Un funcionario del PRO imputado en actos de corrupción está a punto de obtener fueros al convertirse en juez gracias al entramado de la familia judicial y el poder político.Un funcionario del PRO imputado en actos de corrupción está a punto de obtener fueros al convertirse en juez gracias al entramado de la familia judicial y el poder político.
Martín Farrell era director de la Dirección General de Habilitaciones del GCBA cuando se derrumbó el entrepiso de Beara en septiembre de 2010. El boliche ya había sido clausurado en cuatro oportunidades entre 2007 y 2009. A Farrell le había advertido de los riesgos de una nueva habilitación la por entonces responsable del área de Fiscalización y Control, Vanesa Berkowsky. Sin embargo, Farrell lo habilitó como bar y luego como salón de fiestas.
Farrell quedó imputado, primero por homicidio culposo; pero cuando el fiscal Andrés Madrea descubrió coimas en la contabilidad de los dueños del local, Farrell fue imputado por cohecho pasivo. Las investigaciones del fiscal se confirmaron con las escuchas telefónicas posteriores que involucran también a la Policía Federal.
Farrell presentó su renuncia, que se hizo efectiva en enero de 2013. Y comenzó a trabajar como secretario en el Juzgado de primera instancia en lo CAyT N° 10.
El caso de Beara lo tomó la jueza Alicia Iermini (salvada por Alejandro Fargosi de enfrentar un Jury por mal desempeño en sus funciones en la causa del asesinato de Walter Bulacio en 1991), y mediando 2012 sobreseyó a todos los funcionarios públicos quedando imputados sólo los dueños.
Como si se tratara de una broma pesada, Farrell se enteró el Día de los Inocentes de 2012 que la Sala VII de la Cámara del Crimen había revocado todos los sobreseimientos y exigió a la jueza que les tomara indagatoria, lo que se dilató hasta este año.
Martín Farrell es homónimo de su padre –abogado, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, ex juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial, docente de la Universidad de Palermo a cargo del curso Teorías del Derecho, autor de los libros Una sociedad (relativamente) justa y Privacidad, autonomía y tolerancia–, que fue quien falló contra el artículo 161 de la ley de medios, el artículo de la desinversión, permitiendo estirar los tiempos de la aplicación de la ley a niveles inexplicables.
Según consta en la causa, de las escuchas incorporadas destaca una en la que se involucra a Farrell. Se trata de una conversación telefónica entre el también imputado Leandro Camani y el empresario que gestionaba la habilitación del cine y teatro Los Ángeles, Fabián Rodríguez: “Por más que Farrell no esté más, es de la gestión. No está más en ese puesto, pero sigue trabajando para Macri. Ellos están con más ganas de tapar una cagada que se mandaron funcionarios de ellos que en hacer justicia (...) No estás hablado de un cuatro de copas, ¿viste?, era un funcionario... estás hablando de un pibe que se atajó todos los penales de ellos, ¿viste?, porque él, él recaudaba para ellos, ¿me entendés? El papá es camarista, todo el quilombo de Ciro James...”, se escucha decir a Camani.
Farrell pertenece a la corriente macrista Pro Puro Pro, un núcleo duro en la interna amarilla, que fue lanzada el 6 de diciembre de 2010. En aquel lanzamiento estaban, junto a Farrell, el presidente del PRO a nivel nacional, José Torello; Pablo Clusellas, secretario de Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad y Vicepresidente 1º del PRO Capital; el entonces director de la Agencia gubernamental de control, Javier Ibáñez; el ex subsecretario de Justicia Daniel Presti, y Mauricio Devoto, ex presidente del Consejo de la Magistratura porteño.
Entre 2010 y 2012, el Consejo de la Magistratura realizó concursos para cubrir 14 cargos en la Cámara y en la Primera instancia del fuero en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad. Farrell se anotó. Por los exámenes, antecedentes y entrevista personal logró el puesto 15, quedando primero en la lista de espera aunque no contaba con el apoyo de Juan Manuel Olmos, presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, ni del consejero Daniel Fábregas. Pero se ampliaron las vacantes, se liberó una de ellas luego de que la hasta entonces jueza Inés Weinberg de Roca fuera ascendida como integrante del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, y Farrell quedó listo para ocupar su lugar.
