Publicada en Miradas al Sur el 15/11/2015






LA METROPOLITANA MATA | El gatillo fácil, contra el joven Lucas Cabello


Con una inmediatez inusitada, la vicejefa de Gobierno porteño
y gobernadora electa de la provincia de Buenos Aires, María
Eugenia Vidal, enfrentó a los medios repitiendo la versión que
hizo circular la Policía Metropolitana (PM) en un caso de gatillo
fácil que involucraba a un miembro de esta fuerza. La misma
versión que desde temprano intentaron imponer en los medios
hegemónicos.
Al día siguiente, por la trascendencia que tomó el tema,
“la calladita”, como la describe en una excelente nota la
periodista Luciana Peker, puso la cara y repitió lo que le
dijeron que dijera, por más barbaridad que fuera. No era
conveniente, claro, que Mauricio Macri fuera quien repitiera
el guión que le pasó la policía que él creó, porque podía
restarle puntos en el tramo final del balotaje por la Presidencia
de la Nación.
Lucas Cabello, de 20 años, está (al menos al cierre de esta
edición) muy grave en el sanatorio Los Arcos, adonde se lo
trasladó luego de que fuera intervenido quirúrgicamente en el
Hospital Argerich. Allí le practicaron una traqueotomía, se le
extirpó un testículo y no se le pudo sacar una bala alojada
en la médula.
Su padecer comenzó el lunes cuando recibió tres disparos del
oficial de la PM, aunque, tal vez, comenzó bastante antes.
El joven Lucas, padre de Milena de dos años y cinco meses,
vivía en condiciones precarias desde hacía 10 años en una
casona del Instituto de la Vivienda (IVC) de la calle Martín
Rodríguez 549, a la que había llegado “de forma transitoria”
con otras 14 familias desalojadas de conventillos. En la cuadra
y en el barrio las relaciones sociales estaban tensas por la falta
de respuesta habitacional a todas las familias que empeoraron
en los últimos años, a pesar de las promesas. Sin embargo, el
Gobierno de la Ciudad, en lugar de buscar resolver los conflictos
garantizando derechos a través de asistentes sociales, puso
policías. Y peor, puso policías con muy poca experiencia,
preparación y capacidad de contención.
15-muralEntre las
15.30 y las
16 del lunes
regresaba
Lucas de la
panadería
con su
hija de la
 mano.
En la otra,
tenía los
dos sándwiches
 de milanesa que comerían juntos y que acababa de comprar, cuando
 recibió un balazo del oficial Ricardo Ayala, de 24 años y pocos
meses de instrucción. Según declararon los testigos, entre los
que se encuentra la panadera, el primer balazo lo derribó y lo
dejó en posición fetal en el piso. Sin embargo, Ayala se acercó
y disparó dos tiros más, contra todos los protocolos, uno en el
bazo y otro en el mentón. Claramente, quiso rematarlo a quemarropa.
Se asomaron los vecinos y Ayala sólo atinó a guardar su arma
 y meterse en la casa contigua, que era donde estaba haciendo
guardia por un conflicto entre vecinos donde nada tenía que ver
Lucas. Ese no es un hecho menor, porque hacía varios días
que Ayala tenía visto a Lucas.
La madre de Lucas pidió a otros policías que la ayudaran a llevarlo
 al hospital, pero se negaron; y encontró solidaridad entre los
vecinos. Fueron al Argerich. Allí le dieron las primeras atenciones
y le realizaron las operaciones quirúrgicas. La familia de Lucas
regresó a la noche a su casa y se encontró con un vallado de
la misma PM que les impedía el acceso. En los medios ya hacía
horas que circulaba la versión de la Metropolitana que hacía referencia
a un tiroteo con un “trapito”. Los vecinos, indignados, cortaron
el cruce de las calles Almirante Brown y Villafañe en reclamo
de justicia.
