista deportivo de ideología neoliberal quien
ocupa el primer lugar entre los candidatos a diputado nacional
del PRO por la provincia de Buenos Aires en la alianza
Cambiemos salió a la luz gracias a una investigación del diario
Tiempo Argentino. El informe daba cuenta de que la empresa
La Usina Producciones SRL fue fundada por Niembro y su
socio
Atilio Meza (y candidato número 13 de diputados en la misma
lista que impulsa a María Eugenia Vidal como gobernadora) en
mayo de 2012 y, aunque no tenía antecedentes ni empleados,
lograba a los pocos días una serie de contratos que en tres años
llegarían a más de 170 contrataciones con los que levantaron
más de $ 23 millones. Al revisar esas operaciones se fue
descubriendo además: que sólo tenía como clientes al gobierno
de la Ciudad y al Banco de la Ciudad (ambos manejados por el
PRO), que también la escuela de periodismo de la que es dueño
recibía dinero de la Policía Metropolitana; que el hijo de Niembro
había recibido 800 mil pesos y que hasta su mujer, Mirta Brizuela,
recibió del gobierno macrista más de 2,5 millones para su
Fundación “para el Bienestar Social de la Gente”.
ocupa el primer lugar entre los candidatos a diputado nacional
del PRO por la provincia de Buenos Aires en la alianza
Cambiemos salió a la luz gracias a una investigación del diario
Tiempo Argentino. El informe daba cuenta de que la empresa
La Usina Producciones SRL fue fundada por Niembro y su
socio
Atilio Meza (y candidato número 13 de diputados en la misma
lista que impulsa a María Eugenia Vidal como gobernadora) en
mayo de 2012 y, aunque no tenía antecedentes ni empleados,
lograba a los pocos días una serie de contratos que en tres años
llegarían a más de 170 contrataciones con los que levantaron
más de $ 23 millones. Al revisar esas operaciones se fue
descubriendo además: que sólo tenía como clientes al gobierno
de la Ciudad y al Banco de la Ciudad (ambos manejados por el
PRO), que también la escuela de periodismo de la que es dueño
recibía dinero de la Policía Metropolitana; que el hijo de Niembro
había recibido 800 mil pesos y que hasta su mujer, Mirta Brizuela,
recibió del gobierno macrista más de 2,5 millones para su
Fundación “para el Bienestar Social de la Gente”.
Niembro intentó desligarse hablando de “compulsa de precios”
porque “la licitación lleva más tiempo”, cuando la terminología
“compulsa de precios” no aparece en las normativas de la Ciudad,
que sólo contemplan como posibles procedimientos para la
selección de proveedores la “licitación o concurso”, la “contratación
directa” y el “remate o subasta pública”. La empresa está
inscripta en Afip en la categoría “servicios personales” que no
se corresponde con la totalidad de las contrataciones que recibió
como, entre otras, por publicidad, por una auditoría sobre
Ambiente y Espacio Público, “servicio de encuesta”, “contratos
de la Basura” y “servicios de instalación y puesta en
funcionamiento de planta para tratamiento de efluentes” y se
hicieron por “contratación directa” o por decretos 556/10 firmados
por Mauricio Macri, que permite gastos caratulados de “imperiosa
necesidad”.
porque “la licitación lleva más tiempo”, cuando la terminología
“compulsa de precios” no aparece en las normativas de la Ciudad,
que sólo contemplan como posibles procedimientos para la
selección de proveedores la “licitación o concurso”, la “contratación
directa” y el “remate o subasta pública”. La empresa está
inscripta en Afip en la categoría “servicios personales” que no
se corresponde con la totalidad de las contrataciones que recibió
como, entre otras, por publicidad, por una auditoría sobre
Ambiente y Espacio Público, “servicio de encuesta”, “contratos
de la Basura” y “servicios de instalación y puesta en
funcionamiento de planta para tratamiento de efluentes” y se
hicieron por “contratación directa” o por decretos 556/10 firmados
por Mauricio Macri, que permite gastos caratulados de “imperiosa
necesidad”.
La Procelac acusó esta semana a Niembro, a Meza y al jefe de
Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como “responsables
de incumplimiento de los deberes de funcionario público”. En
una nota reciente de la Agencia Paco Urondo, el diputado porteño
kirchnerista José Campagnoli reveló que Atilio Meza, además
de socio y candidato a diputados del PRO en la lista de
Niembro, estuvo vinculado a sectores de la ex SIDE.
Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como “responsables
de incumplimiento de los deberes de funcionario público”. En
una nota reciente de la Agencia Paco Urondo, el diputado porteño
kirchnerista José Campagnoli reveló que Atilio Meza, además
de socio y candidato a diputados del PRO en la lista de
Niembro, estuvo vinculado a sectores de la ex SIDE.
Todos a los botes
El caso Niembro se presenta, entonces, como la punta visible
de un problema del tamaño de un iceberg contra el que choca
toda la embarcación del PRO y que incluye: el espionaje a
familiares de Macri, en disputa por la herencia familiar, y las
escuchas a familiares de las víctimas de la explosión a la AMIA
(allí, la Sala I de la Cámara Federal llegó a responsabilizar a Macri
en una de sus resoluciones del “armado” de una “estructura
de inteligencia subterránea”; el montaje de la UCEP con un
equipo de patoteros que atacó o amenazó sistemáticamente
a indigentes en la calle para que dejen de estar a la vista, por los
cuales al menos seis de sus integrantes están procesados sin
prisión preventiva por los presuntos delitos de “lesiones leves”
y “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario
público” donde algunos tienen embargos por $100.000; derrumbes
donde los funcionarios responsables de evitarlos estaban
arreglando contratos millonarios de fútbol como el caso del
gimnasio de Villa Urquiza o por el derrumbe del boliche Beara
por los que recientemente procesaron y embargaron a cuatro
ex funcionarios porteños; la pérdida millonaria del erario público
de $120 millones en la emisión de “bonos dólar link clase 6”
emitido según la cotización del dólar días antes de la devaluación
de 2014 y cambiada luego por una cotización más alta
correspondiente a los días posteriores, lo que implica el delito
de “administración fraudulenta”; el negocio entregado a amigos
del poder (ver Caputo en nota aparte), la entrega de un negocio
de $39 millones al Grupo Roggio a través de la empresa Sehos S.A.
por el mantenimiento de centros de salud que incluyen dos (uno
en Viamonte 1746 y otro en Chile 1634) que todavía no se
construyeron y por los que ya habrían cobrado $2,6 millones.
También se incluyen allí contratos similares por otros $84,3
millones y uno más por $10 millones adicionales. Se suman
al bloque las denuncias penales contra Macri: el caso de la
represión en el neuropsiquiátrico Borda acusado de “lesiones
y tentativa de lesiones, instigación de daño, incumplimiento de
los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y abandono
de persona”, junto a tres de sus ministros (Guillermo Montenegro,
de seguridad; Daniel Chaín, de Desarrollo Urbano, y Graciela
Reybaud, de Salud) y los dos jefes de mayor rango de la Policía
Metropolitana (Horacio Giménez y Enrique Pedace, quien ya
había sido desplazado de la Policía Federal por su responsabilidad
en el operativo del Parque Indoamericano) donde tiraron abajo
un taller para pacientes y donde pretendían generar un nuevo
negocio inmobiliario construyendo los edificios del nuevo distrito
gubernamental.
de un problema del tamaño de un iceberg contra el que choca
toda la embarcación del PRO y que incluye: el espionaje a
familiares de Macri, en disputa por la herencia familiar, y las
escuchas a familiares de las víctimas de la explosión a la AMIA
(allí, la Sala I de la Cámara Federal llegó a responsabilizar a Macri
en una de sus resoluciones del “armado” de una “estructura
de inteligencia subterránea”; el montaje de la UCEP con un
equipo de patoteros que atacó o amenazó sistemáticamente
a indigentes en la calle para que dejen de estar a la vista, por los
cuales al menos seis de sus integrantes están procesados sin
prisión preventiva por los presuntos delitos de “lesiones leves”
y “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario
público” donde algunos tienen embargos por $100.000; derrumbes
donde los funcionarios responsables de evitarlos estaban
arreglando contratos millonarios de fútbol como el caso del
gimnasio de Villa Urquiza o por el derrumbe del boliche Beara
por los que recientemente procesaron y embargaron a cuatro
ex funcionarios porteños; la pérdida millonaria del erario público
de $120 millones en la emisión de “bonos dólar link clase 6”
emitido según la cotización del dólar días antes de la devaluación
de 2014 y cambiada luego por una cotización más alta
correspondiente a los días posteriores, lo que implica el delito
de “administración fraudulenta”; el negocio entregado a amigos
del poder (ver Caputo en nota aparte), la entrega de un negocio
de $39 millones al Grupo Roggio a través de la empresa Sehos S.A.
por el mantenimiento de centros de salud que incluyen dos (uno
en Viamonte 1746 y otro en Chile 1634) que todavía no se
construyeron y por los que ya habrían cobrado $2,6 millones.
