Lo que dejaron las audiencias
Entre las revelaciones importantes que surgieron de las distintas exposiciones se destacaron: los principios de la ley, la importancia de la libertad de expresión, la defensa de la pluralidad de voces, la actividad económica del Grupo Clarín.
Mientras que de un lado los argumentos cuestionaron el crecimiento empresario “monopólico “basado en prácticas “depredadoras” iniciadas en la última dictadura cívico militar; del otro, la empresa exponía un criterio de libremercado para advertir sobre la “incapacidad de sobrevivir” en caso de perder su posición dominante del mercado y denunciaba “hostigamiento” estatal.
El primer día expusieron sus principales argumentos de uno y otro lado; el segundo, debieron responder preguntas del magistrado que buscaría zonas débiles en los argumentos de ambas partes.
Quince minutos es lo que duraba cada exposición de los amicus curiae que prestaron argumentos técnicos y políticos, por partes iguales.
Entre los argumentos en contra de la ley, repetidas veces se confundió libertad de empresa con libertad de prensa. Así, el representante del multimedios, doctor Damián Cassino, señaló que con la aplicación completa de esta ley (esencialmente se cuestionan los artículos 41, 45, 48 y 161 que obligan a la desinversión), “se afecta la sustentabilidad del Grupo Clarín y la afectación a la sustentabilidad afecta la libertad de expresión”. Siguiendo un criterio de economía de mercado, Cassino agregó que “el régimen de multiplicidad de licencias afecta la escala y el alcance del grupo. Cuanto más usuarios existen, los costos se reducen y hacen más posibles las inversiones y si se reduce la escala no se puede mantener la estructura tecnológica”.
Otro de los abogados del Grupo Clarín, Alejandro Carrió, remarcó que “si se altera la red actual, la sustentabilidad del grupo se va a perder y se va a perder la única voz crítica que existe en nuestro país”. Y siguiendo el mismo concepto, la otra abogada del grupo, María Angélica Gelli, no dudó en asegurar que “el Grupo Clarín es el único medio que está en condiciones de hacer periodismo de investigación”. Los abogados, asistidos por Martín Gonzalo Etchevers, Carlos Winograd y Carlos Moltini concluyeron que “lo único que se persigue es desguazar al Grupo Clarín”.
Uno de los momentos que más incomodaron a los representantes de los intereses del grupo mediático que lidera Héctor Magnetto fue cuando debieron responder qué pasaba con la garantía de la libertad de expresión en los casos de los medios que no tienen el mismo poderío económico, teniendo en cuenta que se presentaron al proceso de adecuación 29 grupos de medios donde 14 ya se adecuaron y 15 están en proceso. Titubeos, miradas desorientadas y como contraataque soltaron la presencia o falta de la pauta oficial.
En el contrapunto, se encontraban, entre otros, los criterios de la defensora del Público, Cynthia Ottaviano: “Traigo la perplejidad del público, que espera saber, ¿cuánto tiempo es necesario para la aplicación de una ley antimonopolios? Es decisión de esta Argentina que se avance y profundice la democracia. Estamos ante un grupo comunicacional que cuando tuvo el mandato de informar, silenció un genocidio”. Y remarcó: “No somos usuarios ni consumidores, somos personas con derecho a elegir; en una democracia tiene que haber multiplicidad de voces y eso no ocurre cuando hay concentración comunicacional. Entonces, la ley vino a corregir esas asimetrías”.
También el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, sostuvo en esa línea: “No estamos de acuerdo con la modalidad adoptada por la Corte para esta audiencia. Además de las partes en este expediente, afuera hay un país”. Criticó la “escandalosa demora” en la aplicación de la norma y advirtió: “La Corte desmiente el pronunciamiento de su presidente contra la politización de la Justicia y aplana como mera cuestión de partes un debate vital para la formación de la voluntad popular en una democracia más plena e informada”.
