Gente pobre con uniforme golpeando a gente pobre con hambre para beneficiar a gente rica sin uniforme ni hambre”, intentaba (iluso) concientizar con un cartel un habitante del barrio Papa Francisco poco antes de que la Policía Metropolitana desatara la represión para expulsar a las 700 familias de los terrenos fiscales linderos a la Villa 20, en Lugano, donde desde febrero habían armado unas viviendas paupérrimas. En todo ese tiempo no se les encontró una alternativa. La Justicia ya había intentado expulsarlos argumentando que se trataba de tierras contaminadas con metales pesados porque antes había un cementerio de autos de la Policía. La excusa la encontraron cuando el miércoles 20 se supo del asesinato con un balazo en la cabeza de la joven Melina López a metros de la villa, supuestamente para robarle la cartera. Así, más de 2.000 efectivos de tres fuerzas de seguridad ingresaron en las viviendas apostadas a metros de la avenida Fernández de la Cruz y Pola, advirtiendo que se trataba de una pesquisa. Pero cuando todas las familias fueron desalojadas, se pasó con topadoras por encima de viviendas armadas con listones de madera, plásticos y papeles. En una de esas casillas, hacía de techo un pedazo de gigantografía: “Vos podés tener tu primera casa. Anotate en los créditos Primera Casa BA. En todo estás vos”. Pasaron varias horas antes de que llegaran legisladores solidarizándose con los vecinos y ofreciéndose como intermediarios para hallar una solución pacífica. Pablo Ferreyra, diputado de la Ciudad de Buenos Aires por el frente electoral Alternativa Popular (AP), se hizo presente en el asentamiento e intentó evitar la violencia que parecía ineludible. En esa búsqueda, recibió tres balazos de goma. En diálogo con Miradas al Sur, contó: “En un clima de tensión creciente, un grupo de legisladores intentamos funcionar como intermediarios para evitar la represión de los vecinos de Papa Francisco y generar un espacio de contención. Pero en medio de una conversación con la Metropolitana, comenzaron a reprimir. Hubo idas y venidas. Cuando pretendíamos negociar la liberación de un padre de familia que acababa de ser desalojado junto a su familia, con todo lo que eso implica, reiniciaron la represión; esta vez disparando balas de goma”. El hecho de que la represión tuviera lugar cuando los legisladores intentaban dar una solución no violenta advierte sobre una clara falta de valores y de respeto por las instituciones. “Hacia atrás se ve cuál es la estructura propuesta para la Metropolitana. No hace falta ir hasta su inicio con la conducción formadora del Fino Palacios ni revisar su antecedente en la UCEP (un espacio para echar a patadas a quienes viven en las calles) o su debut en la represión en el Indoamericano en 2010 donde hubo dos asesinatos. Alcanza con revisar los últimos años con la utilización de balas de plomo para reprimir una protesta de artistas de la Sala Alberdi, en el Centro Cultural San Martín; la violencia utilizada contra vecinos del Parque Centenario que cuestionaban su enrejado, y la que realizaron en el Hospital Borda contra internos, médicos, enfermeros, periodistas y legisladores”, dijo Ferreyra. Para el legislador, esto muestra la concepción que tiene el ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad Guillermo Montenegro respecto de la defensa de los Derechos Humanos, del potencial de las fuerzas democráticas para generar acuerdos, del concepto de seguridad: “No hay diálogo posible; no hay intermediarios válidos; ni siquiera hay cuidado de que no ingresen a la metropolitana exonerados de otras fuerzas”. Eduardo Jozami estuvo al frente de la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV) por algo más de un año cuando el jefe de Gobierno de la Ciudad era Aníbal Ibarra, poco antes y después de 2001. Dos contextos de país bien diferentes. En diálogo con este medio sostuvo que “el gobierno de Macri prioriza el derecho de la propiedad privada por sobre el de la vida”. Y advirtió sobre un aspecto simbólico que considera que no hay que desatender: “No sólo se sacó gente a fuerza de palos y se tiraron abajo sus únicas pertenencias, sino que impulsó un show televisivo. Que topadoras tiren abajo casillas frente a las cámaras de televisión que lo estaban registrando, con la vicejefa de Gobierno presente, es toda una política”. Y consideró que no es lo mismo que si, furtivamente, una cámara de televisión hubiera capturado esas imágenes: “El Gobierno porteño muestra que no tiene escrúpulos ni conmiseración. Esa imagen de la grúa tirando abajo las casitas fue tremenda, pero el otro aspecto absolutamente repudiable fue intentar justificar un desalojo masivo, que atañó a centenares de familias con un hecho criminal potencialmente circunscripto a un grupo pequeño de personas”. Identificó la incapacidad y desidia en la resolución del problema de la vivienda social y recordó que, incluso en aquel Buenos Aires previo a la crisis de 2001, cuando la mayoría de las provincias pagaban a sus empleados con seudomonedas y la CABA de Ibarra pagaba en pesos, había una vocación por dar solución a los