Publicada en Miradas al Sur el 20/09/2015




TUCUMÁN | Un laboratorio de ensayo

       20/09/2015     168 VISUALIZACIONESTUCUMÁN | Un laboratorio de ensayo

La Sala Iª de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de
Tucumán sostuvo, en un fallo, anular las elecciones provinciales
celebradas el 23 de agosto. Un hecho inédito en la historia
democrática de la Argentina. “Es una decisión judicial ridícula,
destituyente, de una gravedad institucional inu­sitada, que se
mete lisa y llanamente con la voluntad popular; es un delito de
prevaricato, cuando un juez toma una decisión arbitraria,
sabiendo que no tiene competencia para poder hacerlo”,
sostuvo el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, que calificó de
“golpe de Estado judicial” al fallo. Y anunció que se recurrirá a
la Corte Suprema de Justicia e incluso advirtió la eventual
posibilidad de pedir la intervención federal de la provincia.
La Constitución de referente
El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat especificó que
para que se dicte la nulidad general de un acto electoral “el
requisito mínimo es que haya una impugnación que supere la
mitad de las urnas escrutadas”. Y advirtió que en caso de que
la Justicia no hubiera dado una respuesta definitiva sobre la
validez de los comicios antes del 29 de octubre, que es cuando
debieran asumir las nuevas autoridades, “se podría prorrogar el
mandato del actual gobernador, José Alperovich” por analogía
del derecho privado. Consideró “una pura creación indocumentada
lo del fraude sistémico al que alude el fallo” y reiteró que allí la
Sala I “se atribuye una competencia que la Constitución provincial
se la da exclusivamente a la Junta Electoral de la provincia, que
está encabezada por el presidente de la Corte Suprema de
Justicia provincial”. Aníbal Fernández además criticó al diario
La Gaceta que expresó que los votantes pobres “son los que
menos capacidad tienen y no debieran expresarse”, incurriendo
en una grave falta de discriminación.
El fiscal de la Procuración General de la Nación, Felix Crous,
en diálogo con Miradas al Sur, recordó que sí han habido
cuestionamientos, objeciones o impedimentos a la presentación
de algunos candidatos, por su idoneidad para asumir un cargo
(recordemos los casos de Patti o Bussi) y han existido conflictos
judiciales sobre la capacidad o no de algunos candidatos
(recordemos el caso Zamora cuando intentó una nueva reelección
y no lo habilitó la Corte federal), pero es inédito que un tribunal
inferior, como es la Sala 1ª de la Cámara en lo Contencioso
Administrativo, sustituya a un tribunal superior como es la Junta
Electoral, cuando ésta ya había culminado su tarea en la
evaluación que hacen de la transparencia del escrutinio y sobre
las condiciones en las que se realizó la votación y lo ocurrido
después de que la votación. “Es un fallo de un contenido
tremendo; un fallo que exhuma discriminación y pone a la palabra
judicial en los umbrales del voto calificado”, subraya Crous y
cuestiona que se trata de una sentencia que instala derechos
cívicos de la ilustración indicando que existen derechos especiales
para la ilustrada burguesía tucumana y que existen derechos
civiles de minusvalía para los pobres que reciben comida o que
son trasladados para votar. “Sostiene que las personas que
eran llevadas por un remise de algún partido político o que recibían
como compensación algún refuerzo de alimentos, al ingresar
al cuarto oscuro, estaban coaccionadas de algún modo. Como
si tuvieran alguna forma de controlar esa contraprestación. O si
la persona que mira televisión todo el día y decide por la
sobreactuación de la representación de la violencia social no
tuviera también su libertad coaccionada o condicionada”.
