Publicada en Miradas al Sur el 19/07/2015


CABA

Policía, jueces y empresas 

contra Precios Cuidados


CABA | Policía, jueces y empresas contra Precios Cuidados
Supongamos que usted, lector, va al supermercado de una firma
multinacional. Buscando ofertas, decide llevar productos de Precios
Cuidados. Y recordando que alguna vez, en ese mismo hipermercado,
en la línea de cajas no hallaba coincidencia con los precios de
góndola, piensa: “¿Y si les saco una foto y las reviso antes de
pagar?”. Pero llega a la góndola y descubre que ninguno de los
productos de esa categoría tiene más que el código de barras.
Supongamos que quiere usar la camarita del celular para denunciarlo.
¿Podría creer que una empleada se le acercará a decirle que no haga
eso? ¿Y qué haría si esa hipotética empleada intentara arrebatarle su
celular? Tal vez, aprovecharía esa misma herramienta para registrarla
a ella; tal vez no. ¿Podría imaginar que minutos después apareciera un
tipo robusto de “seguridad” (alguna vez habrá que revisar el alcance de
este rubro a veces devenido en patovicas) exigiéndole que deje de hacer
algo que la ley no prohíbe?
No suponga más. Eso sí sucedió, esta semana, a Hernán Jaureguiber,
integrante de la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de julio en el
hipermercado Wal-Mart de Cabildo al 3400, en el porteño barrio de
Núñez. Jaureguiber estaba de traje y venía de una reunión. Hasta
entonces, no tenía ni idea de cómo terminaría su día.
Todo empezó cuando el abogado se negó a responder los insultos
que le lanzó el empleado de seguridad, bastante más joven y con
notoriamente mayor capacidad física. Lo tomó por sorpresa que lo
agarrara de los hombros y lo arrojara contra una góndola. Lo
primero que atinó a hacer fue fotografiarlo para testimoniar la
agresión. Luego, alejándose del “seguridad”, llamó a su esposa
para que pidiera ayuda policial al 911. Cuando el empleado se
alejó, el abogado logró relajarse pero no le quedaban ganas de
comprar algo allí y se retiró. En la puerta se sorprendió al ver un
patrullero donde los efectivos hablaban con su agresor. Se acercó
y, antes de poder presentarse, un oficial lo hizo callar de manera
tajante.
Jaureguiber emprendió la caminata hasta su casa, a dos cuadras
del supermercado. Faltando pocos metros para su casa, notó
que el policía lo seguía. Metió la llave en la puerta de su edificio,
pero desde atrás alguien lo empujó contra la pared. Sorprendido,
Jaureguiber le dijo que esa no era la manera de comportarse de
un oficial de la Policía Federal. Lo esquivó y abrió la puerta, pero
al ingresar al edificio, el oficial se metió con él y comenzó a pegarle
delante del portero, testigo ocasional de la insólita agresión.
Cuando bajaron la esposa de Jaureguiber y su hijo de 6 años, el
abogado ya estaba tirado en el piso, a punto de ser esposado.
Logró pasarle el celular a su esposa y le dijo que lo guardara.
En ese momento, llegaron más policías que golpearon la puerta
y exigieron al portero que abriera. Más allá del reclamo de Jaureguiber,
que intuía más golpes, el portero abrió. Los policías se sumaron
de inmediato a las patadas y trompadas contra el abogado reducido
y esposado en el suelo, ya frente a varios vecinos atónitos. Los
uniformados lo levantaron y arrastraron hasta el patrullero. El abogado
pudo notar que habían cortado la calle como si se tratara de un
operativo comando.
Lo retuvieron durante una hora y media en el patrullero, detenidos en
la esquina de su departamento, aunque a su mujer le dijeron que iban
directo a la comisaría. Hasta esa esquina llegó una ambulancia. Un
 médico lo revisó pero no le sacaron las esposas. Volvieron a subirlo
y lo llevaron a la 35ª. Al llegar, su esposa e hijo lo estaban esperando
desde hacía rato.
A Jaureguiber lo llevaron a un calabozo y le ordenaron que se desnudara,
a lo que el abogado se negó. Le exigieron sus efectos personales para,
acta mediante, entregárselos a su esposa. Le permitieron una llamada.
Jaureguiber llamó a una colega. Con mejores modales, y ya sin
esposas, lo regresaron al calabozo. Pero pasaron horas hasta que
a la medianoche, con el cambio de turno, otro oficial jefe lo invitó
a subir a su oficina. Mientras tanto, los colegas y amigos ya habían
comenzado a denunciar lo ocurrido.
Al llegar los representantes legales de Jaureguiber, se les informó que
 estaba detenido “por lesiones al artículo 89 del Código Penal” y por
“resistencia a la autoridad”, aunque había sido él víctima de la violencia,
primero del personal del supermercado, luego de la Policía. Trascendió
 que el empleado de seguridad no pudo sostener, en la Comisaría, la
supuesta falsa denuncia inicial y que cambió sus dichos señalado que
el abogado “habría intentado agredirlo, sin éxito”, y que él “solamente
lo sujetó”. De esta forma, como las lesiones no tienen grado de “tentativa”,
el policía que lo detuvo y agredió lo hizo sin existir delito alguno y
sin siquiera comprobar la veracidad de los supuestos. Tampoco debió
haber ingresado a su domicilio sin su consentimiento. Y muy lejos
quedó la posibilidad de argumentar resistencia a la autoridad. En
esas circunstancias, el obrar policial pasó a ser un abuso de autoridad.
“La situación de las órdenes judiciales no fueron mejores –indicó
Jaureguiber a Miradas al Sur–. El Juzgado no fue ajeno. Enterado
del episodio, del tipo de empresa y de víctima, el juzgado prolongó
el procedimiento al imputarme y, sin prueba alguna, disponer mi
detención y prolongarla por espacio de 12 horas amparados en las
demoras procedimentales.”
Este tipo de accionar, ¿es poco común o sólo se supo porque se
trató de un abogado? ¿Y si se hubiera tratado de un joven “portador
de cara”? ¿Cuánto de esto demuestra connivencia del poder policial
con el Judicial para defender al poder económico de un hipermercado
de capitales trasnacionales y evitar una denuncia por malas prácticas
comerciales y malos tratos? Los interrogantes siguen. Por ejemplo,
qué orden interna lleva a un empleado a intentar “defender” en
términos violentos a la empresa en la que trabaja. Una empresa
que acumula denuncias en todo el mundo por tener manuales con
indicaciones precisas para evitar la agremiación de sus empleados.

