22 de Febrero de 2015
Comunas
La pelea por dar poder al pueblo
Múltiple abordaje sobre las pujas por la aplicación de la Ley de Comunas que incluye la palabra de profesionales, comuneros y vecinos que denuncian manejos oscuros y el uso de la violencia por parte de la administración PRO.
El próximo 1º de septiembre se cumplirán 10 años de la sanción de la Ley 1.777, más conocida como Ley de Comunas (http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley1777.html). Una ley que responde a los objetivos planteados en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establecidos en la Estatuyente de 1996. Tal vez, la ley más progresista de la Ciudad. Tal vez, por eso, la más resistida.
Una de las leyes que más énfasis puso en el proyecto de empoderar al pueblo transformando una democracia representativa en una democracia participativa. La síntesis de una búsqueda donde cada comunidad tuviera posibilidades de “establecer las normas de organización, competencia y funcionamiento” (como indica en su primer artículo), entendiendo que las comunas son “unidades de gestión política y administrativas descentralizadas con competencia territorial, patrimonio y personería jurídica propia” (art.2) para poder “promover la descentralización y facilitar la desconcentración de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial; facilitar la participación de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones y en el control de los asuntos públicos; promover el desarrollo de mecanismos de democracia directa; mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad; implementar medidas de equidad, redistribución y compensación de diferencias estructurales a favor de las zonas más desfavorecidas de la Ciudad; preservar, recuperar, proteger y difundir el patrimonio y la identidad cultural de los distintos barrios; consolidar la cultura democrática participativa; cuidar el interés general de la ciudad y asegurar el desarrollo sustentable” (art.3).
Una ley que esperó hasta 2005 y en la que recién en 2011 los ciudadanos porteños pudieron elegir comuneros. Sin embargo, el 15 de noviembre de 2013 Mauricio Macri envió a la Legislatura porteña un segundo intento por destruirla con un proyecto de reforma que planteaba la derogación de tres artículos de la norma original y la reforma de otros 16 de los 58 con que cuenta la ley. A pesar del rotundo rechazo de la oposición a ese intento, y de la resistencia vecinal a favor de las comunas, éstas todavía no pueden desplegar todo su potencial.
Una de las leyes que más énfasis puso en el proyecto de empoderar al pueblo transformando una democracia representativa en una democracia participativa. La síntesis de una búsqueda donde cada comunidad tuviera posibilidades de “establecer las normas de organización, competencia y funcionamiento” (como indica en su primer artículo), entendiendo que las comunas son “unidades de gestión política y administrativas descentralizadas con competencia territorial, patrimonio y personería jurídica propia” (art.2) para poder “promover la descentralización y facilitar la desconcentración de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial; facilitar la participación de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones y en el control de los asuntos públicos; promover el desarrollo de mecanismos de democracia directa; mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad; implementar medidas de equidad, redistribución y compensación de diferencias estructurales a favor de las zonas más desfavorecidas de la Ciudad; preservar, recuperar, proteger y difundir el patrimonio y la identidad cultural de los distintos barrios; consolidar la cultura democrática participativa; cuidar el interés general de la ciudad y asegurar el desarrollo sustentable” (art.3).
Una ley que esperó hasta 2005 y en la que recién en 2011 los ciudadanos porteños pudieron elegir comuneros. Sin embargo, el 15 de noviembre de 2013 Mauricio Macri envió a la Legislatura porteña un segundo intento por destruirla con un proyecto de reforma que planteaba la derogación de tres artículos de la norma original y la reforma de otros 16 de los 58 con que cuenta la ley. A pesar del rotundo rechazo de la oposición a ese intento, y de la resistencia vecinal a favor de las comunas, éstas todavía no pueden desplegar todo su potencial.
El desafío de la inclusión. La autarquía de las Comunas está, hoy, atada al presupuesto. Algo que el macrismo niega a las comunas. Cuando en noviembre de 2013 el PRO realizó aquella presentación (que buscaba quitarles a las Comunas contar con recursos propios que no podrían administrar, ni ejecutar por sí mismas y, de esa manera, manejar topes presupuestarios y habilitar obras y políticas inconsultas que quedarían bajo su absoluta potestad) sólo contempló la negativa de los vecinos con la utilización de barrabravas “al mejor estilo patoteril, llenando el salón Montevideo con empleados pagos que intentaban impedir el ingreso de vecinos y Juntistas Comunales”, según denunciaron integrantes del Movimiento Comunero, aclarando que estos objetivos del Ejecutivo porteño habían sido accionados a través del secretario de Descentralización Eduardo Macchiavelli.
Ya el 7 de mayo de 2012 se había hecho público en la Legislatura este boicot cuando un integrante del Movimiento Comunero, Eduardo Hadad, reveló: “Existe una decisión política tendiente a hacer fracasar, por asfixia administrativa, presupuestaria y funcional, esta experiencia de democracia participativa”.
Ya el 7 de mayo de 2012 se había hecho público en la Legislatura este boicot cuando un integrante del Movimiento Comunero, Eduardo Hadad, reveló: “Existe una decisión política tendiente a hacer fracasar, por asfixia administrativa, presupuestaria y funcional, esta experiencia de democracia participativa”.
Consulta. Bajo la consigna “El barrio y la ciudad que todos queremos se construye con tu participación”, militantes del Socialismo para la Victoria montaron durante una semana una Consulta Ciudadana en distintos puntos de la Comunas 6. Una propuesta que buscaba conocer cuánto saben los vecinos de las comunas y su funcionamiento. Así, el 7 de febrero, en la Plaza Primera Junta, con la presencia de los diputados nacionales Jorge Rivas y Juan Cabandié y frente a más de un centenar de vecinos, se presentaron los resultados. Del relevamiento se reconocen como ejes centrales que la “seguridad ciudadana” es la principal preocupación, acompañada en segundo término por “salud” y “educación pública de calidad”, y en tercer lugar por “alumbrado, barrido y limpieza de calles” y “acceso a la vivienda”. La joven dirigente del socialismo de la comuna y promotora de la consulta, Florencia Carril, interpretó así que el deseo del porteño de vivir en un barrio más seguro va de la mano del reconocimiento del acceso a bienes y servicios básicos. También reveló que el 80% de los encuestados no conoce a los comuneros o comuneras de su barrio ni la función del Consejo Consultivo Comunal. Más del 90% de los encuestados afirman que nunca asistieron a una instancia consultiva. El 84% de los encuestados no conoce en qué consiste la política de presupuesto participativo, pero al ser informados sobre sus características, más de la mitad afirmó que participaría de esta iniciativa si fuera implementada.
Florencia Carril sostuvo que “los porteños queremos vivir en una ciudad mejor, y para ello es esencial la participación de todos. Hay que poner nuevamente en debate el rol y el valor de las comunas. A cuatro años de su implementación, el macrismo sólo desprestigió esta instancia de participación ciudadana, vaciándola de contenidos”.
En una ciudad con casi 3 millones de habitantes, la distancia entre el gobierno, el poder legislativo central y las necesidades de sus ciudadanos quedó separada por una brecha cada vez más difícil de achicar. Las comunas, como la instancia más cercana de participación y de canalización de las demandas de los ciudadanos, no llegan a cumplir este rol porque aún hoy no se concretó su puesta en marcha efectiva. La Consulta Ciudadana muestra que sólo hace falta voluntad política para que el ciudadano se involucre. Pero el presupuesto anual del gobierno de la ciudad no establece para 2015 la asignación de las partidas presupuestarias correspondientes a las comunas.
