Del Batallón 601 a la USAL
Arquitecturas. Organismos de Derechos Humanos
reclaman la inmediata detención de las demoliciones internas de un
edificio clave durante la dictadura militar donde la Universidad del
Salvador proyecta una sede para 5.000 alumnos.
Pero ese edificio no es uno más: carga con historias muy pesadas que no se revelan con la sola mención de sus dimensiones, así como tampoco la forma en que pasó a manos de una universidad privada.
En ese edificio funcionó el Ministerio de Guerra durante la Revolución del ’43; allí se mantuvo oculto durante un tiempo el cadáver de Evita luego de que el Ejército lo secuestrara de la CGT en el año 1955; fue también sede del Batallón 601 –nombre de guerra del Servicio de Informaciones del Ejército (SIE)–, dependiente de la Jefatura II de Inteligencia del Ejército (G2) y del comandante en jefe del Ejército. Allí se planificaron secuestros y se torturó a militantes para luego trasladar a algunos hacia centros clandestinos de detención. De otros, directamente no se supo nunca más nada. A ese edificio ingresaron con vida, entre otros, Laura Noemí Creatore, Carlos Hugo Capitman o Rafael Cacho Perrota, el dueño del diario El Cronista Comercial, todos hoy desaparecidos. La periodista María Seoane describe en su libro El enigma Perrota toda la historia de Rafael, detenido en 1977, acusado de tener vinculaciones con el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y todavía desaparecido.
Como si todo esto fuera poco, el lugar también sirvió de base en la planificación de varios actos represivos enmarcados dentro del denominado Plan Cóndor, tanto en el orden local como en el internacional. Fue en ese edificio desde donde se dirigió la intervención militar en Bolivia, Guatemala, Honduras y el apoyo a los Contras en Nicaragua a principios de la década del ’80.
¿Cualidades? Hoy en su frente cuelga un cartel gigantesco anunciando que allí se proyecta construir una nueva sede de la Universidad del Salvador (USAL) que albergaría a más de cinco mil alumnos. Los arquitectos que planifican las modificaciones edilicias son Ana y Julián Lanusse (un apellido bastante castrense, por cierto). “USAL nos une”, registra el cartel verde militar de casi dos pisos de altura. Y no alude a que en 1975 los jesuitas transfirieron la USAL a Guardia de Hierro, ni que en 1978 fue esa universidad la que nombró Doctor Honoris Causa al almirante Emilio Massera.
Durante la última dictadura argentina, el edificio de Viamonte 1818, esquina Callao (motor del sistema represivo, con garita incluida sobre la ochava), tenía un aspecto de bunker con puertas y ventanas cubiertas por planchas de acero color negro que le daban aspecto de edificio blindado. Incluso en esa época se accedía a través de una casa contigua. Allí se recibía información proveniente de todo el país por medio de un sistema de servicios de inteligencia de las distintas fuerzas y su red de colaboradores civiles a la que llamaban Comunidad Informativa. El Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Ejército tenía por función la clasificación y ordenamiento de todos esos informes. Catalogada esa información –extraída bajo tortura– se proyectaban los objetivos o “blancos”, como se denominaba a las siguientes víctimas a ser secuestradas por los Grupos de Tareas, torturadas en los Centros Clandestinos de Detención y desaparecidas.
El Batallón 601 tuvo el control operativo de la represión actuando como coordinador de los distintos Grupos de Tareas a través de su Central de Reunión. Fue el organismo que aportó “especialistas en interrogatorios” capaces de arrancar confesiones utilizando los peores tormentos y vejaciones.
Fue en ese edificio –en el que ahora, borrando la historia y la memoria, una empresa privada como la USAL quiere construir una facultad moderna– donde se desplegaban 4.300 agentes, de los cuales 1.523 civiles y 340 militares eran parte de la planta permanente que operó durante la dictadura. A la mayoría de ellos no los alcanzó la Justicia por interpretar que no tuvieron participación directa como instigadores o ejecutores de crímenes de lesa humanidad, aunque eso resulte imposible de sostener, ya que sin su intervención las víctimas habrían sido un número sensiblemente menor.
Néstor Norberto Cendón, un integrante del Grupo de Tareas 2 que operaba desde allí, debió declarar frente a la Justicia y precisó que “en la Central de Reunión funcionaba una Sala de Situación que se encargaba de supervisar, centralizar y facilitar las tareas de inteligencia u operacionales de los Grupos de Tareas (GT)”. Según sus declaraciones, los integrantes de esa Sala de Situación eran los enlaces delegados por cada una de las fuerzas que integraban los distintos GT con personal militar, policial, de Gendarmería, de Prefectura, del Servicio Penitenciario y de la SIDE.