((recuadro)) Usos y abusos de los híper
Por Graciela Pérez | El programa Precios Cuidados, que cuenta con gran aceptación en la población, incorporó la semana pasada 38 artículos y la lista alcanzó los 506 productos. A pesar del aumento de ventas que les representó a las cadenas de distribución, algunos supermercados ven con malos ojos a los clientes que piden los productos del plan y a las organizaciones de defensa al consumidor.
“Para tomar nota hay que pedir autorización a Cencosud por escrito”, fue la respuesta que recibió este medio cuando se lanzó el programa y quiso corroborar el acatamiento en un supermercado Jumbo. Sacar un lápiz y un papel representaba una amenaza para el hipermercado.
Las cosas no cambiaron mucho desde aquel enero del año pasado. Un hombre que fue a la cadena Walmart hace unas semanas fue golpeado por el personal de vigilancia por sacar fotos a la mercadería (ver VIVIENDA EN LA CABA | Herencia pa’ un hijo guacho).
Héctor Polino, titular de la asociación Consumidores Libres, sostuvo que “es un abuso que no dejen tomar fotos o notas. Si el cliente quiere comparar, tiene derecho”. Pero el propio Polino explicó que incluso su asociación tiene problemas para hacer relevamientos y optan por “trabajar a escondidas”. El cliente puede hacer la denuncia ante defensa al consumidor pero, ¿a quién recurre la asociación y qué respuesta le dan al denunciante?
Desde Consumidores Libres advirtieron que los supermercados deben tener en sus entradas la lista completa de Precios Cuidados o folletos con los artículos que están en el acuerdo, para que el cliente pueda conocerlos.
Muchas veces sucede que el precio que figura en góndola no se corresponde con la mercancía. Sea porque es otro producto, porque se trata del mismo pero en otro tamaño o tiene algún agregado. La publicidad engañosa está a la orden del día y las cadenas saben que muchos clientes pueden caer en la trampa. Después de todo, siempre se puede culpar al repositor por su “descuido”.
Hasta el momento, el Gobierno aplicó multas por 37 millones de pesos y se labraron 779 actas por incumplimiento en el stock y otras 263 por problemas de señalización. Asimismo, el grado de acatamiento, según el propio secretario de Comercio Augusto Costa, pasó del 73% al 90%, aunque advirtió que se intensificarán los controles en los comercios para evitar “los abusos de los formadores de precios”.
El acuerdo en 506 artículos sirve de referencia para que el consumidor tenga idea de lo que vale una mercadería y pueda comparar. En ese sentido, el ministro de Economía, Axel Kicillof, indicó que “hubo una fuerte desaceleración de los precios desde el lanzamiento de Precios Cuidados, pero no son precios congelados”.
La mayor penetración del acuerdo se da en la categoría de productos de heladera, donde los artículos que integran la canasta oficial representan el 15% de las ventas totales. En el segundo trimestre del año, la mayor suba de precios fue aprobada en carnes y procesados (4,3%), seguido por frutas y verduras (2,8%), panificados (2,5%), bebidas (2,3%), limpieza (2,2%) y almacén (2,1%). La suba trimestral promedio fue del 2,2%.
Para Polino, el problema está en lo que paga la cadena por el producto y lo que le cobra al consumidor: “El margen de rentabilidad oscila entre un 40 y un 277%, un verdadero escándalo”.

((recuadro)) La experiencia mexicana
Por Leandro Etchichury | La semana pasada, representantes de la Mesa Nacional de Cooperativas Productoras de Alimentos propusieron a autoridades de Economía la creación de una red de supermercados, asegurando que “necesitamos una red de comercialización propia, con intervención del Estado, que le dé la oportunidad al consumidor de llegar a nuestros productos con precios justos”.
El Estado ya viene experimentando en este sentido a través de la Red Federal de Comercios de Proximidad de Argentina (Red Com.Pr.Ar). Una experiencia a tener en cuenta es la de México con Diconsa, una empresa dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social cuyo objetivo es afianzar la seguridad alimentaria de sectores urbanos y rurales empobrecidos, a través de una red de más de 25 mil bocas de expendio operadas a través de organizaciones comunitarias a lo largo de todo el país, ofreciendo productos a bajos precios (muchos de ellos de marca propia), que es abastecida desde 300 almacenes centrales que priorizan sus compras en productores campesinos y de la economía popular.
Para abrir una tienda, debe haber un interés manifiesto por parte de miembros de una comunidad, “avalada por la firma de al menos quince jefes de familia”, quienes deben aportar el local. En el ámbito rural, las tiendas se convirtieron en unidades de servicio que, además de los alimentos, ofrecen prestaciones postales y de telefonía, medicamentos y pago de servicios. No exenta de dificultades operativas, Diconsa logró instalarse a nivel social y, al ser un gran comprador, opera como un actor relevante en la política de precios al productor y al consumidor, a la vez que sirve de contención a la especulación, fundamentalmente ante situaciones de emergencia.