Entrevista. Leonardo Grosso. Diputado nacional FpV.
Leonardo Grosso es diputado nacional por el Frente para la Victoria (FpV) desde 2011 y jefe de la rama juvenil del Movimiento Evita, un espacio político que valora la horizontalidad, el debate y la participación barrial en la búsqueda de la construcción colectiva.
–¿Cómo evalúa el reciente desalojo en Lugano y la política de vivienda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?
–Repudio enérgicamente el desalojo como medida de abordar los problemas generados por el déficit habitacional en la Ciudad de Buenos Aires, que además es la única política que tiene el PRO. Hay otras instancias, como la negociación y establecer una política seria de urbanización. En la CABA, en los últimos años, los barrios de emergencia y las villas duplicaron su población y, al mismo tiempo, se bajó el presupuesto de la ciudad para la problemática habitacional. En uno de los distritos que más recauda, no se planteó una política de redistribución de la tierra, como tampoco de construcción de viviendas populares y urbanización.
–Pero el PRO justificó el desalojo argumentando que había delincuentes y cocinas de droga.
–Lo que buscan es estigmatizar a un sector social. Fue el preámbulo de lo que iban a hacer después. Lanzaron eso como justificativo del accionar violento y desmedido que realizaron. Porque tirar con topadoras las cuatro paredes de madera, que es lo único que tiene una familia, es otra de las imágenes violentas que no se nos van a olvidar. En una Argentina donde hay más desarrollo, más inclusión social, tal vez no se necesita que el Estado se ocupe de la construcción completa, sino de la distribución de la tierra para que las familias pudieran ir construyendo sus casas, como estaban haciendo las familias en ese barrio. Familias que además tenían la idea de urbanizarlo, planificadamente, que hasta habían dejado lugar para una capilla. Acá hay sectores que no quieren que los más vulnerables puedan desarrollarse. La política del PRO es garantizar negociados a las grandes corporaciones y la concentración de riqueza.
–¿Cómo analiza que del Programa de Intervención Social en Villas de Emergencia y Núcleos Habitacionales Transitorios, el macrismo recortó 5 millones de pesos para reasignar 3 millones al programa Industria Audiovisual y otra parte a la remodelación del Zoológico de Palermo?
–Ese es el proyecto de Macri. Los vecinos de la ciudad y, sobre todo, los compañeros villeros deberían tener siempre presente que el proyecto de país que propone llevar adelante Macri es el de la exclusión, la marginación y las topadoras. Y está claro que van a priorizar los recursos para cualquier otra política antes que destinarla a dar soluciones a los más necesitados.
–Desde otro lugar, ¿qué opinión tiene de la Ley Antiterrorista y cómo ve que se aplique a la empresa Donnelley?
–Para mí la ley antiterrorista es una ley mala. Pero hablamos con Cristina y logramos introducir algunas modificaciones en el articulado de la Ley Antiterrorista donde se plantea clara y explícitamente que queda exceptuada de su aplicación toda protesta vinculada a los derechos humanos o sociales que estén dentro de nuestra Constitución. No es una ley contra los trabajadores, los piqueteros, las organizaciones sociales, los campesinos. También vale aclarar que hoy no es posible incorporar el tema de Donnelley, porque en realidad primero hay que aplicar la figura penal. Muchos sectores del Frente Renovador y del PRO la votaron, acompañaron y no dijeron nada respecto de la protesta social, pero sí les preocupa ahora que eso se utilice para una empresa norteamericana que pretende dejar a 400 familias de laburantes sin trabajo. Está claro cuáles son sus intereses. A mí no me gusta esta ley, pero estoy seguro de que este gobierno no la va a usar contra los trabajadores.
–¿No cree que es riesgoso dejar la posibilidad a que otro gobierno pudiera aplicarla así?