En 2010, mediante el decreto gubernamental 4/2010, se eliminó el secreto de Estado y se ordenó la desclasificación del listado del PCI que fue entregado al juez Ariel Lijo y en la que seguiría investigando el accionar del Batallón 601.
De la totalidad del Personal Civil de Inteligencia registrado allí, unos 800 eran denominados “Agentes de Reunión” y “Agentes de Producción”, y tenían como misión infiltrarse en sindicatos, universidades y organizaciones políticas y sociales para recabar información. Según revela el informe, en este grupo figuraba Raúl Guglielminetti, ex Triple A, luego integrante del GT que tendría base en los centros clandestinos Automotores Orletti y Santiago Hoya, y que fuera descubierto por sus víctimas en una foto en la que aparecía como guardaespaldas del presidente Alfonsín. Del resto, 475 eran agentes, asesores generales, asesores informáticos y asesores universitarios a los que se los señala como “Agentes de Apoyo y Procesamiento”, encargados de analizar y clasificar información. Varios de ellos eran docentes en busca de posibles “mensajes subversivos” camuflados en los contenidos académicos y revelaban actividades estudiantiles de las universidades donde se desempeñaban. Entre éstos, se destacaba Roberto Oso Fossa, que luego integraría la banda que secuestró y asesinó al empresario Osvaldo Sivak.
Finalmente, un grupo de alrededor de 900 hombres figuraban asignados como “Agentes de Seguridad”, y podían ser eventualmente utilizados en los operativos.
No se arrepintieron en democracia, ni declararon su modus operandi, ni presentaron información que habría sido útil a los organismos de Derechos Humanos. Sin embargo, diciembre de 1985 marcó una suerte de disolución del Batallón 601, al menos así conocido, ya que siguió funcionando como Central de Reunión de Inteligencia Militar (CRIM) y aunque el gobierno de Raúl Alfonsín realizó una fuerte purga que alcanzó a los cabecillas y a quienes estaban más comprometidos con la represión ilegal, siguieron elaborando informes para las Fuerzas Armadas. Los recortes presupuestarios del menemismo purgarían a otros 500, pero no sería hasta las necesidades económicas del gobierno aliancista de Fernando de la Rúa, en febrero de 2000, que el general Brinzoni terminara de quitarse de encima al resto de los ex 601 y poner a la venta el edificio de Callao y Viamonte junto con otros más de cien inmuebles de un total de 1.913 bienes inventariados en todo el país, como parte del “Plan de Modernización para Mejorar la Calidad del Gasto”, proyecto de reestructuración integral impulsado por Ricardo López Murphy, entonces ministro de Defensa.
El edificio de Viamonte 1818 salió a licitación en el último semestre de 2002 y su venta se concretó en febrero de 2003, por eso no lo alcanzó la política de Memoria, Verdad y Justicia que llevó adelante el presidente Néstor Kirchner. Desde entonces, está tapiado. Algunas fuentes se preguntan si su venta no podría estar vinculada a un arreglo con antiguos agentes del Batallón 601.
Organismos de Derechos Humanos y organizaciones como Barrios por la Memoria y Justicia-Balvanera y Baldosas por la Memoria están recorriendo oficinas de diputados y senadores con su reclamo por detener la remodelación de este icono del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor. Y, aunque todavía no han tenido respuesta, piden tanto a los poderes públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como al Estado Nacional que se haga cumplir la Ley 26.691 según la cual se deben “preservar los lugares donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal, detener la demolición interna, preservar las posibles pruebas judiciales y restituir el edificio al patrimonio histórico como Espacio de Memoria”.
Desde Barrios por la Memoria y Justicia-Balvanera, una organización no gubernamental de base y estructura horizontal que trabaja por la memoria, la verdad y la justicia, señalaron a Miradas al Sur: “Lo que llama la atención es que esto ocurrió hace más de una década, justo cuando se sacaban de encima a los últimos integrantes. Luego estuvo cerrado y tapiado. Y de golpe aparece un cartel de obra como que están edificando a toda velocidad. Queremos que no se invisibilice la historia de ese lugar. Que se respete la memoria de nuestros muertos, que se detenga la obra y que dé a ese edificio el lugar que verdaderamente merece”. Solicitan, además, que se investigue cómo llegó ese edificio público a manos de la Universidad del Salvador y se preguntan: “¿Qué clase de formación académica se impartiría en ese lugar a las nuevas generaciones, eliminando los vestigios de su triste rol histórico?”.
http://sur.infonews.com/notas/del-batallon-601-la-usal
http://issuu.com/miradasalsur/docs/miradas_al_sur_edicion_317
