21 de Noviembre de 2014
Una vieja tradición de oposición sediciosa
Una vieja tradición de oposición sediciosa
Quedó en manos de Servini de Cubría la causa presentada por el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat ante la justicia federal donde denuncia que “el acuerdo de los legisladores opositores viola el artículo 230 inciso 2 del Código Penal". El acuerdo al que hace referencia, es el titulado “Freno a nuevos jueces de la corte hasta el 2015” y que fuera firmado recientemente por una treintena de legisladores entre los que se destacan: Ernesto Sanz, Gerardo Morales, Fernando Pino Solanas, Carlos Reutemann, Juan Carlos Romero, Luis Juez, Gabriela Michetti y Diego Santilli. Allí, se advierte explícitamente que se comprometen a “rechazar el tratamiento de cualquier solicitud de acuerdo para la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta tanto finalice el próximo proceso electoral”.
De esta forma, la denuncia por el delito de sedición presentada por Barsesat está basada en el artículo 230 inciso 2 del Código Penal que prevé que “serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituya delito más severamente penado por este código”.
Los mismos legisladores que en otras oportunidades han hablado de “la importancia del diálogo” y que hablan en los medios de “calidad institucional” son quienes anunciaron en una conferencia de prensa improvisada en un pasillo del Senado. “Comprometidos con la defensa de la necesaria independencia del Poder Judicial nos comprometemos a rechazar el tratamiento de cualquier solicitud de acuerdo para la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta tanto finalice el próximo proceso electoral”, observaba en su lectura el socialista Rubén Giustiniani, como voz cantante pero que había sido firmado por todos los senadores de los bloques de la UCR, del interbloque FAP-Unen-Coalición Cívica ARI, del Frente Cívico de Catamarca, del Peronismo Federal, del Movimiento Popular Fueguino, del Movimiento Popular Neuquino y de la Alianza Santa Fe Federal y Trabajo y Dignidad.
Barcesat, quien recibió el apoyo de varios constitucionalistas, entre ellos Roberto Boico, revistó en su escrito que “ha tomado estado público la iniciativa, ya concretada, de senadores nacionales, para operar una connivencia delictiva a fin de impedir que el Poder Ejecutivo Nacional cumplimente la manda constitucional” y proponga un candidato a ocupar la vacante que dejará Eugenio Raúl Zaffaroni en el Supremo Tribunal.
Según ordena la Constitución nacional, la elección de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia debe realizarse por los 2/3 de los miembros de la Cámara alta, por lo que serían necesarios 48 votos sobre los 72 que conforman el cuerpo. De esta manera, el acuerdo de 29 senadores oponiéndose a tratar el nombramiento del quinto integrante obstaculiza la designación, sea quien fuere la persona propuesta.
http://sur.infonews.com/nota/10021/una-vieja-tradicion-de-oposicion-sediciosa
De esta forma, la denuncia por el delito de sedición presentada por Barsesat está basada en el artículo 230 inciso 2 del Código Penal que prevé que “serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituya delito más severamente penado por este código”.
Los mismos legisladores que en otras oportunidades han hablado de “la importancia del diálogo” y que hablan en los medios de “calidad institucional” son quienes anunciaron en una conferencia de prensa improvisada en un pasillo del Senado. “Comprometidos con la defensa de la necesaria independencia del Poder Judicial nos comprometemos a rechazar el tratamiento de cualquier solicitud de acuerdo para la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta tanto finalice el próximo proceso electoral”, observaba en su lectura el socialista Rubén Giustiniani, como voz cantante pero que había sido firmado por todos los senadores de los bloques de la UCR, del interbloque FAP-Unen-Coalición Cívica ARI, del Frente Cívico de Catamarca, del Peronismo Federal, del Movimiento Popular Fueguino, del Movimiento Popular Neuquino y de la Alianza Santa Fe Federal y Trabajo y Dignidad.
Barcesat, quien recibió el apoyo de varios constitucionalistas, entre ellos Roberto Boico, revistó en su escrito que “ha tomado estado público la iniciativa, ya concretada, de senadores nacionales, para operar una connivencia delictiva a fin de impedir que el Poder Ejecutivo Nacional cumplimente la manda constitucional” y proponga un candidato a ocupar la vacante que dejará Eugenio Raúl Zaffaroni en el Supremo Tribunal.
Según ordena la Constitución nacional, la elección de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia debe realizarse por los 2/3 de los miembros de la Cámara alta, por lo que serían necesarios 48 votos sobre los 72 que conforman el cuerpo. De esta manera, el acuerdo de 29 senadores oponiéndose a tratar el nombramiento del quinto integrante obstaculiza la designación, sea quien fuere la persona propuesta.
