CIVILES Y DICTADURA
Complicidad civil: la verdad a fondo
Héctor Recalde revisa el proyecto que impulsó el pedido de
conformación de una comisión que investigue los lazos
civiles durante la última dictadura.
conformación de una comisión que investigue los lazos
civiles durante la última dictadura.
La Cámara baja le dio media sanción al proyecto de ley por el que
se creará una Comisión Bicameral buscando “identificar las
Complicidades Económicas y Financieras con la dictadura”. El
proyecto obtuvo 170 votos a favor, 0 en contra y 14 abstenciones:
todas del macrismo. Pero también por fuera del Congreso hubo
manifestaciones a favor y en contra de la investigación. Entre las
entidades que se definieron a favor de la investigación están las
que aúnan a las pequeñas y medianas empresas, como la
Confederación General Económica (CGE); la Cgera; y la Central
de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN). Estas entidades
se distanciaron de la Asociación Empresaria Argentina (AEA),
la Cámara Argentina de Comercio (CAC), de la Cámara de
Alimentos (Copal) y de los integrantes del Instituto para el
Desarrollo Empresarial (IDEA) y de alguna facciones de la Unión
Industrial Argentina (UIA) que directamente cuestionaron cualquier
tipo de investigación que no fuera realizada desde el Poder Judicial.
se creará una Comisión Bicameral buscando “identificar las
Complicidades Económicas y Financieras con la dictadura”. El
proyecto obtuvo 170 votos a favor, 0 en contra y 14 abstenciones:
todas del macrismo. Pero también por fuera del Congreso hubo
manifestaciones a favor y en contra de la investigación. Entre las
entidades que se definieron a favor de la investigación están las
que aúnan a las pequeñas y medianas empresas, como la
Confederación General Económica (CGE); la Cgera; y la Central
de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN). Estas entidades
se distanciaron de la Asociación Empresaria Argentina (AEA),
la Cámara Argentina de Comercio (CAC), de la Cámara de
Alimentos (Copal) y de los integrantes del Instituto para el
Desarrollo Empresarial (IDEA) y de alguna facciones de la Unión
Industrial Argentina (UIA) que directamente cuestionaron cualquier
tipo de investigación que no fuera realizada desde el Poder Judicial.
En diálogo con Miradas al Sur, el impulsor del proyecto, el
diputado del Frente para la Victoria Héctor Recalde, recordó
que había anticipado su propuesta en la presentación del libro
Cuentas Pendientes, libro que trabajaron conjuntamente Horacio
Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky, donde se analiza la complicidad
civil con la dictadura militar. Libro que cuenta también con el aporte
del equipo pluridisciplinario que integraba la oficina de Derechos
Humanos de la Comisión Nacional de Valores (CNV), creada por
quien era entonces su presidente, el Lic. Alejandro Vanoli (actual
presidente del Banco Central), y de donde surgió un primer informe:
“Economía, Sistema Financiero y Dictadura”.
diputado del Frente para la Victoria Héctor Recalde, recordó
que había anticipado su propuesta en la presentación del libro
Cuentas Pendientes, libro que trabajaron conjuntamente Horacio
Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky, donde se analiza la complicidad
civil con la dictadura militar. Libro que cuenta también con el aporte
del equipo pluridisciplinario que integraba la oficina de Derechos
Humanos de la Comisión Nacional de Valores (CNV), creada por
quien era entonces su presidente, el Lic. Alejandro Vanoli (actual
presidente del Banco Central), y de donde surgió un primer informe:
“Economía, Sistema Financiero y Dictadura”.
El informe trataba la investigación que revelaba grados de
responsabilidades de civiles en la última dictadura; que no se
limitaba a la complicidad sino que eran activos partícipes y hasta
quienes daban directivas al brazo ejecutor que resultaron las Fuerzas
Armadas. Un claro ejemplo fue el envío de 30 peritos contables que
realiza la CNV durante la dictadura a Campo de Mayo para que
participen de los interrogatorios a financistas y empresarios prisioneros,
porque los militares no sabían qué preguntar para desapoderarlos
de sus empresas y/o acciones (ver aparte nota “CIVILES Y
DICTADURA | Economía y dictadura”).