Florencia Carril sostuvo que “los porteños queremos vivir en una ciudad mejor, y para ello es esencial la participación de todos. Hay que poner nuevamente en debate el rol y el valor de las comunas. A cuatro años de su implementación, el macrismo sólo desprestigió esta instancia de participación ciudadana, vaciándola de contenidos”.
En una ciudad con casi 3 millones de habitantes, la distancia entre el gobierno, el poder legislativo central y las necesidades de sus ciudadanos quedó separada por una brecha cada vez más difícil de achicar. Las comunas, como la instancia más cercana de participación y de canalización de las demandas de los ciudadanos, no llegan a cumplir este rol porque aún hoy no se concretó su puesta en marcha efectiva. La Consulta Ciudadana muestra que sólo hace falta voluntad política para que el ciudadano se involucre. Pero el presupuesto anual del gobierno de la ciudad no establece para 2015 la asignación de las partidas presupuestarias correspondientes a las comunas.
22 de Febrero de 2015
Opinión
Más participación es más democracia
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece taxativamente que la ciudadanía participa en la toma de decisiones de central importancia, como es por ejemplo la conformación del presupuesto. Para ello crea en cada área de gobierno (salud, educación, seguridad, planeamiento urbano, entre otras) diferentes canales de participación ciudadana. De ese modo, otorga un rol central a las Comunas como ámbito local de gestión y toma de decisión de la comunidad. Sin embargo, este marco legal, que se basa sobre una idea activa de la democracia, no se ve reflejado en la realidad actual de nuestra Ciudad.
Como para muestra hace falta sólo un botón, la evaluación de lo que sucedió con la puesta en marcha de las Comunas, luego de estos primeros cuatro años de existencia, es ejemplo suficiente para evidenciar qué tipo de Ciudad fue construyendo la administración macrista. Sin presupuesto asignado y sin una efectiva descentralización de sus responsabilidades y recursos, las comunas no logran convertirse en verdaderos espacios de gestión y participación.
El modelo Buenos Aires-PRO, claro exponente del neoliberalismo, convierte a los ciudadanos en meros consumidores y a la Ciudad en un lugar donde viven sólo aquellos que poseen los recursos económicos suficientes para adquirir en el mercado los bienes y servicios necesarios para la vida. Así, la Ciudad se convierte en una mercancía más, aumentando las desigualdades y transformándose en un lugar en el que sólo pueden habitar dignamente unos pocos privilegiados. La intervención activa de la comunidad en el quehacer público entra en contradicción constante con esta idea de ciudadanía restringida. Por lo tanto, la ampliación de la democracia participativa, como herramienta igualadora que otorga voz y voto a todos los ciudadanos, y cuya aproximación más cercana hoy son las comunas, nunca entrará en la agenda de gobierno del PRO.
Para que vivir en la Ciudad sea un derecho y no un privilegio, a este modelo donde sólo caben unos pocos se debe contraponer un proyecto inclusivo y democratizador. Fomentar el compromiso y la participación de los ciudadanos para convertir a Buenos Aires en una ciudad para todos, no sólo es posible sino necesario para lograrlo.
Como para muestra hace falta sólo un botón, la evaluación de lo que sucedió con la puesta en marcha de las Comunas, luego de estos primeros cuatro años de existencia, es ejemplo suficiente para evidenciar qué tipo de Ciudad fue construyendo la administración macrista. Sin presupuesto asignado y sin una efectiva descentralización de sus responsabilidades y recursos, las comunas no logran convertirse en verdaderos espacios de gestión y participación.
El modelo Buenos Aires-PRO, claro exponente del neoliberalismo, convierte a los ciudadanos en meros consumidores y a la Ciudad en un lugar donde viven sólo aquellos que poseen los recursos económicos suficientes para adquirir en el mercado los bienes y servicios necesarios para la vida. Así, la Ciudad se convierte en una mercancía más, aumentando las desigualdades y transformándose en un lugar en el que sólo pueden habitar dignamente unos pocos privilegiados. La intervención activa de la comunidad en el quehacer público entra en contradicción constante con esta idea de ciudadanía restringida. Por lo tanto, la ampliación de la democracia participativa, como herramienta igualadora que otorga voz y voto a todos los ciudadanos, y cuya aproximación más cercana hoy son las comunas, nunca entrará en la agenda de gobierno del PRO.
Para que vivir en la Ciudad sea un derecho y no un privilegio, a este modelo donde sólo caben unos pocos se debe contraponer un proyecto inclusivo y democratizador. Fomentar el compromiso y la participación de los ciudadanos para convertir a Buenos Aires en una ciudad para todos, no sólo es posible sino necesario para lograrlo.
*Lic. en Ciencia Política, dirigente Juvenil del Socialismo para la Victoria de la Ciudad.
22 de Febrero de 2015
Opinión
Gobierno de comunas y políticas de abandono en la Ciudad de Buenos Aires
La organización del gobierno y gestión por comunas significó un logro efectivo de la democracia post-convertibilidad y crisis de inicios del siglo XXI en la Ciudad de Buenos Aires. Los anhelados modelos de participación ciudadana, gestión descentralizada y proximidad con decisión de los integrantes de los barrios, implicaron un cambio en el modo de concebir, pensar y hacer la democracia urbana contemporánea. Pero toda la fuerza popular y ciudadana que logró institucionalizar, en las formas jurídicas y organizacionales, una articulación Estado-Sociedad diferente, un poder político que reorientaba su verticalidad y distancia en pos de algunas transformaciones y permeabilidad en reconocimientos de problemáticas y toma de decisiones. Alterando así al sistema tradicional y su lógica burocrática cristalizada, fue perdiendo empuje y vio apagada su vitalidad y energías luego de la llegada del macrismo-PRO al gobierno del territorio de la CABA. Paradojas de quienes se invisten como innovadores institucionales y recrean viejos modos de instrumentalidad política. Así, los proyectos de planificación y gestión participativas (de por sí acotados) perdieron esos mínimos impulsos, y los resquicios de un poder político más distribuido entre los grupos y actores colectivos e individuales de la sociedad en los territorios comunales volvieron a caer en manos y discursos de legitimación democrática y personalismos decisionistas. Un supuesto liderazgo vestido con colores y ropajes estridentes y pseudo-innovadores fueron tiñendo con distancia la vida cotidiana ciudadana. Contradicciones de los modos de construcción colectiva de memorias y conciencias entretejidas por grupos diversos, asimétricos y desiguales retoman discursos de eficiencia público-privado pro-mercado.
Un individualismo y autocentramiento hedonista-consumista triunfó como discurso habilitante de una ciudadanía de baja intensidad, preocupada por sí misma y olvidadiza del destino de los otros, como si la suerte y el esfuerzo personales alcanzaran para construir la vida social en conjunto. De esta forma, mientras se trabaje y logren los frutos del consumo como logro individual, se puede dejar en manos de administradores la gestión de la faceta colectiva de un diagrama de solidaridad visto ya como caduco y tendencioso. El discurso de apoliticidad y sensibilidad pro-consumista emerge como sentido común de un colectivo sumatorio de individualidades que busca realizar sus necesidades-deseos con bienes y servicios aportados por un aparato estatal manejado por lógicas de “eficacia”, “marketing” y “managment” pro-mercado. Así, los derechos y deberes ciudadanos pasan a gestionarse como “beneficios” y “aportes” de vecinos que “pagan sus impuestos” y reclaman a sus gerentes la devolución de “servicios eficientes”.