La versión policial es la que repitió Vidal agregando que “se trató
de un caso de violencia de género”. Inventó así que el policía
disparó porque defendía a la esposa de Lucas: “Se le había dado
un botón antipánico a la pareja de esta persona y se agregó una
consigna policial, para otorgarle protección a la mujer”.
El propio subjefe de la PM, Ricardo Pedace, la desdijo: “No,
no, no es que desmiento (a María E. Vidal) sino que (la violencia
de género) no era el motivo del hecho que ha ocurrido”. Ayala
fue detenido y llevado a la Comisaría 24ª.
Como coartada, en su declaración del jueves, Ayala aseguró
que Lucas lo había amenazado con un arma, y que ése fue
el momento en que disparó dos tiros. El tercero dijo no recordarlo.
Sin embargo, y a contramano de lo que suele ocurrir, nunca
apareció la supuesta arma de Lucas (ni siquiera se ocuparon
de plantarla), no había rastros de pólvora en sus manos y los
únicos tres casquillos que se hallaron eran del arma de Ayala.
Respecto del botón de pánico, el mismo Ayala reconoció ante
el juez Osvaldo Rappa que, como no funcionaba su teléfono,
fue él mismo el que lo accionó para llamar a sus compañeros, 
luego de dejar a Lucas baleado en el suelo. Subió al primer 
piso de la casa contigua, donde estaba el departamento de 
la mujer a la que se le había facilitado uno de los artefactos 
y lo accionó. También Ayala declaró que Lucas lo había 
hostigado el día anterior, algo que debería haber sido informado 
de inmediato en comisaría y a los superiores. No existe tal 
registro.
“Consta en las actas de la Policía Federal que fue a dar
respuesta que no se encontró más que el arma de Ayala
y sólo las tres vainas de su pistola. Según los testigos que
declararon en Procuvin, que con el primer tiro Lucas quedó
en el piso, y se acercó a rematarlo”, sostuvo en diálogo
con Miradas al Sur Nahuel Berguier, quien junto a la Dra.
Gabriela Carpinetti representan a la familia de Lucas Cabello.
Y remarca: “Es responsabilidad de la conducción política
de las fuerzas de seguridad qué tipo de agentes ponen en
qué circunstancias”.
La causa está caratulada como “tentativa de homicidio
agravado” y cursa a cargo del juez Osvaldo Rappa, en el
Juzgado de Instrucción 35. Intervienen la fiscal de La Boca
Susana Calleja y el titular de la Procuraduría de Violencia
Institucional (Procuvin), Miguel Ángel Palazzani, quien señaló
que “Lucas no estaba armado. No se trató de un caso de
violencia de género. Es un hecho de la más alta gravedad
en materia de violencia institucional”.
En ese sentido, el Dr. Berguier remarcó que los dichos de
Vidal son lisa y llanamente falsos. “No es cierto que Lucas
tuviera una denuncia de su esposa, ella misma salió a
declararlo. Es vergonzoso y es una falta de respeto que en
lugar de poner al policía a disposición de la Justicia y de
solidarizarse con la víctima que está luchando por su vida,
salga a ensuciarla y a entorpecer la investigación. Incluso dijo
que la esposa tenía un botón antipánico que fue lo que accionó
la respuesta del policía y no sólo no es ella la que lo tiene sino
una vecina, sino que además sonó después de los disparos,
porque lo accionó el mismo Ayala para llamar a sus compañeros.
Pero incluso si hubiera sido cierto, no es disparar una forma
de atender un conflicto de violencia de género. Hasta el subjefe
de su propia policía la desmiente. Y lo agravante es que para
sus mentiras se valga de una causa que impactó tanto a la
sociedad como es la violencia machista, algo que nunca le
importó porque, de hecho, cerró el Programa de Atención a
las Víctimas de Violencia Sexual”.