“A partir de ese libro surgió la idea de confirmar esta bicameral
que investigue”, indica Recalde, que remarca que los objetivos
propuestos por la bicameral son para que la sociedad argentina
conozca cuáles fueron las relaciones que hubo entre civiles y
militares en el golpe de 1976, persiguiendo memoria, verdad y
justicia. “Pero sobre todo que no haya impunidad. La sola imagen
de José Alfredo Martínez de Hoz al mando de Economía deja
claro que no fueron solamente los militares”, puntualiza.
responsabilidades de civiles en la última dictadura; que no se
limitaba a la complicidad sino que eran activos partícipes y hasta
quienes daban directivas al brazo ejecutor que resultaron las Fuerzas
Armadas. Un claro ejemplo fue el envío de 30 peritos contables que
realiza la CNV durante la dictadura a Campo de Mayo para que
participen de los interrogatorios a financistas y empresarios prisioneros,
porque los militares no sabían qué preguntar para desapoderarlos
de sus empresas y/o acciones (ver aparte nota “CIVILES Y
DICTADURA | Economía y dictadura”).
“A partir de ese libro surgió la idea de confirmar esta bicameral
que investigue”, indica Recalde, que remarca que los objetivos
propuestos por la bicameral son para que la sociedad argentina
conozca cuáles fueron las relaciones que hubo entre civiles y
militares en el golpe de 1976, persiguiendo memoria, verdad y
justicia. “Pero sobre todo que no haya impunidad. La sola imagen
de José Alfredo Martínez de Hoz al mando de Economía deja
claro que no fueron solamente los militares”, puntualiza.
–Cabe recordar que el primer campo de concentración
fue en la empresa Ford…
fue en la empresa Ford…
–Antes de que se sancionara la ley, integrantes de la Comisión,
como el diputado y constitucionalista tucumano Alfredo Carlos
Dato, instó a varias entidades y ciudadanos a que testimoniaran
sobre sus vivencias y habló sobre su desaparición y tortura en la
Ford el sobreviviente Pedro Norberto Troiani. También aportaron
información clave, tanto el abogado defensor Tomás Ojea Quintana
como Alejandro Olmos Gaona o el dirigente sindical Victorio
Paulón, quien habló de Acindar.
como el diputado y constitucionalista tucumano Alfredo Carlos
Dato, instó a varias entidades y ciudadanos a que testimoniaran
sobre sus vivencias y habló sobre su desaparición y tortura en la
Ford el sobreviviente Pedro Norberto Troiani. También aportaron
información clave, tanto el abogado defensor Tomás Ojea Quintana
como Alejandro Olmos Gaona o el dirigente sindical Victorio
Paulón, quien habló de Acindar.
–¿Qué lectura hace de los 170 votos a favor pero
particularmente de las 14 abstenciones del PRO y sus
aliados?
particularmente de las 14 abstenciones del PRO y sus
aliados?
–No me llamó la atención, porque en definitiva, el PRO, en los
debates de las comisiones siempre tuvo una posición distinta al
conjunto. Lo que creo que es destacable, al respecto, es que no
hubo ningún voto en contra. Así que los cuestionamientos que
hicieron entidades empresarias y un grupúsculo de abogados
nucleados en lo que dieron por llamar el Colegio de Abogados,
que es privado y que además albergó a lo más derechoso de la
profesión durante la dictadura, para distinguirlo del Colegio Público
de Abogados, que nuclea a todos los abogados que litigamos
en la Ciudad de Buenos Aires.
debates de las comisiones siempre tuvo una posición distinta al
conjunto. Lo que creo que es destacable, al respecto, es que no
hubo ningún voto en contra. Así que los cuestionamientos que
hicieron entidades empresarias y un grupúsculo de abogados
nucleados en lo que dieron por llamar el Colegio de Abogados,
que es privado y que además albergó a lo más derechoso de la
profesión durante la dictadura, para distinguirlo del Colegio Público
de Abogados, que nuclea a todos los abogados que litigamos
en la Ciudad de Buenos Aires.
–¿Cree que se abstuvieron porque la sociedad no les
perdonaría haberse opuesto a esta investigación?
perdonaría haberse opuesto a esta investigación?
–Me parece que algo de eso hay. Incluso, en algunos medios
publicaron lo que habrían dicho algunos miembros de la Unión
Industrial Argentina, como José Ignacio de Mendiguren, respecto
de que “no era políticamente correcto oponers”.
publicaron lo que habrían dicho algunos miembros de la Unión
Industrial Argentina, como José Ignacio de Mendiguren, respecto
de que “no era políticamente correcto oponers”.
–¿Cree que la fortaleza que adquirió la democracia luego
de 32 años es la que permite encarar una investigación así?
de 32 años es la que permite encarar una investigación así?
