La censura es el PROblema en Salud Mental
La nueva directora del área en la Ciudad Autónoma, María Concepción Grosso, amenazó con sumariar a profesionales de los hospitales si denuncian irregularidades.
La flamante titular de la dirección de Salud Mental porteña, María Concepción Grosso, tuvo un debut poco auspicioso. De entrada, amenazó vía memorando a los directores de los hospitales con sumariar a aquellos profesionales que brindaran información a los inspectores de la Asesoría General Tutelar (AGT), aunque estén obligados a hacerlo por mandato constitucional.
El Ministerio Público Tutelar integra el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma. Es una institución rubricada por la Constitucional local, y cuyas funciones son exigir y garantizar los derechos de personas menores de edad y de personas afectadas en su salud mental. Desde su creación, una ley regula su funcionamiento y prevé tanto el monitoreo y la inspección de los lugares de detención o de internación, como la investigación y la convocatoria a funcionarios para requerir información sobre algún tema que hubiera sido motivo de alguna denuncia o cuestionamiento.
Según indica el memorando de Grosso, “si el asesor labra un acta cuando un agente le dice que necesita 100 enfermeros más, entonces el director o subdirector no sólo no debe firmar el acta, sino que tiene que dejar expresamente asentado que tal agente no tiene facultad jurídica ni fáctica para determinar las necesidades del hospital”. Luego concluye que “es también fundamental iniciar actuaciones sumariales a quienes incumplan con estas pautas”.
“En cuanto supimos del memorando, nos preocupamos mucho”, señaló a Miradas al Sur la doctora Gabriela Spinelli, coordinadora del Área Salud Mental de la AGT. “Pedimos explicaciones al ministro de Salud (Jorge Lemus) y mantuvimos una serie de reuniones con autoridades de ese ministerio solicitando se revocara esa decisión de obstruir el accionar de la Justicia.”
Los psicólogos del Hospital Ameghino llevaron el caso a la Legislatura. Una de ellos, Miriam Dios, dijo que “es una más de las medidas que se aplican para que los profesionales no podamos dar cuenta de las dificultades que están atravesando las instituciones públicas”.
Desde la Legislatura, el presidente de la Comisión de Salud, el médico Jorge Selser (Proyecto Sur), apuntó que han solicitado informes al Poder Ejecutivo acerca de cuáles eran las atribuciones que tenía desde el punto de vista constitucional para tomar una medida de esas características, dado que la Asesoría Tutelar es un organismo de poder público. “Ahora, esperaremos a la doctora –dijo–. Pero sabemos que esto pasa tanto en Salud como en Educación y en otras áreas del gobierno porteño; en definitiva, lo que quieren es evitar que se sepa qué pasa realmente en la ciudad”.
Para Selser está claro que están tomando medidas contra todos los funcionarios que han manifestado opiniones contrarias a las políticas del ministerio de Salud. “Todos aquellos médicos o psicólogos o profesionales de otras áreas que no concuerdan con la política del ministerio son apartados o cesanteados”, dijo.
Por su parte, Spinelli remarcó que la nueva Ley de Salud Mental (Ley 448) “resulta un avance notable respecto de los abordajes interdisciplinarios en una distribución de poder que pretende romper con un modelo médico hegemónico, que evidentemente no es compartido por el Gobierno de la Ciudad, que está buscando diversas formas de obstaculizar su cumplimiento”.
Doble agente. Tal vez convenga recordar que Grosso militó gremialmente en la Asociación de Médicos Municipales (AMM) –una asociación muy ligada al PRO– y dentro del Hospital Ameghino, uno de los espacios de mayor resistencia a los recortes del macrismo y que más han presionado por la plena vigencia de la ley 448. El Ameghino es la institución donde se cesanteó al por entonces director Rubén Slipak.
Curiosamente, justo una semana antes de la presentación de este “memo”, desde AGT tuvieron una reunión con el equipo que acompaña a la médica Grosso para plantearle el incumplimiento de un compromiso asumido por la gestión anterior. Se trataba de revisar ciertos convenios con instituciones privadas contratadas por la Dirección General de Salud Mental, que no sólo sostenían una lógica de encierro impropia para ese tipo de establecimientos, sino por las severas irregularidades en el alojamiento y la medicación suministrada a los chicos. “En esa reunión, nos pidieron una semana –recuerda Spinelli–. Lo creímos razonable. Hoy no podríamos asegurar que ese memorando haya sido realizado por nuestra visita, pero es inobjetable que los hechos ocurrieron, y en ese orden”.
Desde Miradas al Sur se intentó contactar a María Concepción Grosso a través de la AMM, desde donde respondieron que “la doctora no puede hablar con los medios, hablen con Prensa de la Ciudad”.
En la Asesoría General Tutelar aseguran que si el ministro Lemus no revisa esta medida, accionarán judicialmente.
