“Las políticas contracíclicas darán mayor contención”
De acuerdo con lo informado por la cartera laboral, estas acciones llegan a 815.000 trabajadores, en 374.500 empresas e implican una inversión de 3.034 millones de pesos.
–Si el registro interanual de junio y abril daba una suba del empleo del 0,5% y recién en julio el registro fue negativo sólo en un 0,3%, ¿cuál es el contexto que identifica en el cual se aplican estas nuevas acciones?
–Lo que se anunció recientemente tiene que ver con un conjunto de herramientas para sostener el empleo. Hablamos de Repro, una herramienta que en el año 2009, llegó a 145 mil empleos, que apunta a cuidar el vínculo laboral y entrega una suma de dinero que ahora se elevó a 2000 pesos que van directamente al bolsillo del trabajador. Entonces, no sólo contuvo al trabajador sino que con la recuperación del 2010 y 2011, permitió que las empresas que los retuvieron pudieran responder mejor y no debieran salir a buscar y capacitar empleados desde cero. Después tenemos la Ley de promoción del trabajo y prevención del fraude laboral, que combate el trabajo no registrado con un registro de sanciones, pero que también permite a los pequeños empleadores una rebaja de aportes. Así, sumándole estos incentivos al Progresar y ampliando la posibilidad de generar empleo, se otorgan oportunidades a jóvenes, a desempleados, pero también se ofrece un atractivo, desde el punto de vista económico, para los comerciantes; fortaleciendo toda la cadena. Todo esto, tiene que ver con la aplicación de políticas contracíclicas que tienen que ver con algunos problemas internacionales como la baja en la demanda de Brasil, vinculada a su vez con una baja en su tasa de crecimiento, donde a su vez, están repercutiendo las bajas en el crecimiento de otros países del mundo. Notamos, por ejemplo, en la cadena automotriz, un impacto que generó suspensiones, una herramienta que el propio convenio de Smata plantea como posible, pero que creemos que desde el Estado podemos hacer cosas para reducir ese impacto. Un tema importante también es la pelea contra los fondos buitre donde, desde algunos sectores, plantean escenarios terroríficos, a los que queremos responder para que no se convierta en una profecía autocumplida. Éste es un Estado atento, que siempre está preocupado por el empleo. Y si se desaceleró el crecimiento y no está como en el 2011, hay un conjunto de políticas, desde el aumento de la jubilación y la Asignación Universal por Hijo (AUH) hasta la realización de obra pública, y la aplicación de políticas contracíclicas, que darán contención. Pero además generamos herramientas para facilitar la generación de empleo, luchar contra el trabajo no registrado, donde hubo una baja importante... se redujo de más de 52% al 34%. Pero creemos que para avanzar hacen falta nuevas herramientas, por eso la Ley del Peón Rural y la recuperación de la Renatea; la Ley de trabajadores en casas particulares, con un millón de trabajadores en cada caso. Pero hay otro foco importante en los pequeños comercios, empresas de pocos trabajadores, y queremos que se regularicen. Por eso, estos nuevos regímenes e incentivos económicos, porque la idea es poder seguir avanzando.
–¿De qué forma puede avanzarse sobre el trabajo no registrado cuando una parte importante de la economía se maneja de manera informal?
–La baja del trabajo no registrado de estos últimos años es un proceso histórico. La recuperación del trabajo es un tema político pero no de cualquier trabajo. Nos interesa que el trabajo sea registrado, no sólo por los derechos del propio trabajador, sino por la sustentabilidad del sistema. La recuperación de las AFJP, la seguridad social, el rol de la Anses, entre otras acciones, tienen que ver con eso.
–¿Cómo ve que algunos gremios, como Uatre, Gastronómicos y Comercio, sean los que tienen mayor cantidad de empleados en negro y que sus dirigentes indiquen que el blanqueo no está entre los reclamos que ellos priorizan?
–En el caso rural, es lamentable escuchar el discurso de la Sociedad Rural y ver tantas similitudes con el del sindicato que no hacía ningún bien a los trabajadores. Por eso el Estado decidió asumir este rol. Sin el nuevo Renatea no hubiese sido posible la identificación de trabajadores en situación de absoluta desprotección, uno de los ejemplos en los propios campos del presidente de Sociedad Rural. Pero desde el punto de vista general, el ministro Tomada plantea que, además de los inspectores que hemos recuperado y que han permitido multiplicar la inspección laboral, necesitamos el acompañamiento de las provincias, de los municipios pero sobre todo, necesitamos que cada delegado gremial se convierta en un inspector de trabajo, en todos los gremios.