–Esa puede ser una de las razones. Algún periodista me lo
preguntó al revés y en términos de cuestionamiento. “¿Por qué
recién ahora?” Y la respuesta es que las cosas se van dando a
su debido momento. Es cierto que a medida que transcurre el
tiempo se afianza más la democracia. La historia nuestra que
desde 1930 se alternan golpes con democracias y ahora llevamos
un período de 32 años consecutivos de pleno Estado de derecho.
preguntó al revés y en términos de cuestionamiento. “¿Por qué
recién ahora?” Y la respuesta es que las cosas se van dando a
su debido momento. Es cierto que a medida que transcurre el
tiempo se afianza más la democracia. La historia nuestra que
desde 1930 se alternan golpes con democracias y ahora llevamos
un período de 32 años consecutivos de pleno Estado de derecho.
–¿Coincide con que muchos de estos grupos que temen
ser investigados se han ocupado de debilitar las
democracias para que no se llegara a este punto?
ser investigados se han ocupado de debilitar las
democracias para que no se llegara a este punto?
–Por supuesto. Y además cuentan con una especial protección
de los grandes medios. Como dice Ignacio Ramonet, “dar la
información para ocultar la información”. Y el libro fue la catapulta
del proyecto.
de los grandes medios. Como dice Ignacio Ramonet, “dar la
información para ocultar la información”. Y el libro fue la catapulta
del proyecto.
–En su artículo 6, el proyecto plantea la intención de
instar a reconocer voluntariamente la participación, pero
no por eso desligarlo de las posibles acciones judiciales…
instar a reconocer voluntariamente la participación, pero
no por eso desligarlo de las posibles acciones judiciales…
–Así es. Y me parece que es una apertura interesante. Como
bien dice el artículo, no enerva ninguna acción penal, pero da
la posibilidad de que alguien se arrepienta, que reconozca lo
que hizo y repare la injusticia que cometió. Es una buena salida.
bien dice el artículo, no enerva ninguna acción penal, pero da
la posibilidad de que alguien se arrepienta, que reconozca lo
que hizo y repare la injusticia que cometió. Es una buena salida.
–¿Cómo observa las diferencias internas que se dieron
en la UIA?
en la UIA?
–Un testimonio que recogí de Tiempo Argentino, de un integrante
de la UIA del Chaco, Andrés Irigoyen, donde él mismo dice: “¿Y
porqué no investigar? Si alguien no tiene culpa, responsabilidad
o complicidad con ese pasado, ¿a qué temer?”. Otro de los
cuestionamientos que nos hicieron era indicar que estábamos
prejuzgando, y es muy difícil no prejuzgar si alguien impide que
se juzgue. Justamente el proyecto indica que, si hay fundamento,
debería actuar la Justicia Federal. Está muy clara la división. Hay
antecedentes de la creación de una comisión de investigación así
en la historia universal. Por ejemplo, en 1607, en el parlamento
británico, pero también en Estados Unidos, en 1860. Y marco citas
que están en las antípodas de mi pensamiento, como al abogado
constitucionalista Gregorio Badeni, que también ha escrito sobre
las facultades del Congreso para crear una comisión bicameral
que investigue. Y en la legislación Argentina se encuentran
antecedentes en el siglo XIX con un tema sobre los ferrocarriles.
Y en la primera década infame, que se conforma una bicameral
por el llamado pacto Roca-Runciman.
de la UIA del Chaco, Andrés Irigoyen, donde él mismo dice: “¿Y
porqué no investigar? Si alguien no tiene culpa, responsabilidad
o complicidad con ese pasado, ¿a qué temer?”. Otro de los
cuestionamientos que nos hicieron era indicar que estábamos
prejuzgando, y es muy difícil no prejuzgar si alguien impide que
se juzgue. Justamente el proyecto indica que, si hay fundamento,
debería actuar la Justicia Federal. Está muy clara la división. Hay
antecedentes de la creación de una comisión de investigación así
en la historia universal. Por ejemplo, en 1607, en el parlamento
británico, pero también en Estados Unidos, en 1860. Y marco citas
que están en las antípodas de mi pensamiento, como al abogado
constitucionalista Gregorio Badeni, que también ha escrito sobre
las facultades del Congreso para crear una comisión bicameral
que investigue. Y en la legislación Argentina se encuentran
antecedentes en el siglo XIX con un tema sobre los ferrocarriles.
