Poner el foco en la seguridad
En la provincia de Buenos Aires, en las últimas dos
semanas, se tomaron una serie de medidas tendientes a mejorar la
situación de inseguridad que incluyen: el envío de cinco mil gendarmes a
inspeccionar zonas sensibles del conurbano, la incorporación de nuevos
móviles a las flotas de patrulleros, se entregaron más cámaras para la
prevención del delito y se entregaron elementos para acompañar el pedido
de la población. Pero también se desdobló lo que era el ministerio de
Justicia y Seguridad, manteniendo al frente de Justicia a Ricardo Casal y
colocando al frente de Seguridad a quien fuera intendente de Ezeiza
desde hace 18 años, Alejandro Granados.
Según trascendió, el gobernador Daniel Scioli habría pedido a Casal que
se concentre “en la puesta en marcha de reformas estructurales como
juicio por jurados que lleva 157 años de demora y que este gobernador lo
promovió y cuya ley está a punto de ser sancionada”, luego de
agradecerle su vocación de servicio. Respecto de Granados, el mismo
Casal señaló que “tenía un enorme grado de excelencia entre la
intervención policial y judicial”.
Buscando las repercusiones de los municipios, Miradas al Sur dialogó con
los intendentes de Lanús y de Quilmes, quienes analizan en profundidad
las medidas de corto y largo plazo lanzadas en las últimas dos semanas.
“Con el fin de la desigualdad social terminará el delito”
Por Felipe Deslarmes.
En diálogo con Miradas al Sur, Francisco Barba Gutiérrez, luego de que firmara con el actual ministro de Justicia, Ricardo Casal, la entrega de cámaras para reforzar la vigilancia del distrito de Quilmes y la instalación de una nueva comisaría en el barrio Matera, evaluó como “acertadas” varias medidas por la búsqueda en lograr mayor eficiencia en seguridad, pero cuestionó los pedidos de la baja en la edad de imputabilidad.
–¿Qué evaluación hace de las medidas anuncuadas vinculadas con el tema seguridad?
–Hace rato que venimos hablando sobre la necesidad de reforzar lo referente a seguridad pública. El Estado no debería tener ningún tipo de prejuicio en ese tema. Debemos ser garantes de la vida de las personas. Tenemos que ponernos en el medio del conflicto para asegurar a los vecinos que buscan tranquilidad y paz. Apruebo las medidas que buscan coadyuvar la seguridad pública; se trate de reforzar la Policía, de mejorar el presupuesto, de poner más cámaras o el apoyo de Gendarmería. Nos permitirá que haya más prevención en los municipios.
–¿Coincide con que se haya desdoblado en dos el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires?
–La decisión de separar en la provincia de Buenos Aires el Ministerio de Justicia con el de Seguridad, para poder enfrentar mejor y más específicamente lo referente a seguridad es una medida acertada y buena. Es hacer frente a uno de los reclamos de los vecinos. Mejorar este aspecto es una demanda de la población manifestada en las últimas elecciones, a la que estamos respondiendo. Dijimos: “Tiene razón; nosotros nos ocupanos.Confíen en nosotros que vamos a tomar medidas y vamos a gobernar en función de lo que necesita porque somos parte de este proyecto nacional y popular que quiere garantías”.
–¿Cómo ve la incorporación de Granados?
–Este ministerio que tiene al frente a un intendente que vive los problemas diarios, cotidianos de los vecinos, y más del conurbano, y como en el caso de Granados que es un hombre que se ha dedicado desde hace tiempo al tema de la Seguridad, que tiene una gran experiencia, va a ser importantísimo para superar las dificultades de la provincia de Buenos Aires.
–¿Cómo entiende que el Frente Renovador pretenda adueñarse del proyecto de policías municipales que ellos mismos frenan en la Legislatura?
–El oportunismo político de siempre de aquellos que “tienen vuelo de perdiz”, porque levantan vuelo y caen enseguida. Nosotros tenemos una mirada de largo plazo y permanente. Lo que va a eliminar la inseguridad, o al menos en gran parte, es la inclusión social, la generación de empleo, la captación de los jóvenes en actividades culturales, deportivas, sociales y laborales. Y estamos cursando ese proyecto. Pero revisemos la historia argentina: desde el ’55 venimos padeciendo la destrucción permanente del tejido social, de los tejidos productivos, generando inequidad y desigualdad que es el germen del delito. Tanto que todavía no hemos podido eliminarlo. Cuando terminemos con la desigualdad social se va a terminar el delito. Mientras tanto, hay que tomar medidas preventivas que garanticen tranquilidad a los vecinos y eso es lo que estamos haciendo.
–¿Cómo ve el accionar de la Bonaerense que durante tantos años ha sido criticada por sus vínculos con la delincuencia?
–En otros tiempos, la Bonaerense respondía a una conducción política que tenía como meta el modelo neoliberal, un modelo que generaba exclusión, destrucción de las fuentes de trabajo y abandonaba al vecino. No tenía un modelo nacional, popular y productivo que tiene como objetivo la inclusión social; como ocurre ahora. La conducción política debe poner metas, objetivos y controlar el accionar, y es la forma en que el Estado debe poner a la Bonaerense bajo las órdenes de una conducción política. La fuerza policial debe responder siempre a las orbitas de la conducción política del Estado municipal, provincial y nacional.