La orden de mérito fue presentada a la Legislatura, habilitando un período de 60 días para su aprobación o impugnación, independientemente de que el presidente del Consejo de la Magistratura, Juan Manuel Olmos, votó a favor de la impugnación.
Fuera del procedimiento habitual, en este caso se votará “en silencio”: en lugar de necesitar la aprobación, si vencido el plazo no logran los votos de impugnación, Farrell queda nombrado juez.
A principios de 2014, el fiscal Madrea presentó nuevas pruebas en la causa. Pidió nuevos procesamientos y varias indagatorias a ex funcionarios.
El 15 de abril, luego de tres años y medio, la jueza Iermini (como le había señalado la Cámara el 27 de diciembre de 2012) citó a indagatoria a Martín Farrell (h) por su responsabilidad en las muertes y cohecho pasivo (cobrar coimas) en dos oportunidades para el 14 de mayo de 2014, pero para el resto de los imputados y sin razón que lo justifique fijó audiencias de manera escalonada hasta mitad del mes de junio. Para los otros dos directores que firmaron junto con Farrell la ampliación de la habilitación para “fiestas privadas” de Beara, Pablo Saikaukas y Norberto Cassano, las fijó para el 21 y 22 de mayo. Al verificador municipal Isaac Rasdolsky y al inspector Mustapich los citó para el 26 y 27 de mayo, en cambio a los gestores abogados Leandro Camani y Matías Pantarotto los citó para los días 16 y 19 de mayo. Por cohecho activo (pagar coimas) en los trámites de ambas discos (Beara y Caramel), citó para la primera quincena de junio a los propietarios socios de El Viejo Sabio S.A. y Complejo Mole S.A. que ya fueron procesados por los homicidios calificados, Agustín Dobrila, Juan Carlos Yun, Iván Fliess, Roberto Kattan Coria y Ronaldo Fliess.
El 25 de junio a las 12 se realizará una audiencia pública para presentar aprobaciones e impugnaciones a la orden de mérito de Farrell: justo el día y el horario del partido Argentina-Nigeria. Si la recomendación fuera negativa, su paso al archivo es seguro pues si la oposición obliga al PRO a una sesión sobre tablas el mismo 26, su defensa va a decir que la Jueza no resolvió, y si la sesión se programa para el 3 de julio, el tiempo ya expiró y Farrell ya sería juez del macrismo. Resulta difícil creer que dicho calendario no fuera diagramado por profesionales.
En su defensa, Farrell declaró en la indagatoria que la culpa es de los empresarios que declararon datos falsos y de Bercosvky que no controló que allí había una disco. También argumentó que en la nota que le mandó Bercovsky un día antes diciéndole que era un boliche clandestino y que no lo habilitara como casa de fiestas privadas no decía que se estaba clausurado por exceso de personas, además de que la nota era improcedente administrativamente. Al respecto, incluso, presentó como respaldo por escrito una nota de Javier Ibáñez (ex Socma, director de la AGC y su jefe en ese momento), quien le señala que la nota no es vinculante; aclarando además que Ibáñez es el superior tanto de él como de Bercovsky. Una argumentación que parece una advertencia.
Aquel 2010, a pocas horas de las muertes en el Beara, Horacio Rodríguez Larreta (hoy precandidato macrista 2015 para la Jefatura de Gobierno porteña) sostuvo que “Beara estaba bien habilitado, el entrepiso también; que tuvo nueve inspecciones en lo que va del año, siendo la última el 5 de septiembre” y dejó entrever que el Estado no debe inmiscuirse en los negocios privados: “Lo primero que surge es un mal uso de las instalaciones”. A su lado estaba Marcos Peña, secretario general del gobierno porteño, quien aseguró que “se irá a fondo para que los responsables se hagan cargo, así sea que la falla haya existido en el algún punto en el Gobierno”.
En 2013, en medio de la pelea por la democratización del Colegio de la Magistratura, Mauricio Macri, junto a integrantes de la familia judicial y algunos diputados, se sacaba una foto en el Palacio de Tribunales sosteniendo una bandera que decía “Sin Justicia no hay futuro”. Las jóvenes que habían ido a bailar se llamaban Leticia Provedo, de 21 años, hija de una docente, y Ariana Lizarraga, de 20. Sus padres siguen peleando contra la corrupción estructural. Saben que la impunidad para seguir operando habría sido imposible sin la connivencia de la familia judicial y la ayudita de algunos amigos.
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