También se incluyen allí contratos similares por otros $84,3
millones y uno más por $10 millones adicionales. Se suman
al bloque las denuncias penales contra Macri: el caso de la
represión en el neuropsiquiátrico Borda acusado de “lesiones
y tentativa de lesiones, instigación de daño, incumplimiento de
los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y abandono
de persona”, junto a tres de sus ministros (Guillermo Montenegro,
de seguridad; Daniel Chaín, de Desarrollo Urbano, y Graciela
Reybaud, de Salud) y los dos jefes de mayor rango de la Policía
Metropolitana (Horacio Giménez y Enrique Pedace, quien ya
había sido desplazado de la Policía Federal por su responsabilidad
en el operativo del Parque Indoamericano) donde tiraron abajo
un taller para pacientes y donde pretendían generar un nuevo
negocio inmobiliario construyendo los edificios del nuevo distrito
gubernamental.
La denuncia de 2012, por los sobreprecios que revelaban un
negociado con un puente y carriles en el Metrobus de la 9 de
Julio, cuando se otorgó la colocación de un bono a quien había
presupuestado la obra por $166 millones cuando había sido
cotizado por menos de $ 40 millones y habiendo mejores oferentes
que el elegido. El metrobús en sí demostró sobreprecios por $ 200
millones. Macri, su ministro de Hacienda Néstor Grindetti y su
subsecretario de Tránsito y Transporte de la Ciudad, Guillermo
Dietrich, fueron denunciados entonces por “presunta asociación
ilícita”, “incumplimiento de deberes de funcionario público” y “fraude”
con las licitaciones relacionadas con el metrobus y las ciclovías.
Y se suman denuncias por subejecución de obra pública; de la
responsabilidad en el incendio intencional de Iron Mountain donde,
además de la asociación ilícita para cometer un delito, murieron
ocho bomberos y dos miembros de Defensa Civil; las denuncias
por los gastos sobrepasados del presupuesto en publicidad y
por los recortes presupuestarios en educación donde hay colegios
destruidos, por las aulas containers y por la persecución a los
alumnos que los tomaron en reclamo por las condiciones en las
que están los edificios públicos; por el incremento de la deuda
de la Ciudad; por el pago de un 85% adicional a las empresas
contratistas Techint y Dycasa, por el retraso en las obras en
tres estaciones de la línea H de subte, que deberían haber sido
inauguradas en abril de 2015 y todavía no fueron terminadas; por
la protección otorgada a dueños de talleres clandestinos tema por
el que está acusada su esposa y su familia política; por el niño
muerto en Soldati al caer de un monoblock donde tenía la
responsabilidad de haber dado un mantenimioento que no se hizo;
por la entrega al grupo Roggio del mantenimiento de dos centros
de salud que ni están construidos, y hasta existe una denuncia
contra Macri por haber dado difusión de un aborto no punible
facilitando que grupos fundamentalistas antiaborto evitaran
el cumplimiento de la ley.
negociado con un puente y carriles en el Metrobus de la 9 de
Julio, cuando se otorgó la colocación de un bono a quien había
presupuestado la obra por $166 millones cuando había sido
cotizado por menos de $ 40 millones y habiendo mejores oferentes
que el elegido. El metrobús en sí demostró sobreprecios por $ 200
millones. Macri, su ministro de Hacienda Néstor Grindetti y su
subsecretario de Tránsito y Transporte de la Ciudad, Guillermo
Dietrich, fueron denunciados entonces por “presunta asociación
ilícita”, “incumplimiento de deberes de funcionario público” y “fraude”
con las licitaciones relacionadas con el metrobus y las ciclovías.
