A un mes del inicio de clases en CABA, más de 17.000 alumnos no tienen todavía la confirmación de sus vacantes para el sistema público de Educación. El Gobierno de la Ciudad negó los reclamos de la comunidad educativa, impuso un sistema de inscripción on line y prefirió pagar un alto costo social y económico aplicando parches sobre parches antes que el costo político que implicaría dar marcha atrás con esta imposición. Claro que todo lo que la comunidad interpreta como un error propio de la mala gestión puede ser el verdadero objetivo deseado para una forma de entender la educación de un gobierno que logró bajar el presupuesto en educación desde su asunción (ver Los números de la Ecuación PRO).
A pesar de las declaraciones mediáticas de todo el gabinete de Mauricio Macri, donde se habla del éxito de la inscripción on line, en un informe oficial del ministerio de Educación porteño se reconoce el error. Presentado el 10 de enero con el título “Información Casos en Lista de Espera: 17.615”, el documento revela una falta de vacantes nunca vista y detalla que 13.211 corresponden al nivel inicial; 1.585, al nivel primario, y 2.819, al secundario. Uno de esos parches es la compra de 41 containers para ser utilizados como aulas, por los que se pagará un total de $26,5 millones.
En octubre de 2013, el gobierno porteño anunciaba que, desde el 4 de noviembre, las familias debían inscribir a sus hijos sólo a través del teléfono 147 o vía internet. A esta modalidad se la denominaría “inscripción on line”. La campaña de lanzamiento prometía “facilidad y transparencia”. Sólo debían cargarse los datos en una página web y dejar algunas opciones de escuelas alternativas. El sistema se ocuparía de asignar la vacante más adecuada por cercanía al domicilio. Y prometía confirmar la vacante por mail.
Por esa maravilla informática se pagaron $ 15 millones, más $ 600 mil en la contratación de una consultoría externa que enfrentara potenciales situaciones sociales complejas.
Pero una de las primeras limitaciones que presentó el programa fue el acceso de quienes no residieran en la Ciudad de Buenos Aires, ya que sólo se puede acceder al 147 desde teléfonos de la Ciudad; y, en el mismo sentido, en la página de inscripción de la web no se podían cargar domicilios externos a la Ciudad. Tampoco se tuvo en cuenta que hay prioridades para otorgar vacantes a los alumnos que ya tienen hermanos en la escuela, así como a quienes habían realizado el ciclo anterior en el mismo edificio, o los que percibían la Asignación Universal por Hijo (que para ser beneficiarios deben mostrar que sus hijos concurren a la escuela). Faltó información precisa y suficiente acerca del cambio de modalidad, nunca se explicitaron los criterios de asignación de vacantes, no se estableció fecha y forma de comunicación a los responsables de los alumnos/as en un sistema donde las inscripciones se realizaron históricamente de forma presencial.
La aplicación concreta de este tipo de inscripción comenzó a mostrar dificultades desde el principio. A esos descuidos se sumó la avivada de los locutorios que cobraban hasta $ 50 por hacer el trámite a quienes no habían utilizado nunca una computadora.
Otro problema adicional fue la falta de protección de los datos o el criterio de selección de las cerca de 3.000 personas contratadas para cargar datos en computadoras (data entries), que sólo recibieron entre 1 y 3 días de instrucción. Y aunque parezca un tema menor, toma otra dimensión cuando aparece, como ocurrió, el caso de una niña de 7º grado que fue acosada desde facebook por un adulto que tomó sus datos de su escuela mientras trabajaba como data entry contratado por el ministerio de Educación porteño. La denuncia llegó a la policía y a la Defensoría del Pueblo por el “inapropiado e improcedente tenor de la conversación” que este adulto había mantenido con la alumna. “La familia Cáceres Giménez se encuentra angustiada, desprotegida y con miedo por la situación presentada hacia su hija. Manifestaron que se quieren ir del país”, según consta en el acta notarial al que este medio tuvo acceso y por la cual la Defensoría reclamó se explicitara el criterio de selección que utilizó el ministerio de Educación porteño y el cuidado que se tenía de esa información. Desde el ministerio se negaron a responder.
En un relevamiento realizado por docentes en la villa 21-24 que testimonió Miradas al Sur, uno de los maestros reveló el caso de uno de estos contratados que hasta pretendía desalentar la elección de los padres por la escuela pública. “Qué lástima que alquilan… porque sino podrían ir a una privada”, les dijo.
Agravando la situación, además de la falta de confirmación de más de 17 mil vacantes, varios cientos de familias recibieron una comunicación, por mail o por teléfono, que indicaba que aquella asignación del lugar de su hijo había sido dada “por error” y que ahora pasaba a estar en lista de espera.
“El problema va a estallar el 25 de febrero, cuando al regresar de las vacaciones se enteren de que les rechazaron las vacantes y que les avisaron por un mail al que nunca accedieron”, anticipaba el docente Pablo Francisco mientras hacía el relevamiento.
