Otro civil cómplice de la dictadura, procesado
El juez federal Daniel Rafecas dispuso el procesamiento con prisión preventiva de quien presidiera la Comisión Nacional de Valores de la dictadura y de cuatro represores más, por el secuestro y tortura de 28 personas bajo falsas acusaciones sobre la comisión de delitos de subversión económica.
La causa por la cual está detenido, caratulada “D’Alessandri, Francisco Obdulio y otros s/ privación ilegal de la libertad...” presentada en el registro de la Secretaría Nº 6 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3, también señala procesados como “coautores de los secuestros y tormentos” al coronel retirado del Ejército Argentino Francisco Obdulio D’Alessandri (que vivía en el barrio de Belgrano, muy cerca de la residencia del ex dictador Jorge Rafael Videla), al ex agente civil de Inteligencia del Ejército Argentino, Raúl Antonio Guglielminetti, al comandante mayor retirado de la Gendarmería Nacional Argentina Víctor Enrique Rei, todos actualmente alojados en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz.
En su resolución, el magistrado explica que “bajo falsas acusaciones sobre la comisión de delitos de ‘subversión económica’, los represores habrían estado en búsqueda del dinero que supuestamente pertenecía a la agrupación Montoneros y que había sido administrado por David Graiver antes de su fallecimiento”.
Por los fundamentos y por el aporte de fuentes extrajudiciales del sistema científico del Estado, con la presentación de más de 400 fojas, podría indicarse como ejemplo de tesis de doctorado. Allí, el veredicto describe minuciosamente el contexto en el que se realizaron los ilícitos y asocia las prácticas de la última dictadura con el nazismo: “Uno de los componentes de la metodología de este plan de represión –que conforme veremos a lo largo de la presente resolución estaba contaminado de las prácticas e ideologías propias del gobierno nacionalsocialista de Alemania de las décadas del ‘30 y ’40 del siglo XX–, era el secuestro de personas, su traslado a lugares clandestinos de detención, su sistemática tortura; y luego la liberación, la legalización o la muerte, primando la modalidad de la “desaparición” del cuerpo de la víctima y de los rastros de su muerte, a los efectos de preservar la impunidad de dichas acciones criminales.” Para identificar luego que “la detención de los empresarios se realizó a instancias de Etchebarne, quien ideó junto al Primer Cuerpo del Ejército, Carlos Suárez Mason, la formación de un grupo de tareas para “investigar ilegalmente la transferencia de acciones del Banco de Hurlingham”.
Una treintena de empleados y directivos sufrieron secuestros entre septiembre y diciembre de 1978 sólo por las causas Chavanne y Grassi, firmas que se habían unido para comprar el Banco de Hurlingham que hasta 1976 había sido propiedad de Isidoro Graiver y Lidia Papaleo luego de la muerte de David Graiver.
Rafecas vuelve en el fallo sobre algunos puntos ya tratados en otras resoluciones, a los que identifica como imprescindibles a fin de explicar aquí también “el marco fáctico en el cual ocurrieron los sucesos analizados, esta vez en torno del centro clandestino de detención y tortura que, dependiente del Comando del Primer Cuerpo del Ejército, funcionara en la Cárcel de Encausados o Prisión Militar de Campo Mayo, que funcionara en el predio militar instalado en esa localidad de la provincia de Buenos Aires”. Para ello, recupera testimonios de sobrevivientes de distintos centros que demuestran la metodología utilizada dentro de un plan sistemático que involucraba a todas las Fuerzas de Seguridad. Entre los otros estudios citados, figura el primer informe generado recientemente por la primera Oficina de Coordinación de Políticas de Derechos Humanos dentro de la CNV (hoy de dominio público), creada hace menos de dos años por el actual presidente del organismo, Lic. Alejandro Vanoli, y que integran la antropóloga María Celeste Perosino, el historiador Bruno Nápoli y el sociólogo Walter Bosisio.
La sentencia, también revisa el manejo de la economía que dirigió Martínez de Hoz y la feroz crisis a la que llevó al país, pero también el de sus sucesores Lorenzo Sigaut y su intento de flexibilización, el de Jorge Whebe y el retorno a las políticas liberales de Martínez de Hoz a través de Roberto Alemann sin dejar afuera temas como los Préstamos Consolidados y la estatización de la deuda privada.
La búsqueda de la verdad y la justicia adquiere mayor profundidad en la búsqueda de partícipes necesarios. El fallo convoca a abandonar falsas construcciones y subraya que la lucha contra el terrorismo y el deber de respetar los derechos y libertades fundamentales no se excluyen, sino que se complementan. Para concluir, el veredicto señala: “La lucha contra el terrorismo por fuera de la legalidad deslegitima la acción estatal. Un Estado no puede combatir a un supuesto delincuente violando las normas que él mismo ha impuesto para la paz social, ya que con ello pierden sustento el respeto a los valores y derechos fundamentales del ser humano cuya preservación ha costado muchas vidas a través de los siglos”. Y rescata una frase de Grete Salus, una sobreviviente de Auschwitz cuando señaló: “El hombre nunca debería tener que soportar todo lo que es capaz de soportar, ni debería nunca llegar a ver que este sufrimiento llevado a la extrema potencia no tiene nada de Humano”.
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