El espíritu de acuerdo y deliberación colectiva, articulador de lógicas de poder territorial con mayor distribución y equidad, se fue por las nuevas cañerías de ingeniería social de modernidades líquidas pro-mercantilistas. La generación de infraestructura de transporte y maquillaje urbano, por ejemplo, puede ser disfrutado (en algunas comunas) como un logro de consumo por lo pagado, pero no como parte de un derecho con responsabilidad en la decisión y construcción del mismo. La gobernabilidad territorial descentralizada retomó la centralidad y verticalidad decisionista de un Estado ahora liderado por un impulso modernizador empresario. El proyecto comunal no pudo salir de su fase proyectual-formal y un sentido práctico amasado en históricas tradiciones locales capitalinas y articulación global dejan una memoria de lo que no fue y desafían a retomar ideas y caminos apenas esbozados, en pos de un desarrollo igualitario e integrador, en base a una democracia plena y plural.
Un individualismo y autocentramiento hedonista-consumista triunfó como discurso habilitante de una ciudadanía de baja intensidad, preocupada por sí misma y olvidadiza del destino de los otros, como si la suerte y el esfuerzo personales alcanzaran para construir la vida social en conjunto. De esta forma, mientras se trabaje y logren los frutos del consumo como logro individual, se puede dejar en manos de administradores la gestión de la faceta colectiva de un diagrama de solidaridad visto ya como caduco y tendencioso. El discurso de apoliticidad y sensibilidad pro-consumista emerge como sentido común de un colectivo sumatorio de individualidades que busca realizar sus necesidades-deseos con bienes y servicios aportados por un aparato estatal manejado por lógicas de “eficacia”, “marketing” y “managment” pro-mercado. Así, los derechos y deberes ciudadanos pasan a gestionarse como “beneficios” y “aportes” de vecinos que “pagan sus impuestos” y reclaman a sus gerentes la devolución de “servicios eficientes”.
El espíritu de acuerdo y deliberación colectiva, articulador de lógicas de poder territorial con mayor distribución y equidad, se fue por las nuevas cañerías de ingeniería social de modernidades líquidas pro-mercantilistas. La generación de infraestructura de transporte y maquillaje urbano, por ejemplo, puede ser disfrutado (en algunas comunas) como un logro de consumo por lo pagado, pero no como parte de un derecho con responsabilidad en la decisión y construcción del mismo. La gobernabilidad territorial descentralizada retomó la centralidad y verticalidad decisionista de un Estado ahora liderado por un impulso modernizador empresario. El proyecto comunal no pudo salir de su fase proyectual-formal y un sentido práctico amasado en históricas tradiciones locales capitalinas y articulación global dejan una memoria de lo que no fue y desafían a retomar ideas y caminos apenas esbozados, en pos de un desarrollo igualitario e integrador, en base a una democracia plena y plural.
*Sociólogo especialista en DDHH, Economía y Cultura
22 de Febrero de 2015
Opinión
Espacios y desigualdades
Los espacios locales no son simples reproductores de las tendencias nacionales porque, asumiendo los condicionantes que establecen las políticas macro, la autonomía que poseen los distritos les asigna campos de acción sobre problemáticas municipales y comunales específicas. Ellas pueden contribuir a revertir o a profundizar las desigualdades al interior proyectando zonas de marginación y alta vulnerabilidad.
Desde hace tiempo se sabe, gracias a los aportes de la economía y desarrollo local, que las carencias sociales y del mercado de trabajo requieren ser abordadas contemplando las especificidades de cada territorio, capitalizando las potencialidades e identificando el modo en que los déficit adquieren materialidad en el marco de entornos productivos. Esta perspectiva visualiza la colectividad local como una sociedad compleja, construida por grupos sociales e intereses diferentes, pero posible de ser articulados en función de un proyecto que reporte beneficios para la comunidad en su conjunto. En este planteo, los actores locales son los protagonistas del proceso, ya que la interacción y la construcción de instancias de asociación permite valorizar las potencialidades de todos los sectores. La estrategia de desarrollo local se basa en definir un conjunto de elementos prioritarios a partir de las capacidades con las que se cuenta en un espacio determinado y en la articulación entre diversos actores.
Esta potencialidad de lo local y sus márgenes de acción es aún más clara en los distritos mejor posicionados como el de la CABA. En esta ciudad, la zona sur reprodujo la relegación condenando en primer lugar a la Comuna 4 (La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya) y Comuna 8 (Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano) seguida por la Comuna 3 (Balvanera y San Cristóbal) y 9 (Liniers, Matadero y Parque Avellaneda) a condiciones muy diferentes a las más acomodadas de la zona norte.
Recuperando datos de Ingreso Medio, el Ingreso Total Familiar (ITF) y el Ingreso per Cápita Familiar (IPCF) de cada comuna de la Ciudad de Buenos Aires para 2012 indican, todos ellos, que los habitantes de estas comunas del sur son las que menos ingresos perciben. Simultáneamente, son también donde la desocupación, la subocupación y el trabajo no registrado impactan con mayor fuerza. Por ejemplo, en la Comuna 4 el desempleo alcanza el 9,1%, la subocupación 10,1% (ubicándose por encima de la medida nacional y muy por arriba de las comunas de la zona norte de la CABA). La tasa también proyecta fuertes desigualdades entre las comunas. La comuna 8, 42,9% y la número 4 alcanza casi el 31%, mientras que la 2 (Recoleta) 20,7% y la 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón) 21,2%.
La precarización, tercerización e incluso el trabajo forzado en la CABA también están ubicados en comunas específicas. Los casos más emblemáticos están vinculados con el sector textil, que se sustenta en la superexplotación de los trabajadores, con una altísima proporción de trabajadores víctimas de trata y de trabajo esclavo. Numerosas denuncias ubican talleres clandenstinos en Villa del Parque, Flores y Floresta vinculadas a grandes empresas de vestimenta que poseen enormes rentabilidades a costa de pagas ínfimas y condiciones de trabajo penosas.
La constitución de comunas es una conquista democratizadora enorme si supone mayor participación popular y políticas activas cercanas a las necesidades de la población más vulnerable. En este sentido, pueden constituirse en una herramienta muy potente en la medida que no sea vaciada de contenido bajo fuegos artificiales y recuperen la vitalidad cristalizada en programas atentos a disminuir las desigualdades y combatir la constitución de zonas liberadas a la precarización laboral.
Desde hace tiempo se sabe, gracias a los aportes de la economía y desarrollo local, que las carencias sociales y del mercado de trabajo requieren ser abordadas contemplando las especificidades de cada territorio, capitalizando las potencialidades e identificando el modo en que los déficit adquieren materialidad en el marco de entornos productivos. Esta perspectiva visualiza la colectividad local como una sociedad compleja, construida por grupos sociales e intereses diferentes, pero posible de ser articulados en función de un proyecto que reporte beneficios para la comunidad en su conjunto. En este planteo, los actores locales son los protagonistas del proceso, ya que la interacción y la construcción de instancias de asociación permite valorizar las potencialidades de todos los sectores. La estrategia de desarrollo local se basa en definir un conjunto de elementos prioritarios a partir de las capacidades con las que se cuenta en un espacio determinado y en la articulación entre diversos actores.