–¿Cómo se avanza sobre el tema de la droga?
–Es un tema que hay que trabajarlo muy de cerca con los vecinos. Porque son los vecinos los que más saben dónde están. Trabajando con los vecinos y con conducción política que apunten a terminar con el flagelo de la droga vamos a tener enormes resultados.
–¿Qué opina sobre la posibilidad de que se impulse la baja de edad en imputabilidad?
–Yo no estoy de acuerdo con la baja de la edad de la imputabilidad. No comparto la idea de que se baje la edad de la imputabilidad. En todo caso, los menores de 16 años son responsabilidad de sus padres. No podemos permitir que los padres no se hagan responsables de los menores que tienen a cargo. De 16 para arriba, creo que así como tienen posibilidad de votar, está bien que tengan otras responsabilidades y quienes cometan actos fuera de la ley deberían responder como cualquier otro adulto. La posibilidad de votar también tiene que ver con la madurez y por eso marca un límite a partir del cual deben responder de otra forma. Y para aquellos menores que tuvieran accionar contrario a la ley, el Estado debe proveer lugares adecuados para el tratamiento integral que contemple un abordaje psicológico de contención.
Entrevista. Darío Díaz Pérez.
“La gente nos pide respuestas”.
Por Felipe Deslarmes.
Esto es para las familias, para las escuelas, para los comercios, las empresas, y resulta sumamente importante que ahora todos nos comprometamos. Esto se hizo con mucho esfuerzo, con un gran trabajo destinado a cuidarlos a ustedes, a nuestros chicos, jóvenes, abuelos, a todos”, señalaba la semana pasada el intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez, en un acto que se realizó en el salón Auditorio del Palacio Municipal en el que, junto al todavía ministro de Justicia y Seguridad Bonaerense, Ricardo Casal, firmaban un convenio correspondiente al Programa de Video Seguridad en el Territorio Bonaerense. Este programa suma 40 cámaras en distintos puntos de la ciudad, a las ya instaladas en el Municipio. Pero además, el intendente de Lanús recibió allí mismo los primeros botones antipánico, de un total de 1.000, que en una primera etapa serán destinados a Gerli, y que serán instalados en colectivos, escuelas y hospitales de diferentes barrios del distrito. Estos botones están pensados también como herramienta fundamental para evitar situaciones de violencia en la vía pública. También allí se entregaron tres nuevos móviles Ford Ranger totalmente equipados para sumarse al patrullaje de este Plan de Seguridad Ciudadana; y se firmó el acta compromiso que da respuesta por parte del Municipio a las demandas de los vecinos de Gerli Este para la construcción de la comisaría undécima.
Consultado por Miradas al Sur respecto de los últimos cambios en Seguridad, el intendente de Lanús observó que “la seguridad es una pelea de todos por eso los comprometemos a sumarse desde su lugar, a ser parte de este sistema de seguridad que sigue creciendo en nuestro distrito”.
–¿Qué conclusión saca de la reunión con Casal y de estos nuevos aportes de tecnología?
–Siempre estamos a la espera de más herramientas para fortalecer recursos en la calle. Nosotros hemos agregado los botones antipánico, más cámaras, y completamos un anillo de fibra óptica para sumar muchas cámaras más. Con estos tres últimos, suman siete los patrulleros que incorporamos a nuestro patrimonio municipal. Y seguimos contratando retirados de la fuerza para que patrullen las calles.
–¿Cree que alcanzan estas medidas?
–Todo lo que hagamos es importante para que la gente se sienta más protegida. De cualquier manera creo que el tema de los gendarmes es una medida que solicitamos los intendentes. Hay que recordar que los gendarmes estaban de hace rato, aunque no en esta cantidad, entre otras cosas porque seguimos a la espera de la Policía Municipal. Como no podemos esperar a que las Cámaras se pongan de acuerdo, pedimos que la presencia de Gendarmería se hiciera efectiva y fuerte ahora.
–¿Por qué no avanza el proyecto de las policías municipales?
–Porque es el Frente Renovador el que tiene trabado el proyecto en la Legislatura. En ese punto, es curiosa la actitud especuladora y oportunista que siempre tuvieron Massa y los que tiene al lado, pretendiendo adueñarse del proyecto, cuando es algo que venimos hablando hace rato con Provincia. Venimos discutiendo con los legisladores modalidades distintas para la ley y, en ese sentido, estamos logrando consenso sobre una de ellas. Pero es inaceptable esta tardanza. No podemos demorarnos en el devaneo de los legisladores de Frente Renovador que no se deciden a acompañar leyes que nos exigen los vecinos todos los días. La gente nos pide respuestas, no se puede tardar tanto con una ley.
–¿Cómo recibió la llegada de Alejandro Granados al Ministerio de Seguridad?
