15 de Marzo de 2015
Carlos Gorella. Titular de Procelac
“Podrían caber responsabilidades penales y políticas”
El incendio tiene varias instancias que deben ser investigadas, entre ellas cómo es que luego de que fuera clausurada por un inspector y perdida la clausura (pero nunca habilitada), Francisco Cabrera, un ministro del gobierno macrista que había sido empleado del HSBC, condecoró a la empresa Iron Mountain. Despierta sospechas también que el HSBC nunca iniciara juicio por daños y perjuicios.
El incendio tiene dos facetas de investigación: una, refiere particularmente al incendio en sí. La otra investiga una potencial maniobra para destruir pruebas de movimientos económicos ilegales. Esta segunda parte es investigada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), organismo creado para “desarrollar estrategias que eleven los índices de eficacia del sistema de administración de justicia con relación a hechos de trascendencia institucional e impacto socioeconómico”, según consta en su página web institucional.
Carlos Gonella es el titular de la Procelac. Cordobés, de 40 años, abogado recibido en la Universidad Nacional de Córdoba, donde además es doctorado, con numerosos postgrados e investigaciones en Argentina y España. En su currículum se destaca que logró la primera sentencia condenatoria a penas de prisión efectiva por el delito de lavado de activos de origen delictivo en todo el país.
En diálogo con Miradas al Sur, Gonella reveló que el caso “toma relevancia donde se precisa, por distintas conclusiones sobre el material peritado en el lugar, que se trató de un hecho intencional donde intervino la mano del hombre”.
–¿Y qué modifica eso en la investigación?
–Que esto amplía el horizonte de investigación porque ahora hay que averiguar quién lo hizo y por qué. No intervengo en la causa por el delito de estrago doloso con resultado mortal, porque no forma parte de mi competencia. Mi participación se inició a raíz de una nota de Alejandro Vanoli desde la Comisión Nacional de Valores (CNV) a la Procuración con un listado de empresas autorizadas a operar en el mercado bursátil que tenían documentación archivada en los depósitos de Iron Mountain. Como investigamos maniobras de criminalidad económica, denunciamos e investigamos a bancos y empresas, quise saber qué bancos y empresas denunciados tenían información guardada allí que pudiera ser prueba documental. Necesitábamos saber qué empresas y qué tipo de información guardaban; pero además, qué se retiró y cuándo lo hicieron. El dato relevante fue que cuando fue allanada la cede del HSBC –investigación iniciada por una denuncia de la AFIP– respondieron que ellos no podían aportar la documentación requerida porque se perdió en el incendio del depósito de Iron Mountain. El HSBC registra 56.000 cajas archivadas en Iron Mountain y casi 26.000 estaban en los depósitos 7 y 8, que fueron los que se siniestraron. Por sí solo esto no atribuye al HSBC la responsabilidad de haber provocado el incendio, pero forma parte de la investigación que se tiene que profundizar.
–¿Puede una empresa ocuparse de archivar cualquier tipo de información, incluso alguna que podría ser ilegal, y a la que el Estado no tuviera acceso?
–No veo ningún tipo de irregularidad respecto de ese interrogante. La empresa presta un servicio de seguridad de depósitos, como lo hace un banco que alquila una caja de seguridad. Lo que se guarda en un lugar que se alquila o contrata forma parte del ámbito de intimidad. El Estado no puede entrometerse. Y si se guardara algo ilegal o sin declarar, sólo se puede intervenir con una denuncia y el pedido de un juez, ir con una orden allanamiento, entrar y sacar todo.
–Algunas de las cajas del HSBC decían “lavado de dinero”...
–Sí, pero no entra dentro de la lógica de un criminal económico etiquetar una caja con ese nombre si tiene pruebas de un delito de lavado. Es probable que refirieran a información sobre prevención de lavado y por eso les habían puesto ese nombre. Pero hay que tratar de investigar o reconstruir eso.
–¿Cuáles eran las firmas que guardaban allí información sensible?
–De las que denunciamos nosotros: el banco BNP Paribas, al que estamos investigando por fuga de divisas por US$ 1.000 millones; el JP Morgan, que tiene una causa en la Justicia Federal; el HSBC, al que nosotros denunciamos por prestar CUIT genéricos a una usina de facturas apócrifas por donde fugaron $400 millones en cuatro o cinco meses. Pero hay varias más.
–¿Cómo es que se habilita una empresa a funcionar así teniendo los antecedentes que tuvo en otros países?