Esta potencialidad de lo local y sus márgenes de acción es aún más clara en los distritos mejor posicionados como el de la CABA. En esta ciudad, la zona sur reprodujo la relegación condenando en primer lugar a la Comuna 4 (La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya) y Comuna 8 (Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano) seguida por la Comuna 3 (Balvanera y San Cristóbal) y 9 (Liniers, Matadero y Parque Avellaneda) a condiciones muy diferentes a las más acomodadas de la zona norte.
Recuperando datos de Ingreso Medio, el Ingreso Total Familiar (ITF) y el Ingreso per Cápita Familiar (IPCF) de cada comuna de la Ciudad de Buenos Aires para 2012 indican, todos ellos, que los habitantes de estas comunas del sur son las que menos ingresos perciben. Simultáneamente, son también donde la desocupación, la subocupación y el trabajo no registrado impactan con mayor fuerza. Por ejemplo, en la Comuna 4 el desempleo alcanza el 9,1%, la subocupación 10,1% (ubicándose por encima de la medida nacional y muy por arriba de las comunas de la zona norte de la CABA). La tasa también proyecta fuertes desigualdades entre las comunas. La comuna 8, 42,9% y la número 4 alcanza casi el 31%, mientras que la 2 (Recoleta) 20,7% y la 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón) 21,2%.
La precarización, tercerización e incluso el trabajo forzado en la CABA también están ubicados en comunas específicas. Los casos más emblemáticos están vinculados con el sector textil, que se sustenta en la superexplotación de los trabajadores, con una altísima proporción de trabajadores víctimas de trata y de trabajo esclavo. Numerosas denuncias ubican talleres clandenstinos en Villa del Parque, Flores y Floresta vinculadas a grandes empresas de vestimenta que poseen enormes rentabilidades a costa de pagas ínfimas y condiciones de trabajo penosas.
La constitución de comunas es una conquista democratizadora enorme si supone mayor participación popular y políticas activas cercanas a las necesidades de la población más vulnerable. En este sentido, pueden constituirse en una herramienta muy potente en la medida que no sea vaciada de contenido bajo fuegos artificiales y recuperen la vitalidad cristalizada en programas atentos a disminuir las desigualdades y combatir la constitución de zonas liberadas a la precarización laboral.
*Investigador Conicet y UBA.
22 de Febrero de 2015
Opinión
Todo fuera de control
En mayo de 2014, el jefe de Gobierno Mauricio Macri firmó el Decreto 166/14 y volvió a aumentar los topes para la contratación directa y la licitación privada, llevando de un millón de pesos a tres millones el monto autorizado para la licitación privada, y de quinientos mil pesos a dos millones para la compra directa.
A casi dos décadas de su autonomía, la Ciudad no cuenta con una Ley de Obras Públicas, pero la Ley N°70 de Administración Financiera y Control del Sector Público dice en una de sus cláusulas transitorias que hasta tanto se sancione una ley que regule el sistema de contrataciones del Estado, continuará rigiendo la Ley Nacional de Obras Públicas.
Sin embargo, Mauricio Macri (ni lento ni perezoso para los negocios) a través de algunos decretos aprobó el pliego para las Obras Menores en la ciudad de Buenos Aires, donde autoriza a contratar en forma directa o por licitación privada con una sola excusa: el tope.
A su vez, a lo largo de su administración fue aumentando estos topes, primero en 2008 elevándolo a quinientos mil pesos. Luego, en 2011, llegando al millón para las licitaciones privadas. Pero el colmo fue el año pasado, cuando, sin ningún cálculo que lo justificara, aumentó en un 200% el tope de la licitación privada y en un 300% el de la contratación directa.
Las razones casi no existen, son superfluas y no están justificadas técnicamente. Dice el decreto que “los precios de la construcción han quedado desactualizados con la realidad económica actual”, pero ningún cálculo, ni público ni privado, de índice de precios coincide con este desorbitante aumento en los topes.
Cuando el Estado contrata de forma directa, el procedimiento es el siguiente: el área que quiere contratar llama a tres empresas seleccionadas a su gusto sin ninguna justificación y la que presenta el presupuesto más bajo se lleva el contrato. Este proceso no es publicado en el Boletín Oficial y su publicidad es nula, excepto para las empresas llamadas y el funcionario responsable. En la licitación privada el funcionario invita a participar a cinco empresas, también a total discrecionalidad. En cambio, cuando uno lo hace por licitación pública, cuenta con otro tipo de control, se pueden presentar las empresas interesadas sin la mediación de un funcionario y el procedimiento es público. Si bien este tipo de licitación es susceptible de manipulación, el control que se puede ejercer desde fuera del organismo contratante es mucho mayor y con un alto nivel de transparencia.
La gestión PRO fue aumentando a pasos agigantados los topes y, de a poco, gran parte de las contrataciones las hacen en forma directa y por licitación privada a espaldas de la ciudadanía, aunque la regla, tal como lo define la Ley Nacional de Obras Públicas, sea la licitación pública.
“(…) El requisito de la urgencia debe ir plenamente acreditado mediante estudios técnicos, objetivos, previos y serios que la califiquen como cierta, ya que de modo alguno puede quedar librada del criterio subjetivo de funcionarios cuya apreciación exclusivamente personal podría desvirtuar el sentido de la norma reglamentaria impuesta en defensa del Estado…” (Tratado de Derecho Administrativo, Agustín Gordillo). El PRO se liberó de este problema de justificar: en la Ciudad de Buenos Aires, las contrataciones directas y las licitaciones privadas están sujetas sólo al monto de la obra. De esta manera, dejó en la subjetividad del funcionario de turno el 100% de la decisión de a quién se contrata.
La Ley Nacional de Obras Públicas tiene, para la contratación directa o licitación privada, una gran cantidad de requisitos para usarla. El monto es sólo uno de los supuestos (y no el principal), sino que esa herramienta está orientada a la urgencia o a la capacidad para realizar la obra. Pero el Gobierno de la Ciudad toma como única regla el monto, y de esta manera nunca justifica el porqué de la evasión de la licitación pública.
Este señalamiento no es caprichoso, la Ciudad es la que cuenta con los topes más exageradamente altos de todo el país; incluso tiene topes más altos que el Estado nacional. Y se entiende que la Ciudad debería tener mayor facilidad para la realización de licitaciones públicas. La mayoría de las empresas tienen sede en CABA y cuando no la tienen, la Ciudad es de muy fácil acceso.
El que hizo uso y abuso de esta cuestionable herramienta fue el secretario de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, Eduardo Macchiavelli. Durante 2014, de un total de 97 procesos de compras y contrataciones adjudicados llevados a cabo por esa secretaría, 56 de ellos (que representa el 58% del total) fueron realizados por contratación directa o licitación privada con la única excusa del monto.
La Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana (con la complicidad de los presidentes de las Juntas Comunales, todos del PRO) desvirtuó su misión, que era transferir las competencias a las comunas. Y, con esa excusa, se convirtió en una unidad que absorbe el presupuesto de éstas para realizar obras públicas por su cuenta sin control, sin transparencia y alejada de cualquier instancia de participación popular.
A casi dos décadas de su autonomía, la Ciudad no cuenta con una Ley de Obras Públicas, pero la Ley N°70 de Administración Financiera y Control del Sector Público dice en una de sus cláusulas transitorias que hasta tanto se sancione una ley que regule el sistema de contrataciones del Estado, continuará rigiendo la Ley Nacional de Obras Públicas.