Y se suman denuncias por subejecución de obra pública; de la
responsabilidad en el incendio intencional de Iron Mountain donde,
además de la asociación ilícita para cometer un delito, murieron
ocho bomberos y dos miembros de Defensa Civil; las denuncias
por los gastos sobrepasados del presupuesto en publicidad y
por los recortes presupuestarios en educación donde hay colegios
destruidos, por las aulas containers y por la persecución a los
alumnos que los tomaron en reclamo por las condiciones en las
que están los edificios públicos; por el incremento de la deuda
de la Ciudad; por el pago de un 85% adicional a las empresas
contratistas Techint y Dycasa, por el retraso en las obras en
tres estaciones de la línea H de subte, que deberían haber sido
inauguradas en abril de 2015 y todavía no fueron terminadas; por
la protección otorgada a dueños de talleres clandestinos tema por
el que está acusada su esposa y su familia política; por el niño
muerto en Soldati al caer de un monoblock donde tenía la
responsabilidad de haber dado un mantenimioento que no se hizo;
por la entrega al grupo Roggio del mantenimiento de dos centros
de salud que ni están construidos, y hasta existe una denuncia
contra Macri por haber dado difusión de un aborto no punible
facilitando que grupos fundamentalistas antiaborto evitaran
el cumplimiento de la ley.
¿Dónde hay un mango?
Una nota de Tiempo Argentino del 24 de julio de 2011 revelaba
los manejos turbios de fondos públicos, privilegios a empresas
privadas cautivas, espionaje y persecución que desde el
principio el PRO en el gobierno instaló en torno a las contrataciones
de publicidad. Allí se hablaba sobre la muerte de Gregorio
Centurión cuando era investigado y a quien Macri conocía desde
sus épocas de estudiante en el Cardenal Newman y porque
luego manejó la publicidad del Correo Argentino y Sevel, por
Decreto 2074 lo convirtió en funcionario público al frente de la
Secretaría de Comunicación Social.
los manejos turbios de fondos públicos, privilegios a empresas
privadas cautivas, espionaje y persecución que desde el
principio el PRO en el gobierno instaló en torno a las contrataciones
de publicidad. Allí se hablaba sobre la muerte de Gregorio
Centurión cuando era investigado y a quien Macri conocía desde
sus épocas de estudiante en el Cardenal Newman y porque
luego manejó la publicidad del Correo Argentino y Sevel, por
Decreto 2074 lo convirtió en funcionario público al frente de la
Secretaría de Comunicación Social.
También Mauricio Macri está procesado (junto a María Eugenia
Vidal) en la investigación que terminó en la clausura del club
17 de Agosto por el desvío de fondos públicos. En este caso,
Vidal estaba a cargo del Ministerio de Desarrollo Social
cuando se desviaron cerca de medio millón de pesos al club
cuyo director era Sergio Costantino, un funcionario macrista
que dependía directamente de ella.
Vidal) en la investigación que terminó en la clausura del club
17 de Agosto por el desvío de fondos públicos. En este caso,
Vidal estaba a cargo del Ministerio de Desarrollo Social
cuando se desviaron cerca de medio millón de pesos al club
cuyo director era Sergio Costantino, un funcionario macrista
que dependía directamente de ella.
Merecerá un apartado especial la facilitación de negociados,
incluido el “polo audiovisual” presentado como un territorio
porteño donde potenciar la instalación de empresas vinculadas
al área audiovisual. Pero lejos de buscar desarrollar un territorio
despoblado o con poca actividad económica se centró donde
ya estaban instaladas las productoras más grandes; algo que
no genera dinero adicional por impulsar el desarrollo de un
área, sino que sólo da beneficios económicos a las más
poderosas que ya estaban ahí. Así también merece ser revisada
la millonaria contratación que hace a Clarín para plotear trenes del
Subte, o la compra (también a Clarín) de netbooks para los
alumnos de CABA al triple de su valor real, con un sobreprecio
estimado en us$ 177 millones de dólares. Como también lo
merecen la compra de material rodante usado para el subte que
terminó costando más caro que nuevo, asesorías millonarias y
descuido del patrimonio histórico de los coches retirados de la
línea A o de los azulejos centenarios pintados.