Los casos se multiplicaron por miles y sólo en Trabajadores de la Educación (UTE) ya tienen más de 22 mil reclamos.
Frente a este escenario, varios padres decidieron organizarse conformando espacios de resistencia. Algunos, junto a organizaciones políticas, sociales, estudiantiles, de Derechos Humanos y trabajadores UTE, lanzaron la Multisectorial. Desde allí, utilizan las redes sociales para reunirse a debatir y presentar sus reclamos. Así, comenzaron la campaña “Ningún niñ@ sin Escuela Pública”.
En uno de los reclamos recibidos, un padre describe una situación que él mismo considera como un caso “raro”, desconociendo que se tornó algo común: “Aceptaron la inscripción y reconfirmaron la vacante en diciembre. El 10 de enero nos llamaron por teléfono para decirnos que, por un error, mi hijo no tenía la vacante y quedaba en lista de espera. Triple perjuicio: rechazaron algo que habían aceptado; no permitieron a mi hijo participar de la inscripción complementaria, y perdió la vacante del Jardín Maternal donde iba, ya que, al ser confirmado en la Escuela Pública, no pagamos y dejamos su lugar a alguno de los varios chicos que estaban en lista de espera”.
Otro: “Soy docente de una escuela del distrito escolar 21, mi hijo no tiene vacante allí donde trabajo (a pesar de que me corresponde como prioridad). Soy empleada del GCBA y mi hijo no tiene escuela donde concurrir”.
Son cientos. “Hola compañeros: Hoy 10/01/2014 a las 13 me llaman del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires para avisarme que mi hija ha sido ‘Desasignada’ de la vacante que le había sido otorgada para el Jardín Maternal N°7 DE 10, para iniciar el ciclo lectivo 2014 y que queda en lista de espera. No me dicen en qué lugar de la lista ni en qué turno ni dónde debo dirigirme para continuar con el trámite...”. En todos los casos, son textuales presentados con nombre y documento, algo que no publicamos para preservarlos.
A los problemas que venían en aumento desde 2006, este año sumaron las dificultades de inscripción de los secundarios. En estos casos, además aparece que entre las alternativas que les ofrecen no les respetan la elección de especialidad que eligen los alumnos y les ofrecieron a quienes desean ser bachilleres, inscripciones en escuelas técnicas.
Los reclamos fueron tantos que el Ejecutivo porteño decidió abrir en enero una escuela por comuna, no para resolver el problema de la vacante sino para recibir quejas (ver El largo camino del reclamo).
Containers. Aunque el Ejecutivo porteño se niega todavía a reconocer el fracaso, el 14 de enero publicaba en el Boletín Oficial un llamado a licitación para la compra e instalación de “equipamientos modulares” para “incrementar las aulas existentes a efectos de cubrir las vacantes generadas para el inicio del ciclo lectivo 2014” y por el cual pagará casi $27 millones (ver De aulas a depósitos).
En una participación reciente en el programa Duro de Domar, el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, negándose a reconocer el problema dijo: “Desmiento totalmente (que vaya a haber aulas containers). Hay vacantes para todos. Hicimos obras en escuelas como nunca se había hecho en la historia”.
El 90% de los containers estarán ubicados en la zona sur de la Ciudad. De esta forma, el sistema de inscripción on line eleva sus costos casi a 50 millones.
Varias organizaciones se presentaron a la Justicia contra el Gobierno de la Ciudad por no cubrir las vacantes solicitadas y por incumplir la Constitución porteña que estipula que el Gobierno debe garantizar la educación pública a las familias que la eligieran a partir de los 45 días de vida del niño.
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad tomó cientos de denuncias y elevó al jefe de Gabinete porteño la Resolución 3188/13 donde pedía que se otorgaran las vacantes pero además que se realizara un sumario administrativo “tendiente a atribuir y/o deslindar responsabilidades de los funcionarios” del ministerio de Educación porteño por haber aplicado el nuevo sistema “con impericia y falta de seriedad y responsabilidad en el uso de los datos”, a pesar de que habían sido advertido de las deficiencias. La misma resolución que se basa en el incumplimiento de lo previsto en las leyes 26.206, de Educación Nacional (arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 11, 12 y 16); la Ley 26.061, de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, denuncia también la violación de la Ley 1845 de la Ciudad de Buenos Aires, de Protección de Datos Personales al haber puesto en riesgo datos personales de las familias que se registraron.
Hoy, entre las 17 y las 20, la Multisectorial llama a reunirse en el mástil de la Plaza Almagro (Salguero y Sarmiento) y en Parque Chacabuco (y de manera informática, a través de www.multixvacantes.com.ar).
Reclaman que se garantice a tod@s el pleno acceso a la educación pública; que se abran nuevas escuelas; que no haya aulas en containers y que no se cierre ningún curso o grado durante 2014.
http://sur.infonews.com/notas/la-pelea-por-la-educacion-publica
http://issuu.com/miradasalsur/docs/miradas_al_sur_edicion_296/6