Sin embargo, Mauricio Macri (ni lento ni perezoso para los negocios) a través de algunos decretos aprobó el pliego para las Obras Menores en la ciudad de Buenos Aires, donde autoriza a contratar en forma directa o por licitación privada con una sola excusa: el tope.
A su vez, a lo largo de su administración fue aumentando estos topes, primero en 2008 elevándolo a quinientos mil pesos. Luego, en 2011, llegando al millón para las licitaciones privadas. Pero el colmo fue el año pasado, cuando, sin ningún cálculo que lo justificara, aumentó en un 200% el tope de la licitación privada y en un 300% el de la contratación directa.
Las razones casi no existen, son superfluas y no están justificadas técnicamente. Dice el decreto que “los precios de la construcción han quedado desactualizados con la realidad económica actual”, pero ningún cálculo, ni público ni privado, de índice de precios coincide con este desorbitante aumento en los topes.
Cuando el Estado contrata de forma directa, el procedimiento es el siguiente: el área que quiere contratar llama a tres empresas seleccionadas a su gusto sin ninguna justificación y la que presenta el presupuesto más bajo se lleva el contrato. Este proceso no es publicado en el Boletín Oficial y su publicidad es nula, excepto para las empresas llamadas y el funcionario responsable. En la licitación privada el funcionario invita a participar a cinco empresas, también a total discrecionalidad. En cambio, cuando uno lo hace por licitación pública, cuenta con otro tipo de control, se pueden presentar las empresas interesadas sin la mediación de un funcionario y el procedimiento es público. Si bien este tipo de licitación es susceptible de manipulación, el control que se puede ejercer desde fuera del organismo contratante es mucho mayor y con un alto nivel de transparencia.
La gestión PRO fue aumentando a pasos agigantados los topes y, de a poco, gran parte de las contrataciones las hacen en forma directa y por licitación privada a espaldas de la ciudadanía, aunque la regla, tal como lo define la Ley Nacional de Obras Públicas, sea la licitación pública.
“(…) El requisito de la urgencia debe ir plenamente acreditado mediante estudios técnicos, objetivos, previos y serios que la califiquen como cierta, ya que de modo alguno puede quedar librada del criterio subjetivo de funcionarios cuya apreciación exclusivamente personal podría desvirtuar el sentido de la norma reglamentaria impuesta en defensa del Estado…” (Tratado de Derecho Administrativo, Agustín Gordillo). El PRO se liberó de este problema de justificar: en la Ciudad de Buenos Aires, las contrataciones directas y las licitaciones privadas están sujetas sólo al monto de la obra. De esta manera, dejó en la subjetividad del funcionario de turno el 100% de la decisión de a quién se contrata.
La Ley Nacional de Obras Públicas tiene, para la contratación directa o licitación privada, una gran cantidad de requisitos para usarla. El monto es sólo uno de los supuestos (y no el principal), sino que esa herramienta está orientada a la urgencia o a la capacidad para realizar la obra. Pero el Gobierno de la Ciudad toma como única regla el monto, y de esta manera nunca justifica el porqué de la evasión de la licitación pública.
Este señalamiento no es caprichoso, la Ciudad es la que cuenta con los topes más exageradamente altos de todo el país; incluso tiene topes más altos que el Estado nacional. Y se entiende que la Ciudad debería tener mayor facilidad para la realización de licitaciones públicas. La mayoría de las empresas tienen sede en CABA y cuando no la tienen, la Ciudad es de muy fácil acceso.
El que hizo uso y abuso de esta cuestionable herramienta fue el secretario de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, Eduardo Macchiavelli. Durante 2014, de un total de 97 procesos de compras y contrataciones adjudicados llevados a cabo por esa secretaría, 56 de ellos (que representa el 58% del total) fueron realizados por contratación directa o licitación privada con la única excusa del monto.
La Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana (con la complicidad de los presidentes de las Juntas Comunales, todos del PRO) desvirtuó su misión, que era transferir las competencias a las comunas. Y, con esa excusa, se convirtió en una unidad que absorbe el presupuesto de éstas para realizar obras públicas por su cuenta sin control, sin transparencia y alejada de cualquier instancia de participación popular.
*Comunera del Socialismo para la Victoria en Comuna 13 (Belgrano, Núñez y Colegiales)
22 de Febrero de 2015
Entrevista. Luis Cúneo. Comunero
“Uno de los pilares de la política del PRO es la invisibilización”
Luis Cúneo es miembro de la Junta Comunal N°15, compuesta por los barrios Chacarita, Villa Crespo, Paternal, Villa Ortúzar, Agronomía y Parque Chas.
Cúneo se define como “bostero y kirchnerista”, tiene 43 años, un hijo y una trayectoria en la militancia popular de base que empezó a los 16 años en la Federación Juvenil Comunista (“la Fede”), en el barrio de La Paternal; puntualmente, en lo que fue el Albergue Warnes. Con el tiempo, fue secretario de Acción Social de la FUBA, presidente de la Juventud del Frente Grande de la Ciudad e integró el equipo que fundó la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), desde donde se lucha contra el gatillo fácil policial. “Me formé en los ’90, con la lucha contra el menemismo”, dice. Trabajó en la Legislatura de la Ciudad, en la Dirección Nacional de Juventud y durante la gestión de Aníbal Ibarra fue jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Gestión de la Acción Social y director general de Emergencia Habitacional. Como a muchos, la crisis con las patronales agropecuarias de 2008 lo definió a sumarse al Frente para la Victoria, aunque ya desde 2003 acompañaba las políticas y gestión desde la agrupación Nueva Comuna.
“Hace 17 años que tenemos el local en Jorge Newbery 3865 (Chacarita), cuando aún no existían las comunas y era la circunscripción 17”, dice Cúneo. Pero reconoce que el trabajo territorial empezó un tiempo antes: “Nuestro trabajo es político pero también social; vinculándonos con los conflictos, articulando los distintos actores y construyendo espacios de participación”.
–Desde el principio, ¿quiénes fueron los grandes obstaculizadores de lograr la transformación de una democracia representativa en una democracia participativa en la Ciudad de Buenos Aires?
–Desde un punto de vista general, diría que la clase política porteña no estuvo a la altura de lo que este proceso implicaba. Fueron necesarios 10 años de retraso constitucional y mucha presión de un activismo vecinal para que las comunas se pusieran en marcha. Creo que recién empieza a entenderse que la democracia participativa implica la aparición de nuevos actores sociales y políticos. Una nueva institucionalidad y, sobre todo, vinculada a lo territorial con un impacto político que reconfigura ese mapa, hasta en lo electoral. Desde lo particular o desde la implementación concreta, los dos grandes responsables del estado en que se encuentra el proceso de descentralización son Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. El primero porque no lo entiende y cualquier cosa que suponga un menoscabo a su autocracia le resulta sospechoso. En cambio, Larreta es más inteligente y sí comprende los alcances de una verdadera descentralización en comunas con funcionarios electos por el voto popular; y eso no le gusta nada. Él es un burócrata que está haciendo esfuerzos millonarios para convertirse en candidato potable. Un actor nuevo, electo y con potencialidad surgido de las comunas, iría en contra sus intereses personales.
–¿Por qué considera central el tema la desjurisdicción presupuestaria?