–Creo que es un desafío importante para alguien que tiene mucha experiencia. Granados es uno de los intendentes que más experiencia han acumulado respecto de la policía de protección ciudadana. Su propuesta es muy anterior a la de otros. Fue el primero que empezó con esto y él se lo llevó a Néstor Kirchner. Es un hombre que tiene gran experiencia y con grandes aportes para conformar una policía preventiva y para actuar sobre delitos primarios. Porque no estamos hablando de policía armada. Más que nadie, somos los intendentes los que sabemos lo que se siente cuando ocurren hechos delictivos.
–¿Cómo ve el pedido de la baja de edad de imputabilidad?
–Me gustaría que no se hablara de ese tema, porque la situación actual no tiene que ver con eso. Nunca tuvo que ver con eso. Y con modificación o sin ella, hay un número mínimo de chicos, de menores, que estarán vinculados con este tipo de actos. El Estado tiene otras formas de actuar preventiva, e incluso punitivamente, de modo que resulta innecesario modificar la edad de imputabilidad. Eso suena más a un reclamo que viene de otro sector, no del nuestro.
Entrevista. Julián Axat.
“En los hechos, la edad de imputabilidad se baja por la vía judicial”.
Por Graciela Pérez.
El defensor del fuero de responsabilidad juvenil de La Plata, Julián Axat, afirmó que en los hechos los jueces bajan la edad de imputabilidad amparándose en un decreto firmado por el ex dictador Rafael Videla. De esta manera, muchos menores están bajo rejas sin el debido proceso y cuando logran su libertad “salen con una impronta criminal más marcada”. El reclutamiento de chicos por parte de bandas criminales es un hecho que atraviesa sobre todo al Conurbano.
–¿Qué se lograría con la eventual baja en la edad de imputabilidad?
–La discusión no pasa sólo por bajar la edad de jóvenes adolescentes, porque la responsabilidad sobre los hechos delictivos debería caer en un foro especializado que determine el tipo de penas. Actualmente no están garantizados los derechos y obligaciones de los menores.
–¿Hace falta un Código Penal Juvenil?
–Es fundamental. Se están cometiendo atrocidades. Tenemos a chicos de 12 años encerrados en institutos de menores. Hay que derogar el Decreto 22.278 de Rafael Videla que es el caballito de batalla de muchos jueces. En los hechos, la edad de imputabilidad se baja por la vía judicial. En la provincia de Buenos Aires hay 300 chicos encerrados sin el debido proceso. Un instrumento penal juvenil blanquearía la situación de muchos menores. Creo que el debate no debería darse en un contexto electoral porque se presta a demagogia. Tenemos que saber que la Corte Interamericana llamó la atención a la Argentina por la cantidad de menores institucionalizados y, de no haber una solución inmediata, el país será sancionado.
–¿La baja en la edad de los menores involucrados en delitos es tal como se difunde en los medios?
–Hay una cuestión de hipotermia mediática. Existen delitos juveniles que tienen que ver con causas sociales complejas. Se estigmatiza a los jóvenes sobre una realidad social. Los delitos existen, son reales, pero no hay un aumento de la criminalidad juvenil. Si existe el reclutamiento por parte de organizaciones criminales.
–¿Cómo es que un menor puede conseguir fácilmente un arma?
–La delincuencia está atravesada por el reclutamiento juvenil. En gran parte del Gran Buenos Aires y también en el resto del país existen tres rubros principales como el narcotráfico, donde el menor es usado como mula, soldado para defender territorios o como transa. También se alistan chicos para el robo de autopartes. Éste segmento está monopolizado por policías y expertos desarmadores. Por último, tenemos las casas marcadas. Aquí los reclutadores hacen trabajo de inteligencia y luego mandan a los menores a robar. Como vemos, el delito juvenil está atravesado por la instrumentalidad.
–¿Cuál es la situación actual de los institutos de menores?
–Existen tres lugares de tratamiento para jóvenes que han cometido delitos. Están los centros como Almafuerte, que en los hechos es una cárcel como la de Batán, Devoto u Olmos. Lugares de semiencierro, con espacios para el esparcimiento. Aquí se confiere a chicos que han cometido delitos menores y lugares abiertos para aquellos pibes que se observa que pueden tener un recorrido transitorio. Desafortunadamente, en la provincia de Buenos Aires predominan los lugares cerrados, donde los chicos están hacinados. De esta manera, cuando logran recuperar su libertad salen con una impronta criminal más marcada.
–¿Cómo evalúa el desdoblamiento de ministerio en Seguridad y Justicia?
–Está muy bien porque funcionan mejor que cuando son un superministerio. Es erróneo concentrar las funciones. Así queda en claro la prevención y la represión policial dentro del ministerio de Seguridad. Se necesita que cada gabinete trabaje específicamente en su área y en corresponsabilidad con políticas sociales activas. Falta rever los perfiles de las personas que siguen al frente. Personalmente, considero que Ricardo Casal tiene una gestión opaca y demagógica porque no hay sustento social y falla la coordinación con los ministerios y municipalidades. Aun así, considero como un avance la medida.
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