Publicada en Miradas al Sur del 11/10/2015



HOSPITAL DE CLÍNICAS | Suman reclamos por falta de transparencia


HOSPITAL DE CLÍNICAS | Suman reclamos por falta de transparencia
El viernes 25 de septiembre explotó un laboratorio en el piso 12
del Hospital de Clínicas José de San Martín, ubicado en Avenida
Córdoba 2351, en el porteño barrio de Recoleta. Y aunque no
hizo falta evacuar a todos los pacientes ni se vio afectada la
estructura del hospital, hubo tres heridos con quemaduras leves,
notorios desprendimientos en la mampostería, quedó inutilizado
el laboratorio de esterilización y el estruendo fue tan grande que
por momentos se pensó que se había vuelto a caer un ascensor,
como ocurrió en agosto de 2013. Una parte importante del
personal y algunos pacientes se autoevacuaron y permanecieron
en la puerta del hospital por varias horas mientras Bomberos y
Policía Federal chequeaban el estado del edificio.
Un autoclave, un aparato que trabaja a muy alta presión para
esterilizar los elementos quirúrgicos, fue el origen de la explosión,
aunque parte de la comunidad hospitalaria del Clínicas identifica
que esto era de esperarse en cualquier momento, dado el
abandono en el que se encuentra el edificio.
En el piso 12 del Clínicas está el laboratorio de esterilización
en cuestión, tiene también varios quirófanos y el aula de la
cuarta cátedra de la facultad de Medicina del hospital, con
espacio para 80 alumnos, aunque allí suele haber 150; muchos
de ellos estudian sentados en el suelo.
Todo lo ocurrido alrededor de la explosión vuelve a presentarse
como una parte del total de la corrupción que ronda a ciertos
sectores de la Universidad de Buenos Aires y que involucra a
varios partidos.
A menos de dos meses de las denuncias por presuntas
maniobras de vaciamiento del Hospital de Clínicas que involucraba
a tres integrantes del equipo de asesores de Martín Lousteau,
ex candidato a Jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
por Eco (socio del PRO a nivel nacional).
La investigación de la Procuraduría de Criminalidad Económica
y Lavado de Activos (Procelac) que llevó al fiscal federal Franco
Picardi a imputarlos por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero,
había surgido de una denuncia periodística realizada por el
periodista Alejandro Bercovich y emitida en el programa Minuto
Uno, por C5N.
Los imputados por la Procelac por el “desvío de millonarias
contrataciones entre el Hospital de Clínicas y diversas proveedoras20-explosion 2de insumos y medicamentos de
su propiedad”, entendiendo que
utilizaron su cargo jerárquico para
realizar numerosos negocios espurios
a través de las firmas Medipack S.A.,
American Salud S.A. e
Inmu Ideas S.A., son: José Luis
Giusti, ex decano de la Facultad
de Ciencias Económicas (FCE); Sergio Gastón Ricardo, ex
secretario de Asistencia Técnica y Pasantías de la FCE-UBA,
y Emiliano Yacobitti, secretario de Hacienda de la UBA y
presidente de la UCR porteña. Según denunció Bercovich, luego
de la emisión del programa, Juan Manuel Oro, dirigente de alto
rango en la agrupación Nuevo Espacio (que responde a Yacobitti)
envió a Bercovich un mensaje mafioso a través de dos docentes:
“Al periodista lo vamos a hacer reventar como una rata”.
Sin embargo, las tramas son más complejas y no terminan ahí.
Una auditoría de la UBA presentada al consejo superior hace dos
semanas, que fue calificada como “de bajo nivel profesional” por
una fuente de este medio que pidió la reserva de su nombre. Allí,
en la página 15, menciona gastos pero no los ingresos, por lo
que resulta difícil identificar la sustentabilidad del organismo. No
revisa cuál fue el total de ventas de las empresas ni qué porcentual
de las mismas corresponde a la universidad, tampoco si se trata
de laboratorios importados o revendedores, o la cantidad de personal
en relación de dependencia o su capital social. No menciona los
nombres de los directivos ni de sus socios, requerimiento
fundamental en una auditoría para determinar cruces de intereses.
Además, realiza una comparación de precios respecto de una
base de datos de acuerdo con los precios de venta al público
cuando un hospital no utiliza esos parámetros y ni siquiera
contempla que cualquier farmacia ofrece descuentos que rondan
el 27% por pago en efectivo.
Según lo revelado, el informe resulta muy poco serio y no
responde el reclamo social de trasparencia. Resulta notorio,
entonces, que el propio rector de la UBA, Alberto Barbieri, muy
ligado a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, hubiera
aceptado este informe tal como fue presentado.
Pero, lejos de hacerlo público, ni el Consejo de Administración
de la Red de Hospitales Universitarios accede a esa información,
como denuncia el profesor Jorge Geffner (ver entrevista aparte)
doctor en Bioquímica (UBA), investigador Superior del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet)
con especialidad en inmunología, particularmente en interacción
del virus de la inmunodeficiencia humana (HIV-1) con células
dendríticas.