–Cualquier estamento estatal –llámese instituto, ente, organismo, corporación o consejo– maneja presupuesto. Las comunas porteñas deben ser el único caso en todo el país que no pueden hacerlo. El Gobierno de la Ciudad se negó sistemáticamente a darles rango jurisdiccional, violando no sólo la Constitución porteña y la Ley Orgánica de Comunas, sino explícitamente la Ley 70, Financiera de la Ciudad, que en su artículo 6 dice textualmente: “En el contexto de esta Ley se entiende por entidad toda organización pública con personería jurídica y patrimonio propio, se trate de empresas o sociedades y organismos descentralizados y por jurisdicción a las siguientes unidades institucionales; a) Legislatura, b) Justicia, c) Jefatura de Gobierno, los ministerios y secretarías del Poder Ejecutivo, d) Comunas (Artículos 127, 128 y 129 de la Constitución de la Ciudad)”. Negarles a las comunas su presupuesto es tenerlas de rehén y condicionarlas a la voluntad política del Ejecutivo porteño.
–¿Qué tan frecuentemente se acercan los ministros porteños a las comunas?
–El único funcionario que vino a la comuna en tres años fue Rodríguez Larreta, hace poco días, y como candidato. Fue en una reunión con vecinos a la que la Junta Comunal no fue invitada; ni siquiera los propios comuneros del PRO. Fue organizada por el presidente a espaldas de la Junta. Pero aparecimos igual. Y cuando empezaron las preguntas picantes, dijo que se tenía que ir, agradeció la presencia y escapó.
–¿Cómo se dieron, o no, las transferencias de funciones ligadas al presupuesto?
–La Ley de Comunas establece que se deben transferir desde el Ejecutivo hacia las comunas, pero sólo se realizaron la del Mantenimiento Integral del Arbolado Público y el de los Espacios Verdes. Nos transfirieron las misiones, funciones y responsabilidades, pero el presupuesto, patrimonio, personal y contratos quedaron en manos de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. Esta secretaría, que debería llamarse “de concentración”, tardó casi tres años en transferirnos “seis (6) guardianes de plaza”. Pero somos responsables de los daños que genere una rama que se cae. Todavía seguimos esperando por las veredas, el bacheo, las luminarias, los semáforos. Todo.
–¿Cómo es que el PRO impide la visibilización de las comunas?
–Uno de los pilares de la política del PRO es la invisibilización de las comunas. Tienen más publicidad las playitas que hacen en las plazas que una política de Estado como la descentralización. El manejo de la publicidad es muy cuestionable. Cuando el presupuesto para educación pública se redujo, el de publicidad aumentó hasta llegar casi a los 900 millones de pesos. Las sedes comunales están empapeladas de color amarillo, cualquier vecino o vecina que ingrese a un edificio donde funcionan las Juntas Comunales, jamás podría sospechar que allí funciona un organismo diferente. Las preguntas que te hacen siempre son “¿qué hace un comunero?” o “¿qué son las comunas?”. El desconocimiento que hay sobre el tema es enorme y esto es exclusiva responsabilidad del Ejecutivo porteño.
–¿Por qué considera que está bien que no se descentralice Educación, Salud y Seguridad?
–En su artículo 128, la Constitución de la Ciudad es bien clara acerca de las responsabilidades comunales. Básicamente, las divide en dos: las exclusivas y las concurrentes. Pero más allá de esto hay que comprender que el comunero es un representante electo por ciudadanos/as de sus comunas. En mi experiencia personal, la mayoría de las demandas no tienen que ver con problemáticas exclusivas comunales. Por ejemplo, en Educación, con la desventura de la inscripción online, tomé muchísimos reclamos: atendí mucha gente desesperada porque sus hijos e hijas se quedaban sin escuela, sin jardín. Y, en particular, la Educación no está ni debe estar descentralizada. Los comuneros somos representantes vecinales con la legitimidad del voto popular, funcionamos como intermediarios políticos. La gente espera alguna respuesta de nosotros y está muy bien que así sea.
–¿Qué diferencias nota en las comunas en las que ganó el PRO de aquellas en las que no?
–En las comunas donde el oficialismo porteño no tiene mayoría hay otra dinámica; mucha menos discrecionalidad por parte de los presidentes. El esquema de gestión que se implementa desde ese Ejecutivo es exclusivamente a través de los presidentes de comunas, ignorando patéticamente hasta a los propios comuneros del PRO. En nuestra comuna, resignado y sin alternativa, nuestro presidente entendió que es un órgano colegiado y que él es el representante y administrador, pero que las decisiones se toman en la Junta.
–¿Supo de formas non sanctas utilizadas por el PRO para inhibir la participación ciudadana en su comuna?
–En nuestra comuna no hubo aprietes. En el caso del Consejo Consultivo Comunal, el PRO tomó la decisión de vaciarlo. Ante su incapacidad de conducirlo, optó por retirarse. Eso es legítimo. Quizás berreta, pero están en todo su derecho. Lo que sí nos molesta es que desde el Gobierno de la Ciudad y desde los presidentes comunales se ignoró completamente este instrumento tan importante en el marco de la participación vecinal. Siempre digo a los amigos y amigas del Consejo Consultivo: “Si no funcionan la mayoría de las juntas comunales y la descentralización está en este estado, ¿qué podemos exigirle a un organismo que es consultivo y honorario, que funciona con la voluntad y el espíritu de los vecinos y militantes de los barrios?”.
Cúneo se define como “bostero y kirchnerista”, tiene 43 años, un hijo y una trayectoria en la militancia popular de base que empezó a los 16 años en la Federación Juvenil Comunista (“la Fede”), en el barrio de La Paternal; puntualmente, en lo que fue el Albergue Warnes. Con el tiempo, fue secretario de Acción Social de la FUBA, presidente de la Juventud del Frente Grande de la Ciudad e integró el equipo que fundó la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), desde donde se lucha contra el gatillo fácil policial. “Me formé en los ’90, con la lucha contra el menemismo”, dice. Trabajó en la Legislatura de la Ciudad, en la Dirección Nacional de Juventud y durante la gestión de Aníbal Ibarra fue jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Gestión de la Acción Social y director general de Emergencia Habitacional. Como a muchos, la crisis con las patronales agropecuarias de 2008 lo definió a sumarse al Frente para la Victoria, aunque ya desde 2003 acompañaba las políticas y gestión desde la agrupación Nueva Comuna.
“Hace 17 años que tenemos el local en Jorge Newbery 3865 (Chacarita), cuando aún no existían las comunas y era la circunscripción 17”, dice Cúneo. Pero reconoce que el trabajo territorial empezó un tiempo antes: “Nuestro trabajo es político pero también social; vinculándonos con los conflictos, articulando los distintos actores y construyendo espacios de participación”.
–Desde el principio, ¿quiénes fueron los grandes obstaculizadores de lograr la transformación de una democracia representativa en una democracia participativa en la Ciudad de Buenos Aires?
–Desde un punto de vista general, diría que la clase política porteña no estuvo a la altura de lo que este proceso implicaba. Fueron necesarios 10 años de retraso constitucional y mucha presión de un activismo vecinal para que las comunas se pusieran en marcha. Creo que recién empieza a entenderse que la democracia participativa implica la aparición de nuevos actores sociales y políticos. Una nueva institucionalidad y, sobre todo, vinculada a lo territorial con un impacto político que reconfigura ese mapa, hasta en lo electoral. Desde lo particular o desde la implementación concreta, los dos grandes responsables del estado en que se encuentra el proceso de descentralización son Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. El primero porque no lo entiende y cualquier cosa que suponga un menoscabo a su autocracia le resulta sospechoso. En cambio, Larreta es más inteligente y sí comprende los alcances de una verdadera descentralización en comunas con funcionarios electos por el voto popular; y eso no le gusta nada. Él es un burócrata que está haciendo esfuerzos millonarios para convertirse en candidato potable. Un actor nuevo, electo y con potencialidad surgido de las comunas, iría en contra sus intereses personales.