Demostrando una sólida formación legal y de militancia, la abogada Graciana Peñafort Colombi, una de las principales responsables en la redacción de la ley, respondiendo a la pregunta de la Corte que cuestionaba si se deseaba reducir la cantidad de licencias del Grupo Clarín, ¿por qué no se utilizó la vía del decreto?: “Debo notar que en su pregunta hay un error. No se desea reducir al Grupo Clarín, sino que lo que busca tener esta ley es un mercado desconcentrado”. Ante un pedido de razones por las cuales “la conformación actual del Grupo Clarín obstaculiza los fines previstos por la Ley 26.522, en cuanto a garantizar la pluralidad y diversidad de voces y opiniones”, la joven abogada afirmó: “Por la magnitud, tiene posición dominante, marca precios, condiciones de competencia, tiene prácticas predatorias y excluyentes y compra competidores para cerrarlos”. Frente a lo cual, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti la interrogó por la facilidad para quitar las licencias. Entonces, Peñafort Colombi recordó que las licencias “no generaban derechos adquiridos, pero no se quitan discrecionalmente” y afirmó: “Las licencias se enmarcan en actividades de bien público, no es asimilable a una fábrica de galletitas”.
También se destacó Martín Sabbatella, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), respondiendo a los principales argumentos de los representantes del Grupo Clarín: “Todas, absolutamente todas las empresas de la Argentina, menos Clarín, presentaron su plan de adecuación voluntaria. A menos que creamos que todos tienen vocación suicida, o que todos tienen ganas de fundirse, no se entiende cómo el resto de las empresas sí están dispuestas a adecuarse voluntariamente. Es mentira que la aplicación de la ley funde a las empresas. Si uno quiere tener una empresa de comunicación audiovisual en la Argentina, el límite de la ley alcanza. Ahora, si alguien quiere tener una empresa de comunicación audiovisual para otros objetivos, si uno quiere tener otra empresa para extorsionar a la democracia, si uno quiere tener una compañía audiovisual para definir el rumbo del país, si alguien quiere tener una empresa de comunicación audiovisual para manipular la opinión pública o para poner y sacar presidentes, obviamente no alcanza”. También cuestionó el fallo de la Cámara Civil y Comercial cuando “declaró constitucional todo lo que no afecta a Clarín e inconstitucional todo lo que lo afecta”, antes de concluir: “La Argentina tiene un problema en relación con la concentración mediática que nos está lesionando, necesitamos solucionarlo y entendemos, y entendieron los legisladores, que ésta es la herramienta para hacerlo. Por nuestra democracia no queremos nunca menos libertad de expresión y nunca más concentración mediática. Está en sus manos si la democracia puede seguir avanzando o retrocedemos”.
Finalmente, la procuradora Alejandra Gils Carbó pidió a la Corte que “valore el peso relativo de los reales intereses de un grupo de no desinvertir y mantener la concentración mediática y otros intereses que tutelan los derechos fundamentales de la libertad de expresión y la soberanía del pueblo”; requirió de la Corte Suprema “un fallo histórico develando las falacias de este proceso”; lamentó que “todavía se esté discutiendo si es constitucional una ley aprobada por las mayorías en el Congreso y goza del enorme consenso popular”; acusó al Grupo Clarín de obtener “beneficios legislativos y judiciales, gracias al inmenso poder de lobby, con potencialidad extorsiva que proporciona la concentración mediática” y afirmó que “hoy son los medios concentrados los que ponen en jaque a los gobiernos democráticos”.
La Corte Suprema deberá decidir, en base a las exposiciones, si apoya el principio de democratización con leyes que incentiven o protejan la competencia o si apoyará el criterio de propiedad privada, sin importar la forma en la que hubieran alcanzado los bienes que permitieron lograr una posición dominante.
Afuera, en la Plaza Tribunales, una multitud presionaba desde muy temprano por su derecho a la información, en defensa de la democracia y en contra de los lobbies y de las posiciones dominantes. Pantallas gigantes colocadas a los costados del palco donde se realizaría después de las 18 un espectáculo artístico en defensa de la ley permitían seguir lo que ocurría en los tribunales. Aplausos o abucheos y silbidos mostraban adhesiones y descontentos. Curiosamente, el grupo mediático que reclamaba “libertad de expresión” censuró en la transmisión televisiva del canal TN las exposiciones de los defensores de la ley votada por amplia mayoría en el Congreso.
Ya fuera de la audiencia, el abogado del Grupo Clarín Damián Cassino advirtió que si la Corte Suprema no le da la razón a Clarín, “existen instancias internacionales de apelación”.
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