03 de Mayo de 2015
Entrevista. Gustavo Vera. Legislador porteño y titular de La Alameda
“Larreta y Vidal sabían de la denuncia”
La muerte de dos niños en un taller clandestino puso esta semana nuevamente en relieve la complicidad del Estado porteño en relación con este tema denunciado desde hace años por el legislador Gustavo Vera.
En diálogo con Miradas al Sur, Vera sostuvo que “en Buenos Aires hay más de 3.000 talleres clandestinos y un círculo vicioso que oscila entre la desidia y la complicidad, que es cohecho”. Denunció que “la Policía recauda sobre el trabajo clandestino a cambio de mirar para el costado” e identificó esa desidia como “connivencia de inspectores del gobierno de la Ciudad”.
–¿Cómo identifica los dichos de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, quienes sostienen que “los talleres clandestinos son propiedades privadas” y que “sin una orden judicial, no se puede entrar”?
–Eso de que no pueden entrar es un cuento chino. Porque desde fines del 2006, tienen poder de policía para ingresar en casas particulares donde sospechan que puede haber trata, según la ley de trabajo a domicilio (Ley 12.713). Ha habido marchas de vecinos denunciando estas actividades y nosotros mismos realizamos más de 200 denuncias desparramadas por distintos juzgados federales que involucran a más de 800 talleres. Respecto de este caso particular que se incendió, ya lo habíamos denunciado el 24 de septiembre del año pasado, en la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. Y esta fiscalía había ratificado tanto al ministerio de Seguridad que estaba en autos la comisaría 50ª, como al gobierno de la Ciudad que responde en un oficio (ver foto), es decir, de manera formal, donde explicita que el taller de Páez 2796 debía inspecciones en materia de higiene y seguridad. Evidentemente, pasaron diciembre, enero, febrero y marzo sin hacerlo.
–Larreta afirmó también que “si los tuviéramos identificados uno por uno iríamos a los talleres a clausurarlos”, ¿le cree?
–Presentamos una denuncia penal contra la cúpula del Poder Ejecutivo por “abuso de autoridad” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Existe un procedimiento que no pueden desconocer: vas y tocás la puerta y si no te dejan entrar, pedís auxilio policial. Insistís, y si persisten en la negativa, hablás con el juzgado de turno y pedís un allanamiento, que lo puede hacer la misma comisaría de la zona. Es una cuestión de voluntad política. La realidad es que se allana o se inspecciona, y eventualmente se clausura.
–¿Está involucrada la familia Awada (de la esposa de Mauricio Macri) con estos talleres?
–En este caso no. Este taller estaba vinculado a la marca Guerra jeans, una marca pequeña que regentea un coreano, en la calle Avellaneda. Eso lo comprobamos porque encontramos las etiquetas y porque nos lo contaron los vecinos del barrio. Este coreano era el que alquilaba la casa y se la subalquilaba a talleristas. Pero la familia Awada tiene denuncias y causas abiertas por sus talleres clandestinos. En estos 12 años, hemos probado sobradamente que hay 117 marcas denunciadas, incluyendo grandes marcas, por producción en condiciones de trabajo esclavo.
–¿Quiénes son responsables?
–Por un lado están las de la propia Policía Federal que puede actuar de oficio y realizar los allanamientos. Pero tanto la comisaría 50ª como la 43ª están muy entongadas en la protección de talleres clandestinos. Por otro lado, están los inspectores del gobierno de la Ciudad que tienen poder de Policía y no hicieron nada, ahí está la Agencia Gubernamental de Control, a cargo del ex militar Juan José Gómez Centurión, como la subsecretaría de Trabajo, que dirige Ezequiel Sabor. Pero también está la pata de la Justicia. El martes a la noche hubo un allanamiento y hay que aclarar que los talleristas sacaron sus máquinas y pertenencias la noche anterior. Cuando entraron, encontraron máquinas rotas y trapos viejos. Lo que demuestra que fueron avisados. Ahora la causa está en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral. Estamos pidiendo la interpelación de Sabor y Centurión. La cúpula del Gobierno de la Ciudad tendrá que explicar por qué había tantos talleres clandestinos denunciados en la misma manzana y no se hizo absolutamente nada. Larreta y Vidal tenían perfecto conocimiento de que tenían una denuncia por trata para explotación laboral.