En una conferencia de prensa dada el miércoles, estaban
presentes junto a Carolina, la madre de Lucas, y sus abogados:
Eugenia Vázquez, la hermana de otra víctima de violencia
institucional, Miriam Medina; madre del estudiante asesinado
Sebastián Bordón; Gustavo Melmann, padre de Natalia,
muerta en un femicidio en 2001, algunos diputados y
legisladores porteños que se solidarizaron con la familia.
Entre ellos, el diputado Leo Grosso, referente de la Campaña
Nacional contra la Violencia institucional y responsable
nacional del frente juvenil del Movimiento Evita, se solidarizó
con la familia de Lucas, manifestó su repudio a las fuerzas
de seguridad del Gobierno de la Ciudad y remarcó: “Una vez
más la Metropolitana dispara a sangre fría contra nuestra
juventud. ¿Este es el cambio que propone Macri? ¿Qué futuro
para nuestro país pretende Macri baleando a nuestros pibes?
Lucas recibió tres disparos ¿y nadie dice nada? Definitivamente,
el cambio no es por acá”.
Futuro por pasado
La gaffe de Vidal al saber que había ganado la gobernación
de la provincia de Buenos Aires cuando dijo “Cambiamos
futuro por pasado” tomó una vuelta tenebrosa en el nuevo
contexto de este nuevo caso de gatillo fácil, que obliga a revisar
algunos antecedentes de la Policía Metropolitana (PM) y que
demuestra que el caso de Lucas Cabello no es un hecho aislado,
que no hubo “excesos” ni “errores”, sino que se trató de una
lógica de la derecha con poder.
La Policía Metropolitana fue creada por la Ley 2.894 de Seguridad
Pública, sancionada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos
 Aires el 28 de octubre de 2008 y entró en actividad el 5 de febrero
de 2010. Bajo control del Jefe de Gobierno de la ciudad, comparte
las funciones de policía de seguridad en la Ciudad de Buenos
Aires con la Policía Federal Argentina y, en la zona portuaria,
con la Prefectura Naval Argentina. Y aunque el gobierno estimaba
que tendría cerca de 15.000 efectivos en 2009, en 2014 había
sólo 3.000 efectivos. En julio de 2009, Macri designaba como
primer jefe de la Policía de la Ciudad a Jorge “el Fino” Palacios,
un ex comisario de la Policía Federal que había sido dado de
baja en 2004 por grabaciones que demostraron que, sin
conocimiento de sus superiores, mantenía conversaciones
telefónicas con uno de los imputados en el secuestro de
Axel Blumberg. Sin embargo, el Fino ya tenía antecedentes
penales entre los que se destaca su vínculo como encubridor
del atentado terrorista contra la AMIA (1994), los homicidios
en la represión policial de 2001, también por alertar de un
inminente allanamiento a los empresarios textiles de la empresa
contratada por el gobierno de Macri para proveer de uniformes
a su Policía. En agosto de 2009 renunciaba Palacios y asumía
Osvaldo Chamorro, que renunció unas semanas más tarde por
estar vinculado a un caso de espionaje en la CABA. Se
sucedieron entonces Eugenio Burzaco (hasta fines de 2011),
y asumió el ex comisario de la Policía Federal Horacio Alberto
Giménez.
Una nota publicada en Infojus en 2013 recuperaba un informe
del CELS del que se desprendía la represión como método; y
recorre un listado que va desde la represión en diciembre de
2010 en el Indoamericano hasta la represión “disparando a
mansalva, indiscriminadamente, a corta distancia y al cuerpo”
contra internos psiquiátricos, médicos, legisladores y periodistas
que fueron golpeados en el momento en el que intentaban
documentar la represión y que fueron amenazados verbalmente
por integrantes de la PM dentro del Hospital Borda. Sin dejar
de lado las intervenciones violentas en la Villa 31, en el Parque
Centenario contra vecinos que se oponían a la colocación de
las rejas, la Sala Alberdi del Teatro general San Martín donde
intervinieron policías de civil y sin identificación golpeando a
manifestantes, y los desalojos violentos en La Boca, la Villa
21-24 y los constantes operativos contra manteros y vendedores
ambulantes.
