Legisladores porteños repudian una nueva persecución judicial contra ocho empleados del primer coliseoEl gobierno macrista, una vez concluida la feria judicial, iniciaría una demanda sin precedentes contra ocho trabajadores del Teatro Colón (siete son delegados) por $ 11 millones por supuesto daño económico al haber tenido que levantar la temporada 2010 por los conflictos laborales. Pero sumaron unos $ 44 millones más, en concepto “de daños futuros y potenciales”. De esta manera, profundiza el conflicto, penaliza la protesta, criminaliza a los representantes y ejerce persecución ideológica, política y gremial.
Si bien a mediados de enero pasado el director general, Pedro Pablo García Caffi, había anunciado un arreglo con los trabajadores, ese trato sólo se dio con un gremio minoritario, Sutecba. Casi al mismo tiempo, García Caffi iniciaba una demanda contra varios de los que habían resistido el despido de 400 empleados y contra aquellos que habían iniciado juicios contra el Ente Autárquico Teatro Colón por la afectación del patrimonio cultural.
Consultado por Miradas al Sur, el diputado porteño del bloque Encuentro Popular para la Victoria, Francisco Nenna, y presidente de la Comisión Legislación General, advirtió que “este conflicto viene desde hace tiempo y es del gobierno de Macri con los trabajadores de distintas áreas del Teatro Colón, como por ejemplo cuando se los quiso enviar a hacer tareas administrativas mientras se reparaba el Teatro, o como cuando se puso un piso inadecuado que provocó lesiones a los bailarines”. Nenna criticó que frente al reclamo de mejores condiciones salariales y laborales, el macrismo reprime. “Pero más allá de lo ideológico, este planteo cuestiona el artículo 14 bis”.
Por otra parte, el diputado Raúl Puy, del bloque Diálogo por Buenos Aires y presidente de la Comisión de Cultura de la Legislatura porteña, ya presentó el expediente 3532-D-2010 donde declaró el más enérgico repudio y preocupación ante la decisión del Poder Ejecutivo de avanzar con la demanda. “Están actuando de manera inconstitucional”, señaló, convencido de que la Justicia terminará dándoles la razón a los trabajadores y asumiendo que se trata una situación persecutoria. “El 1º de noviembre, cuando García Caffi fue a la Legislatura, se lo señaló como responsable de levantar las funciones”. Para Puy, “lo que han hecho es un apriete y les salió mal”.
Para el diputado Julio Raffo, del bloque Proyecto Sur y vicepresidente primero de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura porteña, “es un desatino total tratar de resolver un conflicto gremial por la vía del juicio. Tengo confianza en que el Poder Judicial lo va a rechazar. Las huelgas han sido el ejercicio de un derecho, no puede constituir un acto ilícito”.
También desde Encuentro Popular para la Victoria, María José Lubertino, vocal de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura porteña, apuntó que “el gobierno porteño les haga juicio a sus propios trabajadores no sólo implica una incapacidad para el diálogo, sino también la negación básica del principio del derecho laboral”. Consideró “terrible” que se lleve a judicialización un conflicto gremial y advirtió que sólo lograrán que hasta los trabajadores que aún no están sindicalizados se solidaricen con quienes hicieron el reclamo.
Aportando la mirada de un especialista en leyes laborales, Alberto José Robles, consultor de la Organización Internacional del Trabajo remarcó que este juicio no va a tramitarse en la Justicia laboral, sino en el fuero contributivo tributario, “donde no se tiene el espíritu de protección de los trabajadores que sí tiene, por ejemplo, el fuero laboral”. Y advirtió que la huelga es un derecho constitucional incluido en declaración de los DD.HH. y que tiene carácter internacional. “Hacer un juicio a un trabajador por haberse defendido legalmente atenta contra la seguridad jurídica. Es un mensaje de tipo extorsivo a todos los trabajadores para que les quede claro que cada vez que le hagan una huelga a un gobierno macrista, van a tener que poner abogados, ir a Tribunales, gastar plata y soportar dolores de cabeza”. Y no dudó en calificar esta medida como propia de un gobierno fascista que busca disciplinamiento laboral.
Máximo Parpagnoli, delegado del Colón por ATE, se mostró sorprendido por “la magnitud del despropósito” de la medida y adelantó que este miércoles 16, a las 10, harán una nueva asamblea y un acto público en la puerta de la calle Libertad del Teatro Colón donde definirán las medidas a seguir, aunque García Caffi asegure que la temporada se iniciará el 29 de marzo próximo.
