“Este Jury parece el campo de batalla de algo mucho más grande”
El jurado decidió restituir en su cargo al fiscal José María Campagnoli, aunque siga en curso el juicio político en su contra (o jury) acusado de abuso de poder y mal desempeño, cuando transformó una acusación por administración infiel contra Federico Elaskar en una investigación que lo mostraba como víctima. Así, según indica su expediente, duplicó en forma paralela otra causa que tramita en el Fuero Federal, que lo tiene como imputado junto con Lázaro Báez y el mediático Leonardo Fariña. También es acusado de “avasallar reglas básicas de competencia” y de divulgar información a los medios “sin respetar reglas de confidencialidad”. El medio fue el programa televisivo que conduce Lanata. Campagnoli que era titular de la Fiscalía de Distrito de Saavedra y Núñez y de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos promovió una causa horas después del programa, pero el juez Rodolfo Cresseri se declaró incompetente y el caso pasó al Fuero Federal. A partir de las declaraciones de Elaskar y Fariña, se abrió una causa que llevan el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán. Desde la oposición, comenzaron las denuncias de persecución.
Luego de decenas de notas y campañas, para unos Campagnoli es un cruzado que investiga sin aceptar las limitaciones que le pone el poder, sea el que fuere. Para otros, es la espada del poder real que atenta contra la democracia y los valores republicanos. Para los primeros, Campagnoli fue apartado porque investigaba casos de corrupción y lavado de dinero. Para los otros, aporta la pata judicial a las otras dos, la política y la mediática, para defender intereses espurios. Los mismos, sostienen que persigue tanto el interés político de su hermana (cercana a Elisa Carrió), como por interés personal de mostrarse como un Chuck Norris al que no detienen ni la burocracia, ni las leyes. Tampoco deben escapar de esta disputa la carrera por la elección presidencial, las campañas de desgaste contra el Gobierno nacional y una oposición sin liderazgos en búsqueda de candidatos.
A partir de la suspensión del fiscal Campagnoli, la Fiscalía de Instrucción de los barrios de Saavedra y Núñez quedó a cargo de la doctora Cristina Caamaño. A partir de entonces comenzó a recibir amenazas vía Twitter defendiendo a Campagnoli. En declaraciones a Radio América, Caamaño sostuvo: “Hice una denuncia contravencional porque me empezaron a escribir que me iban a venir a buscar, que sabían dónde encontrarme y que me iban a linchar. Eran mensajes anónimos a través de Twitter”. Al mismo tiempo, Clarín publicaba que el Ministerio de Relaciones Exteriores había solicitado colaboración a Estados Unidos para identificar a los tuiteros críticos del Gobierno que defendían a Campagnoli. Algo que el canciller Héctor Timerman desmintió explicando que “la cooperación judicial la solicita la Justicia de un país a la Justicia de otro país”.
Los fiscales acusadores, designados por sorteo para el proceso, fueron Marcelo García Berro y Adolfo Raúl Villatte. Desde su designación, la esposa de Villatte recibió amenazas telefónicas: “¿En dónde está ese hijo de puta que quiere juzgar a un juez (sic) como Campagnoli? ¿Ese renacuajo no tiene miedo que le peguen un tiro?”. También su casa fue escrachada con dos pintadas: “Todos con Campagnoli” y “Sorete”.
En diálogo con Miradas al Sur, Villate analiza la situación actual del jury y explica por qué sostiene que “hay mucho más en juego que la simple destitución o no de un fiscal”.
–¿Cómo queda hoy la situación del Jury a Campagnoli?
–El jueves, el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados del Ministerio Público decidió, por 4 votos contra 3, levantar la suspensión de su cargo a Campagnoli. Y es importante aclarar que esta decisión no afecta el juicio político que se le sigue por mal desempeño de sus funciones. Ya estábamos con los plazos mayores cumplidos del debate que se admite según el Código Procesal Penal. También se decidió realizar un nuevo debate, se rechazó la recusación del doctor Leonardo Miño que habíamos planteado los integrantes de la acusación. Así, se dispuso que quien reemplazará a la doctora Martínez Córdoba (que se alejó argumentando problemas de salud, en medio de amenazas y una feroz presión mediática), será el doctor Miño, lo que nos genera una profunda preocupación porque su presencia integrando el tribunal representa un auténtico temor de parcialidad. Creemos que Miño ya se ha manifestado respecto de la situación de Campagnoli y se puede adelantar un voto en contra de su remoción.
–La oposición apuesta a que no se inicie otro debate argumentando que se trataría de “cosa juzgada”. ¿Qué interpretación hace al respecto?
–Disiento con esa posición porque todavía no ha habido emisión de sentencia. Y solamente puede haber “cosa juzgada” cuando se ha pronunciado por la culpabilidad o la inocencia de una persona. En tanto no se haya dictado una sentencia, todavía es posible realizar un nuevo debate, que es sólo la producción de la prueba. Eso es algo que está contemplado en el Código Procesal de la Nación y nunca fue tachado de inconstitucional; no pueden ignorarlo.