El problema de fallar
La sentencia explicita que “manifiesta que en la presente acción
se denuncia y deduce la nulidad de las elecciones celebradas
en la provincia, por cuanto los derechos de los ciudadanos fueron
violentados por el gobierno de la provincia y por su brazo político,
el Frente para la Victoria, habiendo desplegado y urdido una
maquinación fraudulenta desde mucho antes del inicio del acto
comicial, la que se intensificó el día 23/08/2015”. Refiere que
en Tucumán “se ha verificado el despliegue de maniobras
organizadas que constituyen un fraude estructural e integral
en que las pintorescas irregularidades ocurridas el día del comicio
no son ni las más significativas, ni las únicas causales que
invalidan el proceso electoral, pues son la manifestación
lacerante y puntual de un sistema esencialmente fraudulento e
incapaz de garantizar la libertad del sufragio de los electores”.
El dictamen
Refiere a un “sistema que excede a las dádivas tradicionales
alcanzando formas más sutiles de compra o enajenación de la
voluntad, la que se concreta cuando desaparece la inteligencia
colectiva y los consensos y entra a regir la voluntad arbitraria
de una o de un reducido grupo de personas”. Y habla que en
“uso de­senfrenado del poder en provecho particular y no en miras
al bien común, se ha plasmado en el bolsoneo de todo tipo,
desde la patética bolsa conteniendo comida hasta la distribución
autocrática de cargos, funciones y favores en un entramado sutil
y de infinitas manifestaciones tendientes a comprar voluntades
o acallar voces”. Señala que “resultaba obvio” que ante el “tamaño
contexto de inequidad, desigualdad y obsceno aparataje del
gobierno, correspondía de modo inexcusable la adopción de
medidas concretas que constituyeran un valladar idóneo frente
a la marea de concupiscencias y desmesuras que amenazaban
barrer con la libertad de conciencia y, en consecuencia, con la
libertad de sufragio”. También revisa “los graves hechos y delitos
ocurridos antes, durante y después del proceso electoral”, a los
que alude como “graves hechos de público conocimiento (retención
de documentos de quienes reciben planes sociales, suplantación
de identidades al momento de votar, etc.) dirigidos a cada elector,
sino también a otros actos generales y sistemáticos (abuso de
publicidad oficial, quema de urnas, tiroteos, agresiones a
gendarmes, amenazas públicas, carga irregular de telegramas
por parte del Correo Argentino, etc.), todos tendientes a
producir intimidación pública”.
“Entiendo que esto no tiene legitimidad –señala Crous–. Pero
hay ya un daño muy grande al sistema electoral y a la
democracia. Están jugando con cosas que no tienen repuesto”,
quien cuestiona que en el fallo hay citas dogmáticas de la
Corte Interamericana traídas de los pelos que nada tiene que
ver con la realidad que está atravesando Tucumán. “Y la otra
cuestión es que llega a decirse que era ‘público y notorio el
sistema prevendario’, y lo dice un tribunal que toma una decisión
de semejante magnitud y se releva a sí mismo de producir
las pruebas que demuestren que la construcción del sentido
común y ‘lo que es público y notorio’ no es más que una
construcción mediatizada”.
Entre las irregularidades del fallo, está que fuera anunciado
en el prime time más como una noticia que como un fallo,
que fuera publicado en los medios de comunicación antes
que en el sitio web del Poder Judicial tucumano, que parte de
la base de dar por sentado que las prácticas que critican son
llevadas adelante por el oficialismo tucumano, y no por la
oposición, que esconde particularmente que los hechos más
graves que describe el mismo fallo (como la quema de urnas
y otras maniobras) fueron indicados a la oposición y no al
oficialismo.
Además de la posibilidad de que interviniera la provincia el
Estado Nacional, está la posibilidad de que lo trate la corte
tucumana, un tribunal superior que tiene la particularidad de
que uno de sus miembros es también el presidente electoral
que se enfrentará a lo que un juez de una instancia inferior le
ordena. Otra opción es que intervenga la Corte Federal, una
Corte raquítica donde hoy hay cuatro jueces y entre ellos uno
ya presentó la renuncia a partir de diciembre.