–¿Por qué considera central el tema la desjurisdicción presupuestaria?
–Cualquier estamento estatal –llámese instituto, ente, organismo, corporación o consejo– maneja presupuesto. Las comunas porteñas deben ser el único caso en todo el país que no pueden hacerlo. El Gobierno de la Ciudad se negó sistemáticamente a darles rango jurisdiccional, violando no sólo la Constitución porteña y la Ley Orgánica de Comunas, sino explícitamente la Ley 70, Financiera de la Ciudad, que en su artículo 6 dice textualmente: “En el contexto de esta Ley se entiende por entidad toda organización pública con personería jurídica y patrimonio propio, se trate de empresas o sociedades y organismos descentralizados y por jurisdicción a las siguientes unidades institucionales; a) Legislatura, b) Justicia, c) Jefatura de Gobierno, los ministerios y secretarías del Poder Ejecutivo, d) Comunas (Artículos 127, 128 y 129 de la Constitución de la Ciudad)”. Negarles a las comunas su presupuesto es tenerlas de rehén y condicionarlas a la voluntad política del Ejecutivo porteño.
–¿Qué tan frecuentemente se acercan los ministros porteños a las comunas?
–El único funcionario que vino a la comuna en tres años fue Rodríguez Larreta, hace poco días, y como candidato. Fue en una reunión con vecinos a la que la Junta Comunal no fue invitada; ni siquiera los propios comuneros del PRO. Fue organizada por el presidente a espaldas de la Junta. Pero aparecimos igual. Y cuando empezaron las preguntas picantes, dijo que se tenía que ir, agradeció la presencia y escapó.
–¿Cómo se dieron, o no, las transferencias de funciones ligadas al presupuesto?
–La Ley de Comunas establece que se deben transferir desde el Ejecutivo hacia las comunas, pero sólo se realizaron la del Mantenimiento Integral del Arbolado Público y el de los Espacios Verdes. Nos transfirieron las misiones, funciones y responsabilidades, pero el presupuesto, patrimonio, personal y contratos quedaron en manos de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. Esta secretaría, que debería llamarse “de concentración”, tardó casi tres años en transferirnos “seis (6) guardianes de plaza”. Pero somos responsables de los daños que genere una rama que se cae. Todavía seguimos esperando por las veredas, el bacheo, las luminarias, los semáforos. Todo.
–¿Cómo es que el PRO impide la visibilización de las comunas?
–Uno de los pilares de la política del PRO es la invisibilización de las comunas. Tienen más publicidad las playitas que hacen en las plazas que una política de Estado como la descentralización. El manejo de la publicidad es muy cuestionable. Cuando el presupuesto para educación pública se redujo, el de publicidad aumentó hasta llegar casi a los 900 millones de pesos. Las sedes comunales están empapeladas de color amarillo, cualquier vecino o vecina que ingrese a un edificio donde funcionan las Juntas Comunales, jamás podría sospechar que allí funciona un organismo diferente. Las preguntas que te hacen siempre son “¿qué hace un comunero?” o “¿qué son las comunas?”. El desconocimiento que hay sobre el tema es enorme y esto es exclusiva responsabilidad del Ejecutivo porteño.
–¿Por qué considera que está bien que no se descentralice Educación, Salud y Seguridad?
–En su artículo 128, la Constitución de la Ciudad es bien clara acerca de las responsabilidades comunales. Básicamente, las divide en dos: las exclusivas y las concurrentes. Pero más allá de esto hay que comprender que el comunero es un representante electo por ciudadanos/as de sus comunas. En mi experiencia personal, la mayoría de las demandas no tienen que ver con problemáticas exclusivas comunales. Por ejemplo, en Educación, con la desventura de la inscripción online, tomé muchísimos reclamos: atendí mucha gente desesperada porque sus hijos e hijas se quedaban sin escuela, sin jardín. Y, en particular, la Educación no está ni debe estar descentralizada. Los comuneros somos representantes vecinales con la legitimidad del voto popular, funcionamos como intermediarios políticos. La gente espera alguna respuesta de nosotros y está muy bien que así sea.
–¿Qué diferencias nota en las comunas en las que ganó el PRO de aquellas en las que no?
–En las comunas donde el oficialismo porteño no tiene mayoría hay otra dinámica; mucha menos discrecionalidad por parte de los presidentes. El esquema de gestión que se implementa desde ese Ejecutivo es exclusivamente a través de los presidentes de comunas, ignorando patéticamente hasta a los propios comuneros del PRO. En nuestra comuna, resignado y sin alternativa, nuestro presidente entendió que es un órgano colegiado y que él es el representante y administrador, pero que las decisiones se toman en la Junta.
–¿Supo de formas non sanctas utilizadas por el PRO para inhibir la participación ciudadana en su comuna?
–En nuestra comuna no hubo aprietes. En el caso del Consejo Consultivo Comunal, el PRO tomó la decisión de vaciarlo. Ante su incapacidad de conducirlo, optó por retirarse. Eso es legítimo. Quizás berreta, pero están en todo su derecho. Lo que sí nos molesta es que desde el Gobierno de la Ciudad y desde los presidentes comunales se ignoró completamente este instrumento tan importante en el marco de la participación vecinal. Siempre digo a los amigos y amigas del Consejo Consultivo: “Si no funcionan la mayoría de las juntas comunales y la descentralización está en este estado, ¿qué podemos exigirle a un organismo que es consultivo y honorario, que funciona con la voluntad y el espíritu de los vecinos y militantes de los barrios?”.
22 de Febrero de 2015
Participación de base
Pedir lo imposible
Teatro 25 de mayo. Emblema de la lucha vecinal por la cultura.
Carlos Alberto Palacios peina canas desde hace unos años y es vecino de Villa Urquiza, un barrio que carga en el pecho el haber evitado que un teatro como es el 25 de Mayo (donde cantó Gardel) se convirtiera en supermercado, templo evangelista o boliche. Pero, además, lograron que fuera comprado por el Estado de la Ciudad, recuperado arquitectónicamente y que integrara un plan cultural armado con los vecinos en vínculo con otros centros culturales locales. Palacios integró ese grupo de vecinos utopistas que se reunían periódicamente para planificar la resistencia al neoliberalismo de la década del ’90, “que además de destruir económicamente al país, destruyó familias, exilió hijos, expulsó a millones al hambre y rompió lazos de solidaridad vecinal”, como dice en diálogo con Miradas al Sur.
Ya estaba tratando de reunir voluntades vecinales cuando en 1996, a través de una Asamblea Estatuyente, se imaginaba el boceto de la conformación de una Constitución progresista para la futura Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una Constitución que permitía soñar con la idea de comunas conquistando una democracia participativa. De manera que, cuando se dictó la Ley 1777, era lógico que Palacios estuviera involucrado de alguna forma.