–¿Coincide con que tanto algunos medios como los defensores de Campagnoli han mostrado una enorme capacidad para obstaculizar la Justicia y para convertir a víctimas en victimarios y viceversa?
–Creo que hoy se están revelando los distintos intereses en el sentido que usted señala. Lo que yo no puedo afirmar es que esto sea una estrategia en la cual esté participando directamente la defensa del doctor Campagnoli. Más allá de que esto lo beneficia, en tanto se va estirando el juicio y nos vamos acercando a la fecha límite de 180 días, que se cumple a fines de octubre. Además, se genera la idea de que hay un proceso que no se está llevando a cabo en términos legales, cuando, en realidad, sucede todo lo contrario, garantizándole todos sus derechos.
–¿Qué irregularidades de las que se atribuyen a Campagnoli inciden en la causa?
–Los cargos que se le atribuyen son: haber duplicado o multiplicar las persecuciones penales en relación con un hecho que había sido investigado por él, y que cuando la Justicia local se declaró incompetente y lo remitió a la Justicia Federal, generó un expediente paralelo para poder seguir investigándolo él mismo. Otro de los cargos es la trascendencia mediática que se les daba a los dictámenes que iba confeccionando, incluso algunos trascendían antes de ser presentados judicialmente. También está el hecho de que él haya actuado de una forma institucionalmente cuestionable, en el sentido de que no comunicaba lo que estaba haciendo a la Procuración General. Además, al momento de ejercer su defensa, se refirió a la Procuradora en términos inapropiados para el cargo que desempeña.
–¿No se sumaron los casos de maltrato de su personal; ni el exceso desproporcionado de causas abiertas; ni la persecución con fotos a los habitantes del Barrio Mitre de Saavedra; ni el uso que hacía de un automóvil con patente protocolar (beneficio vedado para su utilización desde hace más de diez años)?
–Algunos de esos hechos que menciona son objeto de actuaciones disciplinarias que, al menos por el momento, no integran la acusación, lo que no obsta que en el futuro puedan resultar objeto de nuevos enjuiciamientos.
–¿Cómo ve la obstrucción mediática que está tratando de influir sobre los jueces?
–Sin dudas, afecta y mucho. Y ese es el mayor riesgo, más allá de este caso particular. Afecta a las instituciones la campaña organizada desde los medios que pretende instalarlo como “el fiscal que investiga” cuando, en realidad, el problema es que lo hace de forma ilegal. Se lo presenta como perseguido político porque investiga un asunto que supuestamente está vinculado al Gobierno Nacional. Por supuesto que eso debe investigarse sin importar las consecuencias y, de hecho, se está haciendo, porque es una causa a cargo del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán. Lo que indica la acusación es que él no puede investigar si no tiene competencia; pero él, sabiéndolo, siguió adelante, de manera ilegal, con investigaciones paralelas en las que modificó en forma subrepticia el objeto procesal. Campagnoli no puede arrogarse facultades que no tiene, no puede violar leyes para hacer lo que él quiera. Pero su accionar, resulta funcional a ciertos intereses, que son quienes están saliendo en su defensa.
–¿Quiere decir que los medios están jugando a favor de Campagnoli en devolución de favores? ¿Considera que Campagnoli resulta la pata judicial de una operación político-mediática?
–Yo no puedo afirmar eso. Como fiscal, respetando el rol objetivo de la acusación, tengo que guiarme por los elementos de prueba que hay en el expediente. No podemos confundir una movida mediática con un expediente.