incluido el “polo audiovisual” presentado como un territorio
porteño donde potenciar la instalación de empresas vinculadas
al área audiovisual. Pero lejos de buscar desarrollar un territorio
despoblado o con poca actividad económica se centró donde
ya estaban instaladas las productoras más grandes; algo que
no genera dinero adicional por impulsar el desarrollo de un
área, sino que sólo da beneficios económicos a las más
poderosas que ya estaban ahí. Así también merece ser revisada
la millonaria contratación que hace a Clarín para plotear trenes del
Subte, o la compra (también a Clarín) de netbooks para los
alumnos de CABA al triple de su valor real, con un sobreprecio
estimado en us$ 177 millones de dólares. Como también lo
merecen la compra de material rodante usado para el subte que
terminó costando más caro que nuevo, asesorías millonarias y
descuido del patrimonio histórico de los coches retirados de la
línea A o de los azulejos centenarios pintados.
Incluso en temas como el que al PRO le gusta mostrar como
joyas de su gestión revelan denuncias por corrupción. Así
ocurrió en 2011, cuando Macri fue denunciado penalmente
por Milcíades Peña y Facundo Di Filippo, por presuntas
coimas y asociación ilícita en las obras del canal aliviador
del arroyo Maldonado, realizadas por la constructora italiana
asociada con Ángelo Calcaterra, primo hermano de Macri.
joyas de su gestión revelan denuncias por corrupción. Así
ocurrió en 2011, cuando Macri fue denunciado penalmente
por Milcíades Peña y Facundo Di Filippo, por presuntas
coimas y asociación ilícita en las obras del canal aliviador
del arroyo Maldonado, realizadas por la constructora italiana
asociada con Ángelo Calcaterra, primo hermano de Macri.
Y no por viejas hay que dejar de lado las ya históricas
denuncias que involucraban a Macri con el “contrabando agravado”
responsabilizándolo, junto a su padre, de cobrar reintegros por
exportar al Uruguay autopartes para importarlas como autos
armados. Se trata de movimientos de 1993 cuando eran dueños
de la automotriz Sevel, ex fabricantes de Fiat y Peugeot. O las
denuncias por sobreprecios en cámaras de seguridad para
La Bombonera cuando era presidente de Boca. O incluso
anteriores, como cuando en 1988 se colocó la cucarda de la
madre de todas las estafas con el Plan Cloacal Rousselot-Macri.
denuncias que involucraban a Macri con el “contrabando agravado”
responsabilizándolo, junto a su padre, de cobrar reintegros por
exportar al Uruguay autopartes para importarlas como autos
armados. Se trata de movimientos de 1993 cuando eran dueños
de la automotriz Sevel, ex fabricantes de Fiat y Peugeot. O las
denuncias por sobreprecios en cámaras de seguridad para
La Bombonera cuando era presidente de Boca. O incluso
anteriores, como cuando en 1988 se colocó la cucarda de la
madre de todas las estafas con el Plan Cloacal Rousselot-Macri.
Néstor Kirchner decía a poco de asumir que “donde se aprieta
con el dedo, sale pus”, en referencia a la incontable estafa al
Estado (que es todo el pueblo) que se generó en la década
del ’90. Lo mismo ocurre con la gestión PRO, luego de 8 años
de gobierno.
con el dedo, sale pus”, en referencia a la incontable estafa al
Estado (que es todo el pueblo) que se generó en la década
del ’90. Lo mismo ocurre con la gestión PRO, luego de 8 años
de gobierno.
“Con estos versos no harás la Revolución”, escribía Juan Gelman
en su poesía “Confianzas”. La información de esta nota no
proviene de archivos secretos sino públicos, ya fue ampliada y
detallada en otras notas de este y otros medios y, a pesar de
todo, Macri es “presidenciable”.
en su poesía “Confianzas”. La información de esta nota no
proviene de archivos secretos sino públicos, ya fue ampliada y
detallada en otras notas de este y otros medios y, a pesar de
todo, Macri es “presidenciable”.
1 Comentario
Penepenetrante
Estos informes, no los vas a ver reflejados, en Clarin, La Nacion, TN,
Canal 13, RAdio Mitre, si hay denuncias sobre el oficialismo, también
nos queremos enterar de lo que es capaz el Macrismo.- Es muy dificil
meter toda la mugre debajo de la alfombra.-