–Claramente, hubo falta de controles en el sector del Estado que debió afinar la mirada. Recordemos que a Aníbal Ibarra le costó el cargo el desastre de Cromañón porque se identificaron fallas en el sector del Gobierno que debía controlar las condiciones de Seguridad. En este caso, tenemos la pérdida de 10 vidas humanas y la confirmación de que además se trató de un hecho intencional. Pero sería mucho más grave aún si resultara que fue provocado para ocultar pruebas en una maniobra de criminalidad económica.
–¿Y si se confirmaran lazos de complicidad con el Gobierno de la Ciudad?
–Si se detectara alguna falta de control de algún área de la Ciudad, lo cual se tiene que investigar, le cabrían responsabilidades no sólo penales sino también políticas. Le recuerdo que yo elevé a juicio la causa por la explosión de Río Tercero, donde la hipótesis era que se hizo explotar una fábrica militar con costos de vidas humanas para ocultar un faltante de armas que se estaban contrabandeando a Croacia y Ecuador. Era estrago doloso. Un hecho que de confirmarse, tendría las mismas características.
El incendio tiene dos facetas de investigación: una, refiere particularmente al incendio en sí. La otra investiga una potencial maniobra para destruir pruebas de movimientos económicos ilegales. Esta segunda parte es investigada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), organismo creado para “desarrollar estrategias que eleven los índices de eficacia del sistema de administración de justicia con relación a hechos de trascendencia institucional e impacto socioeconómico”, según consta en su página web institucional.
Carlos Gonella es el titular de la Procelac. Cordobés, de 40 años, abogado recibido en la Universidad Nacional de Córdoba, donde además es doctorado, con numerosos postgrados e investigaciones en Argentina y España. En su currículum se destaca que logró la primera sentencia condenatoria a penas de prisión efectiva por el delito de lavado de activos de origen delictivo en todo el país.
En diálogo con Miradas al Sur, Gonella reveló que el caso “toma relevancia donde se precisa, por distintas conclusiones sobre el material peritado en el lugar, que se trató de un hecho intencional donde intervino la mano del hombre”.
–¿Y qué modifica eso en la investigación?
–Que esto amplía el horizonte de investigación porque ahora hay que averiguar quién lo hizo y por qué. No intervengo en la causa por el delito de estrago doloso con resultado mortal, porque no forma parte de mi competencia. Mi participación se inició a raíz de una nota de Alejandro Vanoli desde la Comisión Nacional de Valores (CNV) a la Procuración con un listado de empresas autorizadas a operar en el mercado bursátil que tenían documentación archivada en los depósitos de Iron Mountain. Como investigamos maniobras de criminalidad económica, denunciamos e investigamos a bancos y empresas, quise saber qué bancos y empresas denunciados tenían información guardada allí que pudiera ser prueba documental. Necesitábamos saber qué empresas y qué tipo de información guardaban; pero además, qué se retiró y cuándo lo hicieron. El dato relevante fue que cuando fue allanada la cede del HSBC –investigación iniciada por una denuncia de la AFIP– respondieron que ellos no podían aportar la documentación requerida porque se perdió en el incendio del depósito de Iron Mountain. El HSBC registra 56.000 cajas archivadas en Iron Mountain y casi 26.000 estaban en los depósitos 7 y 8, que fueron los que se siniestraron. Por sí solo esto no atribuye al HSBC la responsabilidad de haber provocado el incendio, pero forma parte de la investigación que se tiene que profundizar.
–¿Puede una empresa ocuparse de archivar cualquier tipo de información, incluso alguna que podría ser ilegal, y a la que el Estado no tuviera acceso?
–No veo ningún tipo de irregularidad respecto de ese interrogante. La empresa presta un servicio de seguridad de depósitos, como lo hace un banco que alquila una caja de seguridad. Lo que se guarda en un lugar que se alquila o contrata forma parte del ámbito de intimidad. El Estado no puede entrometerse. Y si se guardara algo ilegal o sin declarar, sólo se puede intervenir con una denuncia y el pedido de un juez, ir con una orden allanamiento, entrar y sacar todo.
–Algunas de las cajas del HSBC decían “lavado de dinero”...
–Sí, pero no entra dentro de la lógica de un criminal económico etiquetar una caja con ese nombre si tiene pruebas de un delito de lavado. Es probable que refirieran a información sobre prevención de lavado y por eso les habían puesto ese nombre. Pero hay que tratar de investigar o reconstruir eso.
–¿Cuáles eran las firmas que guardaban allí información sensible?
