La municipalización policial, un debate clave
Cinco son los proyectos entre los que se debatirá la forma de municipalización de la Policía Bonaerense. A los ya presentados en la legislatura provincial y elaborados por el senador Jorge D’Onofrio (FpV), el del diputado Guillermo Britos (Bloque Unión Celeste y Blanco) y el del diputado Marcelo Saín (Nuevo Encuentro) se sumará el proyecto impulsado por el intendente de Almirante Brown, Darío Giustozzi.
Miradas al Sur entrevistó a algunos referentes del Conurbano que plantearon sus puntos de vista coincidentes en la necesidad de contar con autonomía financiera, funcional y de instrucción, con que la jefatura estuviera a cargo del intendente y que la nueva Policía debería ocuparse exclusivamente de temas preventivos, predelictuales, contravenciones y delitos menores (no trata ni narcotráfico ni secuestros).
El Intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez, señaló que “sólo estaría de acuerdo con el traspaso si existe el financiamiento absoluto de toda la fuerza”, considerando necesaria la existencia de una estructura regional que estuviera por encima de todos los municipios para evitar que distritos con mayores recursos económicos “tengan una Scotland Yard y otros una policía descuartizada y sobreexigida por los hechos cotidianos”. Advirtió que de existir desigualdades generarían el desplazamiento de la delincuencia hacia municipios menos protegidos y consideró fundamental robustecer los foros comunales como contralor del accionar de la fuerza. Puntualizó que debería destinarse mayor presupuesto a la actual estructura policial, pero reconoció que antes debería ser revisada para evitar reforzar un andamiaje vinculado, en algunos casos, con hechos delictivos. “Hoy tenemos 450 efectivos. Pero en Lanús necesitaríamos que fueran 800 más unos 400 comunales”. Adelantó que busca también la conformación de un departamento judicial entre Avellaneda y Lanús, debido a que en Lomas de Zamora ya están desbordados.
En San Isidro, funcionarios del intendente Gustavo Posse se mostraron preocupados por el tema económico. Federico Suñer, Subsecretario de Prevención Ciudadana del Gobierno Municipal, señaló que descentralizar la policía es bienvenido pero advirtió que debe ser consensuado. Declaró que “ninguno de los proyectos contempla el tema del presupuesto” y consideró que debería estar asignado por ley. Suñer reveló que la cantidad de agentes de la bonaerense en San Isidro es de 321 trabajando efectivamente, aunque oficialmente acusan una dotación 422. “Hay recomendaciones mundiales que indican que la cantidad de policías que se necesitarían por habitante es de 1 por cada 370. Con 321 policías, estamos en el orden del 1 por mil”. Advirtió que hoy la Policía tiene muy poca preparación tanto desde lo humano como en el entrenamiento físico, pasando desde los valores hasta la práctica de tiro. “No puede ser que tengan sólo una revisión por año, donde se los evalúa en 10 ó 15 tiros”. Para Suñer, la nueva Policía no debería estar constituida por integrantes de la Bonaerense porque considera que trasladar esos agentes desarmaría la poca seguridad que hay actualmente.
Desde el municipio de San Martín, el intendente Gabriel Katopodis señala que es importante que los jefes comunales tengan mayores normativas jurídicas y recursos para encarar el tema. “No sólo por la cercanía y porque conocemos las realidades de nuestro territorio, sino también porque somos el primer lugar donde el vecino va a hacer su reclamo.” Desde que asumió en diciembre pasado, asegura haber triplicado el presupuesto municipal y duplicado la cantidad de patrulleros. También puso en marcha un plan para duplicar la cantidad de cámaras instaladas e integrar un cuerpo de policía motorizado con recursos propios para colaborar con la tarea de la provincia. De todos modos, considera que que los intendentes pueden aportar mucho en la medida que tengan herramientas y recursos. “Si no, sólo estamos limitados a contener el reclamo sin posibilidades de dar respuesta.” Afirma que el Estado tiene que estar presente con educación, deporte, espacio público y luminaria para no dejar espacios fértiles a los grupos delincuentes. “El delito no está ordenado a partir de un estrato social; el combate con el delito tiene que ver con bandas y organizaciones que operan en el territorio con un Estado ausente”, sostiene. Mientras que apuntan a la incorporación progresiva de 300 personas más, acusa tener 500 efectivos. “La misma cantidad de efectivos que hace 10 años… pero con el triple de población, problemas más complejos y un porcentaje importante de efectivos con carpetas médicas”, remata Katopodis.
En Morón, el intendente Lucas Ghi remarca algunas diferencias: “El proyecto que presentó el Ejecutivo provincial tiene 4 páginas y el nuestro, 99 . No es que por eso sea mejor, pero éste prevé términos de transición, de recursos, tiene un alcance mayor; va a fondo y genera un instrumento nuevo que depende de manera orgánica, administrativa e institucionalmente del municipio reduciendo las posibilidades de que ocurran delitos”. Para Ghi, es fundamental involucrarse con las distintas formas de violencia que hay en el territorio: “La violencia no es solamente criminal, también nos preocupa la vinculada a la violencia de género, familiar, juvenil, institucional, territorial, que son parte importante de la seguridad ciudadana y que están invisibilizadas”. Acepta que en un principio existiría un espacio de transición que tendría algo de continuidad y algo de ruptura con la vieja fuerza, pero asegura que la incorporación de la conducción política agregaría transparencia, proximidad y eficiencia “tal como lo venimos haciendo en un proceso de similares características, desde hace 12 años, cuando empezamos a gestionar y administrar Morón, con cuatro mil personas”. Ghi denunció que ya se está utilizando políticamente a la Policía para amedrentar opositores, por lo que concluyó que “las voces que he escuchado por la negativa a este proyecto son las que no quieren que eso se modifique y podríamos presumir que se administran de esa forma, y viceversa”, concluye.