En el caso del Indoamericano, donde unas familias intentaban
encontrar un paliativo a sus problemas habitacionales irresueltos
y se los desalojó en lo que resultó una verdadera cacería policial,
 la PM persiguió a los tiros a la gente afuera del predio y disparó
 desde un puente hacia el interior de la Villa 20. En esa oportunidad
murieron Bernardo Salgueiro, de 24 años, que vivía en esa villa y
 que ni siquiera había participado en la toma, y Rosemary Chura
Puña, de 28, asesinada por una bala de plomo.
La PM siempre utilizó gases, balas y golpes que se extendieron
mucho más de lo explicable y después de la represión (que fue la
única opción que evaluó para abordar el conflicto) el Gobierno de
la Ciudad se ocupó de culpar de la situación a una supuesta
“migración descontrolada” o a militantes opositores y, al mismo
tiempo, de evitar investigaciones internas y sanciones a los
responsables, como tampoco de tomar medidas preventivas.
Curiosamente, otro de los patrones que siguieron siempre fue
que las declaraciones referidas a los hechos represivos “no
apuntaron hacia el esclarecimiento de los hechos, sino a tergiversar
los hechos con falsas versiones, negar la responsabilidad de la
fuerza policial, justificar sus acciones o, incluso, a reivindicarlas.
Algunas de estas declaraciones, con el tiempo, probaron ser
faltas directas a la verdad”, afirma el CELS. Tampoco es un caso
menor que los efectivos imputados sean defendidos por abogados
que tienen como domicilio la sede del Ministerio de Seguridad
porteño. El mismo informe refleja que “de los 52 altos mandos
de la fuerza, 38 tuvieron actuación en fuerzas de seguridad
durante la última dictadura militar” y que incluyen allí a Guillermo
Galdame, integrante de la Policía Federal hasta que fue pasado
a retiro por el Ministerio de Seguridad de la Nación, y que está
imputado por la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001.
Repetir la historia
Tal vez, para comprender mejor, valdría revisar el libro
La Bonaerense, donde sus autores, Ricardo Ragendorfer y
Carlos Dutil (en breve podrá descargarse de la página web
de Miradas al Sur) detallan cómo se estructuró la que para
algunos sería “La Policía del Siglo XXI”, para otros “La mejor
Policía del mundo” y para la mayoría “La Maldita Policía”.
16 Policía balea a Lucas 02Sólo
para
sintetizar,
el libro
detalla
que la
bonaerense
tiene
ciertas
características
de dependencia política por sobre una estructura militarista, porque
fue formada en los primeros años peronistas. “Una de las pocas
cosas que la ‘Revolución Libertadora’ de1955 dejó en pie”, destacan
los autores. Pero el tiempo y ciertas debilidades políticas irían
naturalizando el accionar de una fuerza vinculado a lo delictivo.
Sin embargo, el verdadero salto “cualitativo” en la corrupción de la
bonaerense se daría en los años de la dictadura, cuando quedó al
mando del general Ramón Camps. Años en los que empieza a
darse el “autofinanciamiento operativo” que rápidamente llevaría
al financiamiento personal.
En La Bonaerense se explicita: “El militar genocida y su temible
director de Investigaciones, el comisario Miguel Etchecolatz,
convirtieron a la policía y especialmente a sus Brigadas de
Investigaciones en máquinas de matar que trabajaban a destajo
y cobraban sus horas extra de entre los bienes robados a sus
víctimas”. También recuerdan que en 1985, Etchecolatz fue
acusado de integrar una célula golpista junto al hijo del ex general
y otros terroristas de Estado “desocupados”. Y la Bonaerense
resistió cada intento por dar de baja al apropiador de hijos de
desaparecidos y médico experto en torturas Jorge Antonio
Vergés.