Y en la primera década infame, que se conforma una bicameral
por el llamado pacto Roca-Runciman.
–La UIA intenta desviar la atención señalando que no están
en contra de que se investigue, pero que esto sólo lo tiene
que hacer la Justicia…
en contra de que se investigue, pero que esto sólo lo tiene
que hacer la Justicia…
–Eso no tiene sustento. ¿Cuál es el impedimento de que haya
auxiliares de la Justicia? Por el contrario, cuánto más apoyatura
tenga el Poder Judicial en la investigación de éste o cualquier
otro delito, mejor. Y, además, la bicameral no juzga, sino que
investiga. Hay algunos ejemplos de complicidades que son
terribles, como el de la Sociedad Rural de Junín, que cedió un
predio de su propiedad a las fuerzas represoras para que crearan
un centro clandestino de detención. ¿Qué justificación puede
dar la Sociedad Rural por eso? También está el caso de Ledesma,
con Blaquier. Y en ese contexto hay dos desprocesamientos
que
auxiliares de la Justicia? Por el contrario, cuánto más apoyatura
tenga el Poder Judicial en la investigación de éste o cualquier
otro delito, mejor. Y, además, la bicameral no juzga, sino que
investiga. Hay algunos ejemplos de complicidades que son
terribles, como el de la Sociedad Rural de Junín, que cedió un
predio de su propiedad a las fuerzas represoras para que crearan
un centro clandestino de detención. ¿Qué justificación puede
dar la Sociedad Rural por eso? También está el caso de Ledesma,
con Blaquier. Y en ese contexto hay dos desprocesamientos
que
SOLICITADA DE 1983. Reproducción de la solicitada publicada
por el empresario Alejandro Iaccarino el 23/12/83 en Clarín,
apenas dos semanas después de reiniciada la democracia.
Su familia fue desapoderada de muchos de sus bienes estando secuestrados por el Estado terrorista de la dictadura exclusivamente por intereses económicos de los grupos concentrados.
por el empresario Alejandro Iaccarino el 23/12/83 en Clarín,
apenas dos semanas después de reiniciada la democracia.
Su familia fue desapoderada de muchos de sus bienes estando secuestrados por el Estado terrorista de la dictadura exclusivamente por intereses económicos de los grupos concentrados.
llaman la atención respecto de la
actitud del Poder Judicial. Uno
es el del mismo caso Ledesma,
con Blaquier y uno de los ejecutivos.
Otro caso es el de los hermanos
Emilio y Julio Méndez, en Tandil,
que cedieron una quinta para la
instalación del campo de
concentración donde desaparecieron
entre otros al abogado laboralista
Carlos Moreno. Otro es el diario
La Nueva Provincia, de Bahía
Blanca.
actitud del Poder Judicial. Uno
es el del mismo caso Ledesma,
con Blaquier y uno de los ejecutivos.
Otro caso es el de los hermanos
Emilio y Julio Méndez, en Tandil,
que cedieron una quinta para la
instalación del campo de
concentración donde desaparecieron
entre otros al abogado laboralista
Carlos Moreno. Otro es el diario
La Nueva Provincia, de Bahía
Blanca.
–En el sentido contrario está la solicitada de Alejandro
Iaccarino, del 23 de diciembre de 1983 (ver foto epígrafe)…
Iaccarino, del 23 de diciembre de 1983 (ver foto epígrafe)…
–El planteo de solicitadas que miraban desde uno y otro polos
registra, por ejemplo, la del 16 de febrero de 1976, que hace
la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias
(Apege), adelantando el golpe. Una patronal que hizo un lock
out para generar un contexto favorable al golpe. Y hay
declaraciones del dictador Jorge Rafael Videla, realizadas
poco antes de morir, estando preso, que son muy importantes
al referirse a la complicidad empresaria; dice: “Nos pedían diez
mil muertos, nos pedían más, más, y después se borraron”. O
la solicitada de la Sociedad Rural al cumplirse un año del Golpe
haciendo loas a la dictadura, mientras que el mismo 24 de marzo
de 1977 Rodolfo Walsh subraya: “En la política económica de
ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus
crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de
seres humanos con la miseria planificada”, y hace una descripción
clarísima que yo utilizo en la presentación del proyecto.
registra, por ejemplo, la del 16 de febrero de 1976, que hace
la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias
(Apege), adelantando el golpe. Una patronal que hizo un lock
out para generar un contexto favorable al golpe. Y hay
declaraciones del dictador Jorge Rafael Videla, realizadas
poco antes de morir, estando preso, que son muy importantes
al referirse a la complicidad empresaria; dice: “Nos pedían diez
mil muertos, nos pedían más, más, y después se borraron”. O
la solicitada de la Sociedad Rural al cumplirse un año del Golpe
haciendo loas a la dictadura, mientras que el mismo 24 de marzo
de 1977 Rodolfo Walsh subraya: “En la política económica de
ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus
crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de
seres humanos con la miseria planificada”, y hace una descripción
clarísima que yo utilizo en la presentación del proyecto.