–Sí. Por eso planteamos las modificaciones. Pero lo que queda claro es que hay una utilización política de los sectores de la derecha argentina que tienen representación en el Congreso, aliados a la ultraizquierda en este caso, planteando la derogación de una ley que podría ser utilizada en contra de los fondos buitre. Podemos discutir sobre la ley una cantidad de cosas, porque es muy distinto lo que plantea el PTS y el PO, que defienden a los laburantes, de lo que plantean el PRO o Patricia Bullrich. Estoy de acuerdo con derogar el artículo 194, que estipula que es un delito cortar u obstruir la libre circulación o una vía marítima, terrestre, aérea, algo siempre aplicado a los trabajadores y nunca a un empresario. Nosotros venimos del movimiento piquetero y creemos que la protesta social tiene que ser un derecho más de nuestra Constitución. Hoy, el piquete, el corte de ruta, la protesta callejera y la protesta social pacífica son herramientas de inmensos sectores de la sociedad, no sólo en la Argentina sino del mundo entero. Ya no existe más el pleno empleo, ni un mundo de trabajadores sólo en la fábrica. Existen trabajadores sin patrón, hay obreros que no tienen fábricas... y son millones que no tienen a quién ni dónde hacer huelga. Así pasó con los trabajadores de Cutral Co en la YPF privatizada. Nosotros proponemos promoverlo como derecho y después regular; como ocurre con el derecho a huelga, donde está contemplado que no se pueden parar ni el abastecimiento ni los servicios de salud básicos, por ejemplo.
–¿Y la represión en Lear?
–Eso no debe volver a pasar. Fueron tres situaciones puntuales. Algunas provocadas por la Policía Federal, la Gendarmería y la Policía Bonaerense. La mejor estrategia es la que venimos utilizando desde que Néstor echó a Gustavo Beliz. Para eso, el Ministerio de Seguridad que comandaba Nilda Garré construyó el Consejo Federal de Seguridad, firmado por todos los ministros de Seguridad del país que estaban en ese encuentro, con un protocolo de uso proporcional de la fuerza contemplando principios de legalidad, oportunidad y táctica que plantea temas centrales: nunca reprimir, que las fuerzas de seguridad no porten armas de fuego, que si se utilizaran armas con balas de goma jamás se apunte directamente a los manifestantes: criterios ubicados dentro del anteproyecto del diputado Remo Carlotto.
–¿Cuánto de las protestas se registra como una crítica al Gobierno?
–La ocupación de la calle, la protesta social, no tiene necesariamente que ver con que el Gobierno haya hecho bien o mal algo. El Gobierno hizo bien las cosas y yo estoy seguro de que los intereses de esos que protestan en la calle se atienden sólo con esta gestión. Pero no existe una sociedad sin conflicto. El único lugar donde hay silencio y tranquilidad es en el cementerio. Se crearon más de cinco millones de empleos, se incorporaron millones de jubilados, tenemos el sistema de cobertura social más amplio de toda América del Sur, reconstruimos la capacidad productiva que habían tirado por la ventana con el modelo de destrucción industrial desde la dictadura hasta 2003. En estos 11 años, los empresarios ganaron mucho. Entonces, es normal la disputa empresario-trabajador.
–¿Cómo entiende el reclamo sectorial de “Derechos humanos para nosotros, no para los delincuentes”?
–Ahí hay una falsa discusión sobre los derechos humanos. Es una estrategia de legitimación de un conflicto concreto de las fuerzas de seguridad que asesinan gente en prácticas arraigadas en la historia. El gatillo fácil no es de esta gestión y tampoco lo inventaron Casal o Granados. Lo mismo pasa con la inseguridad, donde refieren a delitos pequeños. Ni la derecha, ni los que defienden a la corporación policial o judicial, ni sus cómplices hablan de las grandes estafas y de los grandes ladrones de guante blanco. Ahí, pocos investigan y nadie va preso. En la Argentina se usa la prisión preventiva como una herramienta de disciplinamiento donde el 70% de las personas encarceladas no tienen condena firme, es decir, que podrían ser inocentes.
–¿Por qué cree que es así?
–Hay sectores que defienden intereses concretos, de los que son parte y en los que puede ser parte cierta política, cierta Justicia y gran parte de las fuerzas de seguridad. Un pibe pobre de una villa no tiene la estructura para secuestrar a chicas jóvenes y llevarlas desde Tucumán hasta Santa Cruz o desde Jujuy a Buenos Aires o Paraguay. Tampoco puede traer kilos de cocaína, distribuirlos en pequeños pedazos y llevarlos a los barrios, esperar que se vendan y después pasar a cobrar para volver a traer. La Justicia Federal encontró a algunos narcotraficantes que vivían en Nordelta, un barrio privado de Tigre. Como dice Marcelo Saín: “Hay un pacto criminal-policial y un pacto policial-político”. Se destina un porcentaje cada vez más alto a patrulleros, helicópteros, armas y balas. No en ropa, que se la tienen que comprar ellos; ni en sueldos; ni en el funcionamiento cotidiano de la comisaría. Ese déficit presupuestario, la Policía lo cubre con manejos turbios que van desde pedirle pizza al que atiende en la esquina hasta la ilegalidad.