Cuentan los autores que un comisario de escalafón profesional
les dijo en 1984 que “la Bonaerense es un nido de víboras
imposible de gobernar. Los tipos que se formaron con Camps
no conocen otra vida, están cebados. Ellos pueden llevar el nivel
de delincuencia a niveles insoportables”.
Las distintas intervenciones que intentaron una limpieza tuvieron
tan poco tino que cuando pretendieron “desarmar los bolsones
más conflictivos de la herencia militar”, desparramaron criminales
de uniforme por toda la provincia, “contaminando los pocos vestigios
de salud que podrían haber quedado en la institución”, según
cita el libro.
“El Cabezón” de Banfield
Eduardo Duhalde fue el primero en ofrecer apoyo a Vidal, a
horas de saberse el resultado inesperado para muchos. “Hay
que ayudar a María Eugenia Vidal, no le va a ser fácil gobernar
la Provincia”, decía el viejo adorador de la pena de muerte, que
mantuvo siempre relaciones de larga data y buen cimiento con
la Policía Bonaerense.
Duhalde, que había hecho de la “seguridad” su bandera de
campaña, ya en 1991, prometía “mano dura” contra la
delincuencia y los narcos, una carta que le permitió ligarse
a la embajada norteamericana. Por cierto, en el libro se refiere
a que parte de su carrera política se debió a sus fuertes contactos
con la DEA.
Conocedores de la relación que unía a Duhalde con Pedro Klodczyk,
y contando con la promesa de un fuerte reequipamiento y, sobre
todo, de no interferir en asuntos internos, la Bonaerense aceptaría
dar en contraparte subordinación, presencia en las calles y la mano
dura que le pedía el gobernador. Para garantizar el pacto, Duhalde
sustrajo a la Secretaría de Seguridad y a su Policía del control de
la Legislatura, que sólo podría interpelar a sus ministros. Y además,
disciplinó a su bloque parlamentario para que diera apoyo a los
pedidos de financiación presupuestaria por compras millonarias
de equipos, aun a costa de la transparencia de las mismas.
El libro recuerda también que, en 1993, eran inocultables las
consecuencias de esa política: espionaje ideológico, desaparición
de personas, y la represión por parte de policías desbocados
contra estudiantes, dirigentes de DDHH, transeúntes y periodistas
puestos a nivel de enemigos públicos número uno.
Tiempos de decisiones
Entre aquella vieja cultura represiva incuestionable de Duhalde y
la nueva de Vidal, hay un eslabón que funciona de nexo: Cristian
Ritondo, ex jefe de la SIDE durante la gestión de Duhalde, ligado
con la barra brava del Club Nueva Chicago y verdadera pata peronista
del PRO, que ya fue anunciado como ministro de Seguridad de la
provincia a partir del 10 de diciembre de 2015.
El próximo domingo, entre las muchísimas cosas que se ponen
en juego, también se define si a la dirección que el PRO ya tiene
de la Policía Metropolitana y de la Bonaerense, se le sumará la
conducción de la Policía Federal, de la Gendarmería y del Ejército.
El voto decide.

1 Comentario


  1.  
    Error, Macri no creó nada; solo se limitó a obedecer 
  2. ordenes de los empresarios que le dijeron que con una policía 
  3. propia podría hacer que su gobierno no se desgobierne tan rápido.
  4. Tanto la metropilitana como las municipales (ahora con la “calladita” 
  5. en el conurbano) NO están capacitados en absoluto para salir armados 
  6. a las calles.Soy Bombero, he estado al lado de ellos y… dan pena.
  7. Lo de Cabello es una muestra mas de la inoperancia que hoy 
  8. hace dudar a los votantes.El ENORME negociado con el 
  9. armamento para estos incapaces también ayuda a la confusión. 
  10. No fue magia que este impresentable de Macri y sus secuaces 
  11. estén tan cerca de la Rosada (la boca se me haga a un lado) 
  12. se trabajó de afuera, pero mas de adentro.