En diálogo con Miradas al Sur, Vera sostuvo que “en Buenos Aires hay más de 3.000 talleres clandestinos y un círculo vicioso que oscila entre la desidia y la complicidad, que es cohecho”. Denunció que “la Policía recauda sobre el trabajo clandestino a cambio de mirar para el costado” e identificó esa desidia como “connivencia de inspectores del gobierno de la Ciudad”.
–¿Cómo identifica los dichos de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, quienes sostienen que “los talleres clandestinos son propiedades privadas” y que “sin una orden judicial, no se puede entrar”?
–Eso de que no pueden entrar es un cuento chino. Porque desde fines del 2006, tienen poder de policía para ingresar en casas particulares donde sospechan que puede haber trata, según la ley de trabajo a domicilio (Ley 12.713). Ha habido marchas de vecinos denunciando estas actividades y nosotros mismos realizamos más de 200 denuncias desparramadas por distintos juzgados federales que involucran a más de 800 talleres. Respecto de este caso particular que se incendió, ya lo habíamos denunciado el 24 de septiembre del año pasado, en la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. Y esta fiscalía había ratificado tanto al ministerio de Seguridad que estaba en autos la comisaría 50ª, como al gobierno de la Ciudad que responde en un oficio (ver foto), es decir, de manera formal, donde explicita que el taller de Páez 2796 debía inspecciones en materia de higiene y seguridad. Evidentemente, pasaron diciembre, enero, febrero y marzo sin hacerlo.
–Larreta afirmó también que “si los tuviéramos identificados uno por uno iríamos a los talleres a clausurarlos”, ¿le cree?
–Presentamos una denuncia penal contra la cúpula del Poder Ejecutivo por “abuso de autoridad” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Existe un procedimiento que no pueden desconocer: vas y tocás la puerta y si no te dejan entrar, pedís auxilio policial. Insistís, y si persisten en la negativa, hablás con el juzgado de turno y pedís un allanamiento, que lo puede hacer la misma comisaría de la zona. Es una cuestión de voluntad política. La realidad es que se allana o se inspecciona, y eventualmente se clausura.
–¿Está involucrada la familia Awada (de la esposa de Mauricio Macri) con estos talleres?
–En este caso no. Este taller estaba vinculado a la marca Guerra jeans, una marca pequeña que regentea un coreano, en la calle Avellaneda. Eso lo comprobamos porque encontramos las etiquetas y porque nos lo contaron los vecinos del barrio. Este coreano era el que alquilaba la casa y se la subalquilaba a talleristas. Pero la familia Awada tiene denuncias y causas abiertas por sus talleres clandestinos. En estos 12 años, hemos probado sobradamente que hay 117 marcas denunciadas, incluyendo grandes marcas, por producción en condiciones de trabajo esclavo.
–¿Quiénes son responsables?
–Por un lado están las de la propia Policía Federal que puede actuar de oficio y realizar los allanamientos. Pero tanto la comisaría 50ª como la 43ª están muy entongadas en la protección de talleres clandestinos. Por otro lado, están los inspectores del gobierno de la Ciudad que tienen poder de Policía y no hicieron nada, ahí está la Agencia Gubernamental de Control, a cargo del ex militar Juan José Gómez Centurión, como la subsecretaría de Trabajo, que dirige Ezequiel Sabor. Pero también está la pata de la Justicia. El martes a la noche hubo un allanamiento y hay que aclarar que los talleristas sacaron sus máquinas y pertenencias la noche anterior. Cuando entraron, encontraron máquinas rotas y trapos viejos. Lo que demuestra que fueron avisados. Ahora la causa está en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral. Estamos pidiendo la interpelación de Sabor y Centurión. La cúpula del Gobierno de la Ciudad tendrá que explicar por qué había tantos talleres clandestinos denunciados en la misma manzana y no se hizo absolutamente nada. Larreta y Vidal tenían perfecto conocimiento de que tenían una denuncia por trata para explotación laboral.