–De las que denunciamos nosotros: el banco BNP Paribas, al que estamos investigando por fuga de divisas por US$ 1.000 millones; el JP Morgan, que tiene una causa en la Justicia Federal; el HSBC, al que nosotros denunciamos por prestar CUIT genéricos a una usina de facturas apócrifas por donde fugaron $400 millones en cuatro o cinco meses. Pero hay varias más.
–¿Cómo es que se habilita una empresa a funcionar así teniendo los antecedentes que tuvo en otros países?
–Claramente, hubo falta de controles en el sector del Estado que debió afinar la mirada. Recordemos que a Aníbal Ibarra le costó el cargo el desastre de Cromañón porque se identificaron fallas en el sector del Gobierno que debía controlar las condiciones de Seguridad. En este caso, tenemos la pérdida de 10 vidas humanas y la confirmación de que además se trató de un hecho intencional. Pero sería mucho más grave aún si resultara que fue provocado para ocultar pruebas en una maniobra de criminalidad económica.
–¿Y si se confirmaran lazos de complicidad con el Gobierno de la Ciudad?
–Si se detectara alguna falta de control de algún área de la Ciudad, lo cual se tiene que investigar, le cabrían responsabilidades no sólo penales sino también políticas. Le recuerdo que yo elevé a juicio la causa por la explosión de Río Tercero, donde la hipótesis era que se hizo explotar una fábrica militar con costos de vidas humanas para ocultar un faltante de armas que se estaban contrabandeando a Croacia y Ecuador. Era estrago doloso. Un hecho que de confirmarse, tendría las mismas características.
15 de Marzo de 2015
Ing. Edgardo Castro. inspector del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
“Fue peor que el caso Cromañón”
El ing. Edgardo Castro comenzó a trabajar en el gobierno de la Ciudad en 2005 como inspector de Trabajo. Responsable de evaluar las condiciones de higiene y seguridad de los establecimientos, incluidas las condiciones de riesgo que generaba la relación laboral de acuerdo marca la ley. En 2008, realizando una inspección en los pabellones 7 y 8 del depósito que Iron Mountain tenía en Barracas, decidió clausurarlos.
–¿Qué vio en Iron Mountain en la inspección de 2008 y por qué decidió clausurarlo?
–Básicamente, las condiciones de seguridad contra incendios exigen que uno, primero, se ubique técnicamente; es decir, identificar qué riesgo es el principal, porque no es lo mismo si se trata de una metalúrgica; con una industria química, es otro, como también sería otro en un depósito de combustibles o de papeles. En un depósito de papeles, el riesgo específico es el de incendio, porque generalmente tienen poco personal. Entonces, lo que más hay que fijarse son las condiciones de seguridad pasiva, que son aquellas de lo estructural. Como no tenés personal, si tenés una posibilidad de fuego, lo que tenés que asegurar para los trabajadores y para la población es tiempo de evacuación, que los techos no se derrumben, facilitar el acceso a los bomberos, eso es resistencia pasiva. Esas medidas no pueden fallar nunca. Como los sistemas de incendios pueden fallar, la seguridad pasiva tiene que asegurar que el edificio no se caiga, que el fuego no se propague, si se quema algo, que no va a avanzar más que en cierta superficie. Es decir, que si cierro la puerta, se quemará todo lo que está ahí, pero no pasará de ese confín. Esas son las medidas pasivas. Eso es lo primero que hay que mirar. Y después lo referido a la figura activa. En este caso, Iron Mountain no cumplía con ningún criterio de seguridad pasiva. Había una carga enorme de fuego y los sistemas contraincendios no estaban en condiciones para enfrentar semejante ofensiva. Acá era muy desproporcionada la capacidad de extinción y la carga de fuego. Todas estas condiciones no se cumplían; y son sustanciales. Eso es lo que uno mira y ese fue el eje central de la clausura.
–Usted solicitó la clausura pero su pedido fue desestimado…
–En 2008, yo procedí a la clausura del establecimiento. Cuando un inspector efectiviza una clausura es porque identificó un riesgo inminente; por ejemplo, si hay riesgo de vida, clausuro inmediatamente. Como el inspector puede tener una actitud arbitraria, eso se certifica con una disposición del director que puede identificar que el inspector se hubiera equivocado, en ese caso la clausura pierde efectividad; o puede entender que tiene razón y la clausura se conforma. Luego, se inicia una acción; por sí o por no. Pero sea cual fuere la disposición tiene que haber una acción que diga si actué bien o no. Cuando voy a pedir la disposición de clausura, me responden que “Las actuaciones las pidieron de arriba”. Y nunca pude obtener la disposición ni por sí ni por no. Creo que ese edificio nunca estuvo habilitado porque si alguien lo hizo, es un delincuente, porque ese lugar era inhabilitable.
