Los paradigmas en disputa, las visiones de los especialistas y la opinión de algunos de los jefes comunales con políticas activas en la materia.
Un taxista se toma a golpes de puño en una avenida céntrica con un transeúnte. Otra vez, un comerciante es atacado. La policía debe recluir en un barrio bien, en un colegio bien, a unos nenes bien, que en una patota bien, atacaron salvajemente a un compañero. Los vecinos de los arrabales, con miedo y armados, abatieron a dos menores presuntamente consumidores, presuntamente delincuentes. Otra mujer muere víctima de violencia doméstica, había hecho tres denuncias.” La crudeza y simplicidad del texto –que pertenece a un espectáculo de la murga Agarrate Catalina– tal vez deje fuera de cuadro los muchos y complejos aspectos de la problemática que plantea la construcción de un esquema de seguridad democrático. La letra, sin embargo, es sintomática de la percepción que amplios sectores tienen sobre la cuestión y, en definitiva, cuestiona los lugares comunes. La violencia trasciende las crónicas de los granes medios.
La presentación en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires de diversos proyectos para la creación de policías municipales reactualiza un debate que, con sordina o sin ella, está siempre presente. “Los que se encuentra en disputa son dos visiones muy distintas del modelo de la seguridad y su vínculo con la democracia”, analiza Alberto Binder en el número 15 de la revista electrónica Voces en el Fénix (ver www.vocesenelfenix.com). La observación de Binder, integrante de la Comisión Directiva del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed), subraya que la disyuntiva pasa por cómo construir una convivencia segura, pacífica, tolerante y respetuosa de los derechos de cada uno.
Desde su óptica, uno de los modelos en disputa busca profundizar un “doble pacto”: el de la dirigencia política con la policía, y el de ella con sectores de la criminalidad que puedan cumplir funciones de control sobre otros sectores también criminales, en una suerte de mercado autorregulado de la criminalidad. El segundo modelo, denominado de seguridad democrática, apunta –señala Binder– a instalar una política “más amplia, compleja e integral que se desarrolle a través de todo un sistema de instituciones, que deben ser gobernadas por la dirigencia política”.
En otro de los artículos que integran el número de Voces en el Fénix, los politólogos Rodríguez Games y Fernández –investigadores del Ilsed– precisan que una de las interpretaciones más instaladas en el discurso público sobre seguridad es que el problema “está relacionada con la debilidad estatal en tres sentidos: la debilidad de las leyes, la debilidad la policía y la debilidad de la política”. El análisis se completa con los medios de comunicación y su influencia en la opinión pública: “En un contexto de competencia por el ráting y el beneficio económico, su metodología consiste en invocar ‘periodismo puro e independiente’ mientras apelan a la emoción para generar empatía con la víctima, agresividad con los delincuentes y crítica de la actuación de las instituciones estatales”, adviertem los autores.
El día a día. En diálogo con Miradas al Sur, los intendentes del conurbano bonaerense consultados durante los últimos días coincidieron, en líneas generales, sobre el rol que deberían cumplir las policías municipales. En este sentido, hicieron hincapié en que deberían ocuparse de cuestiones preventivas, predelictuales y contravencionales; una coincidencia que recogen algunos de los proyectos presentados en la Legislatura de la Provincia. Los mismos jefes comunales consultados señalan que las fuerzas comunales nunca deberían intervenir en los delitos complejos. Los caminos se bifurcan cuandos se trata del grado de autonomía. Desde La Plata, prefieren que sea mínima. Los intendentes alienados con la posibilidad de una reforma reclaman la responsabilidad de la capacitación de los nuevos efectivos y la posibilidad de aplicar premios y sanciones.
“Hay una lectura confusa por parte de la comunidad sitiada por una estructura mediática que hace entender a la sociedad que el problema de la seguridad es del intendente, cuando no tenemos ni la más mínima posibilidad de decidir nada. Clarín está haciendo una campaña de desestabilización de los municipios agitando movilizaciones”, dijo a Miradas al Sur Dario Díaz Pérez, intendente de Lanús.
Gabriel Katopodis, intendente de San Martín, tiene una mirada similar y reclamó enfrentar el actual paradigma de 60 mil efectivos conducidos desde La Plata. Por esa razón, pidió mayores facultades jurídicas y recursos económicos y materiales para encarar el tema: “No sólo por una cuestión de cercanía con los problemas, sino porque somos el primer lugar adonde el vecino viene a hacer su reclamo”.
Katopodis subrayó que son muchos los jefes comunales que han triplicado el presupuesto en seguridad, comprando patrulleros e instalando cámaras, además de haber integrado cuerpos de policías motorizados. “Si hicimos todo esto, bien podemos conducir una fuerza propia”, señaló Katopodis. La mirada del intendente de Morón, Lucas Ghi, discurre por el mismo carril. El jefe comunal propuso trabajar sobre el territorio en conjunto con los foros de seguridad, los comerciantes y las cooperadoras escolares para abordar todas las formas de violencia. Una visión amplia que, sin duda, está lejos del modelo punitivo.