–En ese contexto, ¿cómo analiza el planteo de Granados de convertir en pseudopolicías a las agencias de seguridad privada?
–Eso es una locura total. Ganados puede entender de muchas cosas, pero de seguridad, no. Alcanza con tener dos dedos de frente para deducir que una empresa privada no puede ocuparse de la seguridad de ningún territorio. Primero, porque es anticonstitucional: el monopolio de la fuerza lo tiene el Estado. Pero después, porque sería dejar librado todo a los intereses de empresas privadas. También es una locura habilitar nuevamente los calabozos en las comisarías. Parafraseando a Perón, “la seguridad es un tema demasiado importante como para dejarlo sólo en manos de policías”. ¿Por qué se llama a la Policía cuando hay un pibe consumiendo droga en la esquina? Si el consumo de drogas está en la órbita de la salud mental por ley desde 2008, llevémoslo a la salita donde lo pueden atender. En seguridad, lo primero es el saneamiento profundo de la fuerza de seguridad provincial e incluso federal. También hay que descomprimir los cuerpos de investigaciones; no puede ser que dependan de la Policía. Salvo honrosas excepciones, Asuntos Internos no resuelve nada porque están involucrados. La Justicia debe tener recursos y una fuerza de investigación propia, aparte de la Policía... y advirtamos que la Justicia es otro capítulo a atender. Acá no hay un Pablo Escobar Gaviria, aunque nos quisieron vender eso con series y armados mediáticos. Acá hay narcomenudeo y con hacer un poquito de inteligencia alcanza. Si el que está en el barrio ve y sabe quién vende, ¿cómo no lo va a saber un fiscal que tiene como tarea investigar? ¿Por qué persiguen a pibitos o pibitas pobres? ¿Nunca preguntaron dónde compraron y quién les vende? Arslanian había avanzado profundamente y lo hizo sobre la misma estructura de la Bonaerense.
–Inevitable terminar sin consultarle por las internas dentro del FpV y cómo ve el 2015...
–Los pueblos no siempre sintetizan en una persona un liderazgo y resulta que Cristina es una líder, le guste o no a la oposición. La memoria social, política y económica en nuestro pueblo es imborrable. Pueden decir lo que quieran, pero Cristina ya está en la historia. Es la conductora de este movimiento nacional y va a seguir siéndolo, sea o no presidenta. Cuando yo empecé a militar no tenía ni siquiera un movimiento nacional. La dictadura se dedicó a destruir la organización popular, así como se habían dedicado a hacer mierda a Yrigoyen. Por algo la oligarquía siempre se encargó de tratar de destruir esas experiencias y esos líderes e intentó borrarlos de la historia; pero no pudo. Soy de la Juventud Peronista y del Movimiento Evita; no conocí a Perón ni a Evita, pero no pudieron destruirlos de la Historia. Cada derecho conquistado es un nivel de conciencia más y nuestro pueblo no va rifar sus conquistas así nomás. Los laburantes no van a dejarse atropellar. ¿Quién se va a animar a sacar la Asignación Universal por Hijo? Intentarán revertir muchas conquistas, seguramente; pero se toparán con la resistencia popular.
–¿Qué le diría a quien cree que para adelante queda una natural versión conservadora del kirchnerismo?
–No veo que haya un camino a la restauración conservadora ni por casualidad. El militante escéptico debe confiar en el pueblo. Son los pueblos los que cambian la historia; no los dirigentes. Hace tiempo que decidimos no conformarnos más con el menos malo. Y creo que no podemos discutir más con la agenda del enemigo. En las últimas elecciones, con la baja de la imputabilidad y las camaritas, estábamos discutiendo la agenda de las corporaciones, no las del pueblo. Tenemos que pensar, aportar ideas y debatir. Cristina siempre dice: “Yo sola no voy a poder, ésta es una tarea colectiva”. Y para nosotros va muy en serio. ¿Cómo nos vamos a dejar llevar por los malos augurios de los medios? No nos resignamos.
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