En diálogo con Miradas al Sur, Geffner, que integra el Consejo
de Administración de la Red de Hospitales Universitarios, remarca
que pudo haberse actuado rápidamente porque no hacía falta
crear este consejo de cero, pero que no se hizo. Ese organismo,
integrado por 4 decanos (de medicina, odontología, farmacia y
psicología), por los 4 directores interventores, 2 profesores de la
facultad de medicina (uno por la mayoría de profesores y otro por
la minoría) y por 2 profesores de la UBA debió haber tenido acceso
a todo manejo de dinero, pero fue evitado. “Desde marzo debía
reunirse jueves por medio –recuerda Geffner– y cuando se reflotó
la red, en el marco de las denuncias, debería haberse modificado
a un encuentro semanal, al menos”. Pero en las últimas tres
semanas no se reunieron y el próximo llamado está pautado para
el 5 de noviembre. “A eso debe sumarse que pedimos un informe
desde el inicio a agosto de 2015 y mientras que alguno de los 4
hospitales que dependen de la UBA envían un informe pormenorizado,
el Clínicas no manda absolutamente nada”. Geffner revela que
varios de los integrantes del Consejo sostienen que antes que
pedir mejoras en el presupuesto, deberían demostrar trasparencia.
“Desde hace 2 meses pedimos seguir el movimiento de fondos
sin poder hasta ahora identificar a quién se le dio qué ni cuánto
o por qué”. Considera que mientras las denuncias siguen ya un
camino legal en el juzgado, este organismo debería poder
garantizar que de acá para adelante todo fuera absolutamente
transparente.
Con asambleas permanentes y movilizaciones que llegaron a
identificar cerca de 600 alumnos, las agrupaciones de estudiantes
tomaron particular relevancia desde que estalló el escándalo por
las maniobras de vaciamiento y negocios espurios, pero se
involucraron mucho más desde la explosión del piso 12. El miércoles
estuvieron en la puerta del Congreso de la Nación cuando se
votaba la ley de presupuesto para 2016, como una forma de
presionar por una mejora para los hospitales universitarios. Se
otorgó un incremento de 1.000 millones de pesos. “Ahora explotamos
nosotros”, grita desde una página de Facebook, una agrupación
de estudiantes organizados “apartidariamente”. Desde allí, critican
cada suspensión de las reuniones del Consejo Directivo y reflexionan
que, ante la falta de argumentos por los que suspendieron una
nueva reunión, “se evidencia el desinterés de las autoridades
en discutir cómo solucionar la crisis hospitalaria”.
Hablan de actitud antidemocrática e irresponsable de los directivos
 sobre todo luego de la explosión. “Nuestra lucha no sólo
repercutió en el gobierno de la Universidad, sino también se
hizo escuchar en el Congreso. Por primera vez en mucho
tiempo se modificó un presupuesto asignado para el año
siguiente. Y si bien esto es una primera victoria, la suma
asignada es insuficiente y un mero aumento de presupuesto
no resuelve la falta de transparencia en el manejo de los
recursos del Hospital ni la situación de los funcionarios de
la Universidad imputados por el desvío de fondos del mismo”.
Advierten que seguirán construyendo y proponiendo medidas
concretas y efectivas para que “la reparación del Hospital sea
una realidad y que se ponga fin al manejo oscuro de sus recursos”.
Y convocan para el próximo miércoles 14 a las 9 al Consejo Superior
 “para seguir defendiendo nuestro Hospital”.
El presupuesto del hospital, como el de todos los hospitales
universitarios, es responsabilidad de la Nación, pero como el
hospital de Clínicas depende directamente de la UBA, el modo
en que se asigna ese presupuesto obedece a los lineamientos
del rector Alberto Barbieri y del director interventor del hospital,
Héctor Damonte. En este escenario de disputas, la estudiante
Belén De María (ver entrevista aparte) puntualiza: “Damonte
vino a la asamblea a calmar nuestros reclamos diciéndonos
que ya se iba a arreglar porque había llegado una plata. Pero
nosotros vemos enormes anomalías. Y queremos que quede
claro que el reclamo por la corrupción interna lo llevaremos al
consejo superior de la UBA, es decir, a Barbieri”.
Desde otro lugar, el profesor Geffner revela que una buena
señal de que se busca un cambio en serio sería comenzar
por trasparentar la gestión de compras, donde cualquiera
pudiera ver qué se compró a quién, cuáles fueron las otras
ofertas, si fueron por licitación o contratación directa. Para
Geffner, la explosión fue el detonante de una situación de
vaciamiento de hecho que existe en el hospital, y apuesta
a que se revierta pero que no se resuelve sólo con fondos
sino con otra forma de gestión.
*La denuncia completa contra Giusti, Yacobitti y Sergio 
Gastón Ricardo puede verse en el sitio web 
www.fiscales.gob.ar