Gente descarriada
Las sistemáticas denuncias de fraude en las elecciones
comenzaron con planteos de Elisa Carrió, en los días previos
a cada elección, desde 2007. Desde entonces, cuando
perdía salía a advertir que ya lo había dicho (aunque nunca
pudo probar nada) y cuando ganaba, se callaba. Incluso en
febrero de 2008, Eduardo Macaluse, un ex compañero de Lilita
Carrió y luego diputado del SI-Buenos Aires, relativizó sus
denuncias al afirmar que: “Ella dijo: ‘Perdimos porque nos
robaron boletas’. Pero si sacás la cuenta, tendrían que haberte
robado 5 millones de votos. Eso no fue así. Eso es echarle
la culpa al otro y es eludir la primera tarea que tiene uno”.
Hoy, parecería que desde la oposición conservadora todos
se han carriotizado detrás de la zanahoria del poder a
cualquier precio.
La diferencia en Córdoba Capital
El intendente radical de Juntos por Córdoba (el frente opositor
que aúna a la UCR, al PRO y a la Coalición Cívica), Ramón
Mestre, se impuso en las elecciones de la capital cordobesa
del pasado domingo, con el 32,79% de los votos, contra el
periodista y candidato Tomás Méndez, del Movimiento ADN,
apoyado por el FpV, que se ubicó en segundo lugar con
el 23,05%. El tercer lugar, con el 17,34% de los votos, lo
ocupó Esteban Dómina, candidato a intendente del espacio
delasotista Unión por Córdoba, quien resaltó que “la voluntad
del ciudadano es el arma más poderosa de la democracia y hay
que acatar lo que la gente dice. Ahora nos toca estar en el
lugar en donde la gente nos puso”.
Mestre fue reelecto para un segundo período como intendente
de la ciudad de Córdoba y celebró inmediatamente conocidos
los resultados avanzados (aunque no finales) del escrutinio
junto al candidato presidencial de Cambiemos, Mauricio Macri,
y al titular nacional de la UCR, Ernesto Sanz, y sostuvo su
deseo de “trabajar juntos” con el gobernador electo Juan
Schiaretti, porque “Córdoba necesita que los dirigentes no se
peleen, necesita que se tomen del brazo”. Por su parte, Méndez
dijo “a los que nos votaron, que se queden tranquilos, que vamos
a representarlos” en el Concejo Deliberante, para “evitar que
la gestión municipal siga siendo un negocio para funcionarios
y empresarios”. Finalmente, el senador nacional Luis Juez,
candidato por la alianza Fuerza de la Gente, que había mostrado
simpatías y enemistades con Macri, dependiendo del apoyo
que recibía, quedó en cuarto lugar con el 15,86% de los votos.
Y aseguró que debió “enfrentar a tres aparatos económicos
muy fuertes, aunque eso no le quita méritos a los que ganaron”.
Miradas enfrentadas que sin embargo no pusieron en duda al
sistema representativo.
Chaco y los esfuerzos por autocumplir profecías
Ahora dicen “es una fórmula de la que ha abusado Clarín en
su voluntad por generar descrédito a los enunciadores y que
le ha significado un mote de burla desde la revista Barcelona”.
Pues bien, ahora dicen que en Chaco va a ocurrir algo parecido
a lo ocurrido en Tucumán.
Chaco es en una provincia que tiene una tradición de
transparencia que viene desde los principios de la democracia,
donde han habido elecciones muy reñidas y donde nunca hubo
ningún tipo de anomalía. Hasta el tribunal electoral mismo, que
es presidido por opositores, sostiene esto. Una provincia donde
se han alternado en el gobierno radicales y peronistas desde
el retorno democrático, y donde los chaqueños presumen del
fair play en la política local. Y aunque ya han empezado a plagar
medios opositores con denuncias nunca comprobadas de la
existencia de “miles de documentos mellizos” va a resultarles 
difícil complicar las elecciones como lo consiguieron en Tucumán, 
que es una provincia con grandes diferencias sociales 
producto de una gran concertación de la riqueza.






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