El ministro Bullrich amenaza con prolongar el ciclo lectivo y los maestros con un nuevo paro el 24 de noviembre. Las primeras alarmas se encendieron cuando el 25 de septiembre llegaron a todas las escuelas los primeros afiches que indicaban a los docentes que el Ministerio de Educación porteño haría mejoras en el Estatuto. Los gremios pidieron explicaciones pero encontraron como respuesta en la Comisión de Educación que no había nada de eso.Sin embargo, el 30 de septiembre los legisladores del PRO Victoria Morales Gorleri y Enzo Pagani presentaban en la Legislatura un proyecto para derogar 33 artículos del Estatuto del Docente, entre los que se incluye la disolución de las 14 Juntas de Clasificación Docente (organismos mixtos que otorgan un puntaje a los maestros según títulos obtenidos en seminarios, especializaciones, publicaciones, etc.), que son elegidas democráticamente por voto directo de todos los docentes y tienen un mandato renovable cada dos años que contempla la participación de las minorías y del Poder Ejecutivo.
En el proyecto de Gorleri y Pagani, estas Juntas serían reemplazadas por una oficina única de clasificación docente que tendría todas las potestades: calificaría las evaluaciones, señalaría quiénes pueden ingresar al magisterio, elaboraría los contenidos, designaría los directores, eliminaría la recusación de jurados por amistad o enemistad manifiesta con los concursantes y hasta propondría los nombres para el jurado. Contemplaría también la existencia de una única junta que, como una oficina de reclamos, se limitaría a reunir las protestas por bajas calificaciones y a presentarlas con la esperanza de ser tenidas en cuenta.La reacción fue inmediata y los docentes comenzaron una serie de marchas en protesta masiva, sabiendo que al PRO no le alcanzaban los votos para que el proyecto fuera tenido en cuenta. Pero el 11 de octubre, el voto de Sergio Abrevaya (Coalición Cívica) evitaba que archivaran este proyecto.
Según un comunicado enviado desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), “mientras el ministro Esteban Bullrich reivindica el ámbito legislativo como el más democrático, intenta modificar voluntades de legisladores que no forman parte de su fuerza política para poder aprobarlo”.Pocos días después, el 3 de noviembre, 28 mil docentes elegían a sus representantes de las Juntas de Clasificación.
Mientras tanto, en la Legislatura, volvían a tratar el tema con algunas modificaciones que contemplaban pedidos docentes como la creación de un legajo único, pero que insistían con la derogación de las juntas y por eso, los gremios reaccionaron con un “Plan de Acción en defensa del Estatuto del Docente y la Educación Pública sistemáticamente atacados por el Gobierno de la Ciudad”, que llevó a los docentes a una marcha que se realizó ese mismo día, frente a las puertas de la Legislatura y del que participaron miles de docentes porteños.
El acatamiento al paro fue del 95 por ciento. Los docentes cargaban carteles que subrayaban: “Yo no fue elegido a dedo”. De nada sirvieron las amenazas del Gobierno porteño de descontar los días a quienes se sumaran al reclamo y de extender las clases hasta fin de año.“Desde que asumió, el PRO ha prohibido a los docentes hacer declaraciones a los medios sobre el estado edilicio de las escuelas y no lo lograron. Mientras que con la lucha conseguimos que se restituyeran y se ampliaran las becas a los estudiantes, impedimos el cierre de 82 cursos de primaria al inicio del 2010 y evitamos que se entregaran listas negras de estudiantes que reclamaban condiciones dignas”, señaló a Miradas al Sur Guillermo Parodi, secretario adjunto de UTE, y agregó: “Es un intento de disciplinar a los docentes por un gobierno que desvió recursos públicos a la educación privada, que subejecutó el presupuesto, que pretendió poner cámaras de seguridad en los colegios donde se habían realizado tomas estudiantiles, y de un ministro (Bullrich) que censuró los materiales elaborados para el Bicentenario. Incluso, no me consta que se haya desactivado la línea telefónica 0-800 que habían instalado para denunciar compañeros de manera anónima”.
En lo que va del 2011 ya se habían realizado seis cambios en el Estatuto, pero de manera conjunta entre el ministro y los gremios, en reuniones de mesas de trabajo, que luego pasaban los proyectos a la Legislatura.Hoy los gremios reclaman “que lleven la discusión a todas las escuelas de la ciudad durante los meses de diciembre y febrero como se hizo antes de la aprobación del actual Estatuto” y anticiparon que cuando vuelvan a tomar el tema, volverán a parar, y que el día anterior instalarán una carpa frente a la Legislatura.