A quiénes asusta la investigación
El proyecto del diputado Héctor Recalde para crear una Comisión Bicameral que ayude a determinar quiénes fueron los “actores económicos y técnicos que contribuyeron o se beneficiaron” con la última dictadura y que dieron “apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza”, contó en Diputados por 170 votos a favor, ninguno en contra y 14 abstenciones, todas del PRO y sus aliados de Salta y Mendoza.
Así, los macristas que se opusieron fueron: Laura Alonso,
Federico Sturzenegger, Héctor Baldassi, Jorge Triaca, Eduardo
Cáceres, Federico Pinedo, Gladys González (acusada de corrupción
por sus socios de la UCR de Avellaneda adonde pretende ser
intendenta), Christian Gribaudo, Luciano Laspina, Soledad
Martínez, Cornelia Schmidt-Liermann, Pablo Tonelli, Guillermo
Durand Cornejo (Conservador Popular) y Roberto Pradines
(Demócrata de Mendoza).
Federico Sturzenegger, Héctor Baldassi, Jorge Triaca, Eduardo
Cáceres, Federico Pinedo, Gladys González (acusada de corrupción
por sus socios de la UCR de Avellaneda adonde pretende ser
intendenta), Christian Gribaudo, Luciano Laspina, Soledad
Martínez, Cornelia Schmidt-Liermann, Pablo Tonelli, Guillermo
Durand Cornejo (Conservador Popular) y Roberto Pradines
(Demócrata de Mendoza).
También criticaron el proyecto desde la Asociación Empresaria
Argentina (AEA) que preside el empresario Jaime Campos;
desde la cúpula de la Cámara Argentina de Comercio (CAC),
Carlos De La Vega; desde el directorio del Instituto para el
Desarrollo Empresarial (IDEA) conformado por Ignacio Stegmann
(presidente y titular también de la empresa 3M Argentina y Uruguay),
Guillermo Lipera (socio gerente del Estudio Bulló), Gabriel Di Martino
(director de HSBC Holdings), Juan Manuel Vaquer (Dupont
Latinoamérica), y Roberto Murchinson (presidente de Terminal
Zárate), además de los 33 directores que representan a grandes
empresas locales y transnacionales. También desde la Unión
Industrial Argentina (UIA), su presidente debutante, el arquitecto
Adrián Kaufmann Brea (también gerente de Relaciones Institucionales
del Grupo Arcor y presidente de la Cámara de Alimentos Copal),
cuestionó que se investigue con una argumentación que en
apenas dos párrafos confunde los objetivos de una bicameral
y no distingue la diferencia entre investigar y juzgar, aunque
también allí podrían interpretarse mutuas complicidades con
parte del Poder Judicial.
Argentina (AEA) que preside el empresario Jaime Campos;
desde la cúpula de la Cámara Argentina de Comercio (CAC),
Carlos De La Vega; desde el directorio del Instituto para el
Desarrollo Empresarial (IDEA) conformado por Ignacio Stegmann
(presidente y titular también de la empresa 3M Argentina y Uruguay),
Guillermo Lipera (socio gerente del Estudio Bulló), Gabriel Di Martino
(director de HSBC Holdings), Juan Manuel Vaquer (Dupont
Latinoamérica), y Roberto Murchinson (presidente de Terminal
Zárate), además de los 33 directores que representan a grandes
empresas locales y transnacionales. También desde la Unión
Industrial Argentina (UIA), su presidente debutante, el arquitecto
Adrián Kaufmann Brea (también gerente de Relaciones Institucionales
del Grupo Arcor y presidente de la Cámara de Alimentos Copal),
cuestionó que se investigue con una argumentación que en
apenas dos párrafos confunde los objetivos de una bicameral
y no distingue la diferencia entre investigar y juzgar, aunque
también allí podrían interpretarse mutuas complicidades con
parte del Poder Judicial.