Hoy integra la Comisión de Hábitat de la Comuna 12 (que además de Villa Urquiza, incluye los barrios Saavedra, Coghlan y Villa Pueyrredón) y participó de la Comisión de Cultura. En algún momento llegó a ser el número 4 de los candidatos a comuneros, pero cierta inexperiencia (o desinterés) en la lucha por conquistar espacios políticos y fijar alianzas estratégicas puertas adentro, lo dejó relegado de ese lugar. “Pero no de la lucha”, aclara.
“Ya desde la Constitución de la CABA, se habla de la conformación de comunas y de democracia participativa”, observa. Y subraya que todo boicot a esta construcción es ilegal y anticonstitucional.
Conocedor al detalle de cada resquicio, recuerda que desde el artículo 127 en adelante, con el ánimo de “facilitar la participación de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones y resolver las necesidades que tenemos los vecinos”, la Constitución porteña expresa cómo van a ser las comunas y su forma de gobierno. Puntualiza que la Ley marca la necesidad de que exista una Junta Comunal de siete comuneros que tome las sugerencias, opiniones y decisiones del Consejo Consultivo Comunal, donde los vecinos pudieran llevar, opinar y decidir sobre todas las problemáticas que tienen en sus barrios. “La propuesta de impulsar una democracia con el pueblo en la calle tuvo constantes obstaculizaciones. Y aunque la Convención que redactó el Estatuto de la Ciudad solicitaba que se eligieran legisladores antes del 31 de marzo de 1997, Fernando de la Rúa, entonces jefe de Gobierno porteño, logró que se postergara hasta 2001. Y aquí hay un trasfondo particular: De la Rúa hizo eso porque iban a pasar a manos de las comunas decisiones fundamentales, como el control del espacio urbano. Por eso, apuraron un nuevo Código de Planeamiento Urbano en el año 2000, para poder edificar donde quisieran. Y consiguieron postergar la aprobación de la ley hasta 2005. Y recién en 2011 se pudo concretar la elección de comuneros”.
A Palacios le preocupa el interés del PRO en que la gente no participe en la toma de decisiones barriales y denuncia el nivel de violencia al que son capaces de llegar por ese objetivo. “Empezamos a promocionar reuniones con los vecinos y comenzamos a notar que cuando se había planificado votar algo sin trascendencia como podría ser cambiar una luz o presentar un pedido, había cierta concurrencia; pero cuando la votación implicaba destinar fondos, aparecía demasiada gente”. Y eso les llamó la atención. Notaron que en estos últimos casos aparecía gente de actitud amenazante que intimidaba a los vecinos que querían participar. “Muchos vecinos que no tenían militancia alguna y que sólo querían aportar a la construcción colectiva, al ver ese clima, dejaron de venir. Nos preocupamos, empezamos a preguntar y descubrimos que eran barrabravas de Chacarita”. Para impedir que les cooptaran los encuentros, los vecinos empezaron a designar el lugar de encuentro y a pedir documentos en la entrada impidiendo que entraran quienes no fueran de la comuna. “Hubo más de un hecho violento por eso y más de una vez se metieron de prepo consiguiendo que suspendiéramos la reunión. En otras reuniones, nos pasó que el PRO trajo a los empleados que tienen en la comuna y levantaban la mano al momento de votar. Muchos de los que teníamos algún tipo de militancia decidimos quedarnos a disputar los espacios, pero sin entrar en las provocaciones, como una forma de dejarlos en evidencia. Pero los que perseguían desalentar la participación del vecino sin militancia, lo consiguieron”. Sin embargo, Palacios no se desalienta y lanza: “Peleamos tanto, que no vamos a aflojar ahora”.
Ya estaba tratando de reunir voluntades vecinales cuando en 1996, a través de una Asamblea Estatuyente, se imaginaba el boceto de la conformación de una Constitución progresista para la futura Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una Constitución que permitía soñar con la idea de comunas conquistando una democracia participativa. De manera que, cuando se dictó la Ley 1777, era lógico que Palacios estuviera involucrado de alguna forma.
Hoy integra la Comisión de Hábitat de la Comuna 12 (que además de Villa Urquiza, incluye los barrios Saavedra, Coghlan y Villa Pueyrredón) y participó de la Comisión de Cultura. En algún momento llegó a ser el número 4 de los candidatos a comuneros, pero cierta inexperiencia (o desinterés) en la lucha por conquistar espacios políticos y fijar alianzas estratégicas puertas adentro, lo dejó relegado de ese lugar. “Pero no de la lucha”, aclara.
“Ya desde la Constitución de la CABA, se habla de la conformación de comunas y de democracia participativa”, observa. Y subraya que todo boicot a esta construcción es ilegal y anticonstitucional.
Conocedor al detalle de cada resquicio, recuerda que desde el artículo 127 en adelante, con el ánimo de “facilitar la participación de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones y resolver las necesidades que tenemos los vecinos”, la Constitución porteña expresa cómo van a ser las comunas y su forma de gobierno. Puntualiza que la Ley marca la necesidad de que exista una Junta Comunal de siete comuneros que tome las sugerencias, opiniones y decisiones del Consejo Consultivo Comunal, donde los vecinos pudieran llevar, opinar y decidir sobre todas las problemáticas que tienen en sus barrios. “La propuesta de impulsar una democracia con el pueblo en la calle tuvo constantes obstaculizaciones. Y aunque la Convención que redactó el Estatuto de la Ciudad solicitaba que se eligieran legisladores antes del 31 de marzo de 1997, Fernando de la Rúa, entonces jefe de Gobierno porteño, logró que se postergara hasta 2001. Y aquí hay un trasfondo particular: De la Rúa hizo eso porque iban a pasar a manos de las comunas decisiones fundamentales, como el control del espacio urbano. Por eso, apuraron un nuevo Código de Planeamiento Urbano en el año 2000, para poder edificar donde quisieran. Y consiguieron postergar la aprobación de la ley hasta 2005. Y recién en 2011 se pudo concretar la elección de comuneros”.
A Palacios le preocupa el interés del PRO en que la gente no participe en la toma de decisiones barriales y denuncia el nivel de violencia al que son capaces de llegar por ese objetivo. “Empezamos a promocionar reuniones con los vecinos y comenzamos a notar que cuando se había planificado votar algo sin trascendencia como podría ser cambiar una luz o presentar un pedido, había cierta concurrencia; pero cuando la votación implicaba destinar fondos, aparecía demasiada gente”. Y eso les llamó la atención. Notaron que en estos últimos casos aparecía gente de actitud amenazante que intimidaba a los vecinos que querían participar. “Muchos vecinos que no tenían militancia alguna y que sólo querían aportar a la construcción colectiva, al ver ese clima, dejaron de venir. Nos preocupamos, empezamos a preguntar y descubrimos que eran barrabravas de Chacarita”. Para impedir que les cooptaran los encuentros, los vecinos empezaron a designar el lugar de encuentro y a pedir documentos en la entrada impidiendo que entraran quienes no fueran de la comuna. “Hubo más de un hecho violento por eso y más de una vez se metieron de prepo consiguiendo que suspendiéramos la reunión. En otras reuniones, nos pasó que el PRO trajo a los empleados que tienen en la comuna y levantaban la mano al momento de votar. Muchos de los que teníamos algún tipo de militancia decidimos quedarnos a disputar los espacios, pero sin entrar en las provocaciones, como una forma de dejarlos en evidencia. Pero los que perseguían desalentar la participación del vecino sin militancia, lo consiguieron”. Sin embargo, Palacios no se desalienta y lanza: “Peleamos tanto, que no vamos a aflojar ahora”.