–¿Cuál es la importancia del trabajo del ministerio en los municipio?
–Hemos montado 500 oficinas de empleo, que son municipales, y nos brindan la posibilidad de poder atender en forma directa la intermediación laboral en los pueblos. Queremos que la Argentina sea más competitiva, que siga formando trabajadores, que ofrezca mejores productos, pensando en la cadena de valor, pero es importante que las políticas nacionales encuentren una articulación local en los municipios de todo el país.
–Usted presidió la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires en la gestión anterior al macrismo. ¿Cómo ve la propuesta del PRO sobre pasantías de empleo, y qué diferencias encuentra con los planes Progresar y Procrear?
–En este punto, claramente, vuelven a oponerse dos modelos. El modelo neoliberal, que es el que defienden desde el PRO a través de la generación de empleo sin derechos, porque creen que no es un rol del Estado intervenir en el mercado laboral. No es casual que no quisieran integrarse a la red de oficinas de empleo, no participan en las políticas activas de empleo, y creen que las posibilidades de empleo surgen a partir de brindar ventajas impositivas a las empresas. Crean “distritos”, algunos en lugares donde las empresas ya estaban instaladas, que no son otra cosa que negocios para los empresarios y que no necesariamente garantizan el empleo. Las pasantías no plantean márgenes de tiempo y se proponen en condiciones que no son las adecuadas. En el caso de Progresar y ahora del Procrear estamos planteando primero los incentivos en las contrataciones, pero además contemplan un recibo en el banco, la adecuación a los convenios; un conjunto de derechos con el acompañamiento del Estado para facilitar la inserción de aquellos que tal vez el mercado discrimina. Y cuando hablamos de entrenamiento laboral nos referimos a un entrenamiento acotado en el tiempo, con hasta cuatro horas, con cierta complejidad en la tarea, y que si rendís, rápidamente puedas ser contratado con las mismas condiciones que marca el convenio colectivo. Y si no se lo contratara, al menos tendrá un certificado de haber recibido esa capacitación teórica y práctica que le servirá como una credencial más para el mercado laboral. Claramente, el empleo es una preocupación para el Estado porque cuando hay una cola enorme de desocupados, el empresario puede poner condiciones mucho más restrictivas para el trabajador.
–¿Qué impacto han tenido las medidas destinadas a promover la inserción laboral y de estudios en el segmento de los llamados jóvenes, “ni- ni”?
–Hay un conjunto de empresarios con los cuales trabajamos de forma articulada, se han generado puestos de trabajo, alternativas, lineamientos, acuerdos con las cámaras empresariales, pero también hay algunos a los que nosotros identificamos como “empresario ni-ni”, aquellos que ni registran ni invierten; que están todo el tiempo planteando escenarios de “necesidad de reglas del juego claras”, de confiabilidad, de proyectos a largo plazo... y llevamos 11 años con una misma política, algo que nunca ha pasado en la historia, y sin embargo siguen reclamando eso y no asumen la responsabilidad de terminar de registrar a los trabajadores. Cuando hablan de los jóvenes ni-ni ponen en una misma bolsa a jóvenes muy diversos; les adjudican la responsabilidad de no querer estudiar o capacitarse, cuando en realidad no les dan oportunidades. Nosotros entendemos que esos jóvenes sí quieren tener un trabajo y estudiar, y lo demuestran los cientos de miles que llenan las universidades del conurbano, cuando se suman al Progresar... Dos tercios de ellos son mujeres, un 30% de ellas tienen hijos de uno o dos años, y muchas tienen AUH. Es importante que se capaciten y que puedan tener una maternidad donde puedan compartir las responsabilidades familiares junto a los hombres, y que vean que pueden crecer. Algunos de esos jóvenes pertenecen a sectores vulnerados, algunos tienen problemas con la ley, con el consumo problemático de sustancias; y es necesario un conjunto de políticas de Estado complementarias. Por eso también planteamos una articulación con Sedronar, y trabajamos dentro de las cárceles, con ayuda del Ministerio de Justicia. Hay políticas específicas que necesitan otro tipo de acompañamiento. No se debe estigmatizar. Hace falta comprender por qué han pasado y ofrecer salidas.