–Recientemente, usted se refirió a este caso como el de Cromañón.
–Es que es exactamente lo mismo que pasó con Cromañón; perdón, es peor. Porque fíjese que del boliche fue preso el dueño de la empresa por incumplir con las normas legales y todo lo que implica legalmente en términos de responsabilidad civil, penal, etc. Y el gobierno de la Ciudad, por no haber ejercido el control. Más allá de la diferencia cuantitativa en vidas humanas, esto es mucho más grave que lo de Cromañón. Es que éste no es el único caso. Pero a partir de aquella vez con Iron Mountain, junto con unos compañeros empezamos a hacer archivo. Cuando me dicen aquello de “me lo pidieron de arriba”, era la primera manifestación grosera de un sistema de corrupción que empezaba a verse con el gobierno macrista. Desde entonces, empezó a haber una cantidad enorme.
–¿Qué vio en Iron Mountain en la inspección de 2008 y por qué decidió clausurarlo?
–Básicamente, las condiciones de seguridad contra incendios exigen que uno, primero, se ubique técnicamente; es decir, identificar qué riesgo es el principal, porque no es lo mismo si se trata de una metalúrgica; con una industria química, es otro, como también sería otro en un depósito de combustibles o de papeles. En un depósito de papeles, el riesgo específico es el de incendio, porque generalmente tienen poco personal. Entonces, lo que más hay que fijarse son las condiciones de seguridad pasiva, que son aquellas de lo estructural. Como no tenés personal, si tenés una posibilidad de fuego, lo que tenés que asegurar para los trabajadores y para la población es tiempo de evacuación, que los techos no se derrumben, facilitar el acceso a los bomberos, eso es resistencia pasiva. Esas medidas no pueden fallar nunca. Como los sistemas de incendios pueden fallar, la seguridad pasiva tiene que asegurar que el edificio no se caiga, que el fuego no se propague, si se quema algo, que no va a avanzar más que en cierta superficie. Es decir, que si cierro la puerta, se quemará todo lo que está ahí, pero no pasará de ese confín. Esas son las medidas pasivas. Eso es lo primero que hay que mirar. Y después lo referido a la figura activa. En este caso, Iron Mountain no cumplía con ningún criterio de seguridad pasiva. Había una carga enorme de fuego y los sistemas contraincendios no estaban en condiciones para enfrentar semejante ofensiva. Acá era muy desproporcionada la capacidad de extinción y la carga de fuego. Todas estas condiciones no se cumplían; y son sustanciales. Eso es lo que uno mira y ese fue el eje central de la clausura.
–Usted solicitó la clausura pero su pedido fue desestimado…
–En 2008, yo procedí a la clausura del establecimiento. Cuando un inspector efectiviza una clausura es porque identificó un riesgo inminente; por ejemplo, si hay riesgo de vida, clausuro inmediatamente. Como el inspector puede tener una actitud arbitraria, eso se certifica con una disposición del director que puede identificar que el inspector se hubiera equivocado, en ese caso la clausura pierde efectividad; o puede entender que tiene razón y la clausura se conforma. Luego, se inicia una acción; por sí o por no. Pero sea cual fuere la disposición tiene que haber una acción que diga si actué bien o no. Cuando voy a pedir la disposición de clausura, me responden que “Las actuaciones las pidieron de arriba”. Y nunca pude obtener la disposición ni por sí ni por no. Creo que ese edificio nunca estuvo habilitado porque si alguien lo hizo, es un delincuente, porque ese lugar era inhabilitable.
–Recientemente, usted se refirió a este caso como el de Cromañón.
–Es que es exactamente lo mismo que pasó con Cromañón; perdón, es peor. Porque fíjese que del boliche fue preso el dueño de la empresa por incumplir con las normas legales y todo lo que implica legalmente en términos de responsabilidad civil, penal, etc. Y el gobierno de la Ciudad, por no haber ejercido el control. Más allá de la diferencia cuantitativa en vidas humanas, esto es mucho más grave que lo de Cromañón. Es que éste no es el único caso. Pero a partir de aquella vez con Iron Mountain, junto con unos compañeros empezamos a hacer archivo. Cuando me dicen aquello de “me lo pidieron de arriba”, era la primera manifestación grosera de un sistema de corrupción que empezaba a verse con el gobierno macrista. Desde entonces, empezó a haber una cantidad enorme.