vecinos. Sin embargo, el gobierno porteño macrista, en una Argentina mucho mejor posicionada que entonces, triplicó su deuda en dólares sin que fuera la construcción de viviendas sociales el destino de ese endeudamiento. “Nuestra gestión en el área de vivienda tuvo como programa lo que se había sancionado como el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad, que planteaba la necesidad de la urbanización de las villas en el lugar en que estaban asentadas. No se planteaba erradicarlas –dijo Jozami–. En el corto lapso que estuve al frente de la DMV, pudimos avanzar en algunos temas, y no en otros. A pesar de tener un presupuesto bastante limitado por el contexto de crisis feroz, hubo una política de llevar adelante mejoras en las villas de emergencia, incluso en la Villa 31 donde, como estaba latente la idea del traslado, nunca se hacían inversiones importantes para mejorar las condiciones de vida de la gente y tratamos de desarrollar políticas que mejoraran las condiciones en que vivían, como la habilitación de servicios como agua, electricidad, o estructura que ayudara a evitar inundaciones”. Pero una de las experiencias más logradas de esa época fue la regularización de los barrios municipales populares, el lanzamiento del programa VIEL (Vivienda, Infraestructura y Empleo Local) que empleaba mano de obra de las villas para resolver problemas de infraestructura y donde también se pudieron construir algunas viviendas. “Tal vez lo más importante –continuó Jozami– fue la sanción de la Ley 341 que impulsaba la creación de cooperativas para la autoconstrucción de viviendas, que fue un proyecto que tuvo mucha adhesión. Desde entonces, los distintos gobiernos de la ciudad que se sucedieron fueron dándole mayor o menor importancia, pero actualmente el macrismo lo considera absolutamente secundario. Y muy de vez en cuando atiende algún proyecto de este estilo. Dentro de la concepción empresarial que tiene de la política, para el actual jefe de Gobierno de la Ciudad, esto de las viviendas autoconstruidas, de la autogestión, de la actitud activa de la gente resolviendo su situación de vivienda, no tiene nada que ver con su pensamiento”. Así, la carencia de las políticas de vivienda de la ciudad se revela en una absoluta subejecución de los presupuestos de todas las partidas de vivienda donde el macrismo recortó 5 millones de pesos del programa de Intervención Social en Villas de Emergencia y Núcleos Habitacionales Transitorios para reasignar tres millones al programa Industria Audiovisual y otra parte a la remodelación del Zoológico de Palermo. La represión recibió el repudio enérgico de todo el arco opositor al gobierno macrista. Para Zaida Chmaruk, candidata a primera legisladora por el Partido Comunista, el desalojo del barrio Papa Francisco fue “una clara muestra de la ausencia de voluntad para resolver los problemas de los más pobres de la ciudad. Macri, discípulo de Cacciatore, construye una ciudad para ricos, donde los pobres deben ser expulsados. Es preocupante y repudiable que el ministro Berni se sume a la lógica de desalojo y estigmatización de los extranjeros y de los pobres”. Para Ferreyra, la represión utilizada en el desalojo advierte que “no han podido salir de la lógica que la Policía sea algo superador a una fuerza de choque. No tienen vocación para resolver un conflicto. No creo que por ser legisladores merezcamos ningún privilegio, pero ni siquiera valoran el rol de intermediario que podemos cumplir. Para la Metropolitana no hay ninguna figura a respetar. Esto es grave, lo mires por donde lo mires”. Y también advirtió: “Las otras fuerzas de seguridad presentes, tampoco se ocuparon de protegernos, sino que terminaron avalando lo que ocurría”, apuntando claramente al secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni. Sin embargo, en el gobierno porteño no se mide todo con la misma vara. La Sociedad Rural Argentina (SRA) desde hace años ocupa un predio adquirido de forma cuestionada en la Justicia y nunca fueron acosados con topadoras ni con las fuerzas de seguridad para ser desalojados, nunca. “Del mismo modo que los cortes de ruta de 2008 realizados por ganaderos y dirigentes agropecuarios, no pueden ser considerados piqueteros –reflexionó Jozami– la interpretación que hace este Gobierno porteño de la legislación refleja una concepción que tiene un marcado tinte clasista, que pretende un control social basado en la represión de los sectores populares. Los otros, con límites mucho más amplios, pueden hacer lo que quieran”. Numerosas organizaciones y movimientos populares se movilizaron el miércoles para repudiar la represión en el desalojo del barrio Papa Francisco y exigir una solución inmediata para las familias que quedaron en la calle. Portaban carteles que revelaban: “No desalojaron mafias, desalojaron pobres. Repudiamos la represión de Macri y Berni. Urbanización del barrio Papa Francisco y de la Villa 20 de Lugano. Solución inmediata a las familias que hoy están en la calle”.
http://sur.infonews.com/nota/733/desesperados
http://issuu.com/miradasalsur/docs/miradas_al_sur_edicion_328