–El sociólogo Èmile Durkheim planteaba que son delitos los hechos reprobados por la sociedad y definidos por la conciencia colectiva o común. No puede negarse la importancia de la generación de consenso que aportan los medios. Y, en este caso, ha facilitado la generación de amenazas tanto a usted como a la jueza Martínez Córdoba y a la fiscal Caamaño…
–No hay forma de demostrar que esas amenazas provienen de alguien convencido de lo que dicen algunos medios. Al menos por el momento, no podemos sostener que las amenazas provienen directamente de los medios, ni podemos decir que se trate de una persona enviada por Campagnolli, por Lanata o por Clarín. Sin embargo, el clima generado por los medios nos da la sensación de que cualquier persona podría sumarse a esta “batalla de justicia a favor de Campagnolli” y desde ahí creer que tiene derecho a amenazarnos. Es peligroso para la seguridad de los individuos y de quienes integramos este enjuiciamiento en sus distintos roles ver cómo instalan una idea, que después puede tomar cualquiera que crea lícito subirse a la ola de una campaña de persecución y agresión hacia nosotros, argumentando que “nosotros somos lo que estamos atentando contra la República”; cuando, lejos de eso, nosotros somos quienes estamos garantizando que las instituciones republicanas funcionen. Y tanto es así, que con la reposición de Campagnoli en su cargo no ha quedado demostrado que las instituciones funcionan. Ahora deben permitir que funcionen para el dictado de una sentencia, sea cual fuere su resultado. Afirman que este proceso es una persecución a Campagnoli, pero mi sensación es totalmente contraria. De hecho, hasta ahora, su defensa es la que pareciera tener más fuerza... Todas estas amenazas, creo que le han sido funcionales. De hecho, las amenazas a Martínez Córdoba motivaron su apartamiento y la incorporación de Miño. Y hay que remarcar que las amenazas las venimos sufriendo los integrantes de una supuesta mayoría que es la que votó en su momento la suspensión de Campagnoli y los fiscales que conformamos la acusación. No ha habido contra el resto de los integrantes del tribunal ni contra los defensores, o contra quienes votaron en contra de la suspensión. Esa presión está claramente direccionada en un sentido. Junto con el doctor Marcelo García Berro estamos convencidos de que esto no es una persecución; encontramos dentro del expediente, en una búsqueda exhaustiva de pruebas documentadas, muchas irregularidades cometidas por Campagnoli que pueden constituir delitos. Además, coartó los derechos de víctimas e imputados al no resguardar los derechos que les son propios, utilizándolos con el único cometido de lograr sus fines que, desde nuestro punto de vista, son espurios.
–¿Cómo ve la manipulación que han hecho algunos medios, por ejemplo con la información sobre una supuesta persecución a tuiteros?
–Observando cómo se vienen dando los hechos, no tengo dudas de que esto está orquestado. Y tampoco sería descabellado pensar que todo podría provenir de un mismo lado. Hay personas que se ocupan de enviar tuits o posteos desde las redes sociales, que están pagas. Coincido con que todo pareciera pretender embarrar la cancha; pero no tengo pruebas para sostener que esto está orquestado por el propio Campagnoli o por su defensa y tampoco se ha investigado hasta el momento de dónde provienen, sólo digo que le resultan funcionales.
–Pensando en una construcción colectiva de justicia, ¿cuál cree que debería ser el rol del periodismo?
–Debe haber en los espacios sobre periodismo toneladas de libros escritos al respecto. No voy a hablar yo desde ahí. No creo en la objetividad de los medios, porque todo debe leerse desde los intereses que están en juego. Pero creo que esta forma de hacer periodismo daña a la república, porque se trata de un grupo mediático que tiene intereses y un poder que puede ser igual o más grande que el de un gobierno votado por el pueblo y que está en un determinado momento. El modo de actuar de los medios en este tipo de casos, tiene muy poco de democrático y de republicano porque de hecho se instituyen en provocadores de golpes mediáticos. Creo que es imprescindible la democratización de las fuentes de información, que en definitiva es lo que busca lograr la ley de medios. Sólo con pluralidad de voces se puede garantizar que no sea una única voz la que instale versiones falsas de la realidad.
–¿Se refería a eso cuando dijo que “está en juego algo mucho más importante que la destitución o no de un fiscal”?
–Sí. Creo que esto está trascendiendo del mero enjuiciamiento de Campagnoli. Este Jury parece el campo de batalla de algo mucho más grande. Creo que ya el resultado va en línea con ver si tenemos una democracia e instituciones republicanas en serio. Y resulta paradójico, porque se dice que “los fiscales somos los personeros de un embate contra las instituciones porque no estamos permitiendo que un fiscal como Campagnoli investigue algo vinculado al poder”. Y creo que es exactamente al revés. Campagnoli hizo cosas indebidas, ilegales. Si fuera como dicen, también se lo estarían impidiendo a Casanello y Marijuan; y eso no está pasando...
–¿Cree que Campagnolli tiene ambiciones políticas?
–Puede ser. En algún punto, si llegara a ser destituido sería una posibilidad... y ya a esta altura no sé si no está queriendo que esto ocurra para tener una fuerte proyección política. Es probable que a eso estén jugando los medios: a instalarlo, a defenderlo; y no solamente en el Jury sino también, en el supuesto de que fracasara, poder instalarlo en la opinión pública como “la única persona que se ha opuesto al Gobierno Nacional”, y convertirlo en un referente para una futura elección. Pero del enjuiciamiento surge la posibilidad de que quede inhabilitado para presentarse como candidato por las limitaciones impuestas a quienes se pruebe que incurrieron en ciertos delitos, por supuesto, de llegarse en algún momento a una condena penal.
–¿Cómo sigue el caso?
–Lo más importante será definir cómo se desarrollará el próximo debate. Nosotros solicitamos que en ese caso se encuentren presentes los siete suplentes para que no se repita lo que sucedió ahora, lograr que se finalice, y que se dicte una sentencia, sea absolutoria o que disponga la remoción de Campagnoli como nosotros lo pretendemos.
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