Detuvieron a Juan A. Etchebarne. La investigación realizada por la Oficina de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Valores aportó elementos a la investigación del juez Rafecas por la cual se detuvo al ex presidente de la entidad.
El radiograma firmado por el Coronel Roberto L. Roualdes con una clasificación de seguridad de restringido y con carácter prioritario.
"Esta Comisión Nacional de Valores no puede permanecer al margen de las actividades encaminadas a apuntalar el Proceso de Reorganización Nacional iniciado por las Fuerzas Armadas”, proclamaba la Resolución Interna Nº 575 del 19 de enero de 1979.
Quien presidió durante la última dictadura cívico-militar-religiosa la Comisión Nacional de Valores (CNV) era el abogado Juan Alfredo Etchebarne, quien quedó detenido recientemente por orden del juez federal Daniel Rafecas, en la causa por delitos de lesa humanidad cometidos en el Primer Cuerpo del Ejército.
Amigo personal del entonces ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, Etchebarne perteneció al Grupo Azcuénaga, parte del núcleo de “intelectuales orgánicos” del capital financiero que ocupó puestos claves en la estructura de gobierno a partir del golpe de 1976.
La CNV es un órgano estatal creado en 1968, durante la dictadura del general Juan Carlos Onganía, para “velar por la transparencia de los mercados de valores y la formación de precios”. Sin embargo, durante la última dictadura, fue utilizada para desapoderar de sus bienes a más de 130 financistas y empresarios (once de los cuales están todavía desaparecidos) bajo acusaciones apócrifas de “subversión económica” en las que se basaron desde el Comando del Cuerpo del Ejército I para llevarlos a Centros Clandestinos de Detención, Tortura, Desaparición y Muerte (CCD).
La investigación de Rafecas revela la existencia de “una clara persecución a grupos económicos determinados”, impulsada desde la CNV y luego ejecutada por oficiales de las Fuerzas Armadas.
Nuevos valores. La actual dirección de la CNV, presidida por el licenciado en economía Alejandro Vanoli, conformó hace un año, y por primera vez en la historia del organismo, una Oficina de Derechos Humanos con un equipo multidisciplinario de especialistas compuesto por la antropóloga Celeste Perosino; el historiador Bruno Nápoli; y el sociólogo Walter Bosisio. Esta oficina se gestó, en parte, por los habituales pedidos de información desde los juzgados por causas de lesa humanidad, pero también por la firme convicción política de Vanoli de recopilar toda documentación que pudiera facilitar la tarea de la Justicia y trasparentar el accionar del organismo que preside. Producto del trabajo del primer año, surgió el informe “Economía, sistema financiero y dictadura”, revelando grados de responsabilidades civiles en el accionar de la última dictadura.
En diálogo con Miradas al Sur, Alejandro Vanoli mencionó la importancia del aporte de las ciencias sociales a la construcción de la verdad tanto por la contribución directa en las causas judiciales como por la consolidación de valores culturales en un sentido común que potencie la democracia integral sin impunidad: “Este aporte resulta fundamental para comprender cuáles son los principales valores, que son los valores humanos: el derecho a la vida y a una existencia digna, violados por la dictadura. Esta acción de la CNV se entronca, por un lado, en la búsqueda de comprender y estudiar el accionar de los organismos de control en un tejido social. Pero por otro, en la búsqueda en ayudar a comprender qué lugar ocupan los DD. HH. en el presente.”
Un intercambio de memorandos entre Etchebarne y el fallecido Cnel. Roberto L. Roualdes al que tuvo acceso Miradas al Sur y que en el transcurso de esta semana tomará estado público desde la web del organismo, que había sido respondido inmediatamente, demostrando que ya se habría arreglado de antemano de manera informal, explicita el pedido de peritos “del más alto grado de idoneidad”. Y en contraparte, solicita el pago de viáticos para los peritos que se enviarían desde la CNV al CCD de Campo de Mayo para asesorar a los militares sobre qué preguntar en los interrogatorios a financistas y empresarios detenidos clandestinamente.
Carambola. Según señaló recientemente la agencia de noticias Télam, desde hace algunos años también venía investigando el tema la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Desde allí, Jorge Devincenzi explicó que la dupla conformada por Martínez de Hoz y Etchebarne “secundada por Christian Zimmerman en el Banco Central, Juan Alemann en la Secretaría de Hacienda y Walter Klein en la Secretaría de Programación Económica, operó en el desapoderamiento de los bienes de David Graiver en favor de otros grupos económicos domésticos y multinacionales”. Y aclaró que cuando los dueños de Industrias Siderúrgicas Grassi, asociados con los Chavanne, empresarios del rubro inmobiliario, intentaron adquirir el Banco de Hurlingham a la viuda Lidia Papaleo, la dupla Martínez de Hoz -Etchebarne “promovió una carambola: piratear los activos del banco y sacar del medio a Industrias Grassi, que se interponía en la reconversión de Acindar”, según reveló Devincenzi.
La carambola implicaba que el Banco de Hurlingham fuera intervenido por la Conarepa (Comisión Nacional de Recuperación del Patrimonio Argentino), que delegó las decisiones en Zimmerman, vicepresidente del BCRA. El Ministerio de Justicia designó entonces como su veedor a un jurista que en estos días suele publicar en periódicos del monopolio citado como constitucionalista, el abogado Gregorio Badeni; mientras los Grassi y los Chavanne estaban “chupados” en Campo de Mayo. “El BCRA liquidó el banco mediante el recurso habitual de la denuncia anónima y a pesar de que los técnicos del propio Central lo daban como viable”, profundizaba Devincenzi en la nota de Télam.
Testimonios. De las conclusiones del informe elaborado por la oficina de DD.HH. de la CNV, se revela: “Los funcionarios de la CNV que fuesen relacionados por testimonios de víctimas con violaciones a los derechos humanos son Juan A. Etchebarne y Rene Garris. Algunos de ellos fueron denunciados en el marco de la causa del Banco de Hurlingham por su rol activo en interrogatorios: Isidoro de Carabassa declara el 09.12.1983 que Rene Garris se encontraba presente en los interrogatorios que se le realizaron en Campo de Mayo (causa 41712 ‘Chavanne, Marcelo Augusto s/denuncia’, fjs. 164); Raúl Aguirre Saravia declara que Juan A. Etchebarne y Rene Garris lo interrogaron en un Centro Clandestino cercano a la Ricchieri (causa 41712 ‘Chavanne, Marcelo Augusto s/denuncia’, fjs. 346); Enrique Lucio García Mansilla declara que fue interrogado por Juan A. Etchebarne en Campo de Mayo (causa 41712 ‘Chavanne, Marcelo Augusto s/denuncia’, fjs. 499); Ramón Aguirre Saravia declara que en los interrogatorios bajo tortura el que hacia las preguntas era Juan A. Etchebarne (causa 41712 ‘Chavanne, Marcelo Augusto s/denuncia’, fjs. 891-892); Rosa Dominga Laurito manifestó que ‘Etchebarne, que era socio de Martínez de Hoz, estaba intentando destruir Industrias Grassi. El presenciaba las torturas, a Raúl Grassi le tiraron un termo de agua hirviendo en el pantalón, él me contó que en esa oportunidad estaba Etchebarne’ (declaración testimonial 14.12.2010). Dichos funcionarios denunciados, Rene Garris y Juan A. Etchebarne, figuran en la nomina de interrogadores del Centro Clandestino de Detención “El Campito” con asiento en Campo de Mayo. Al igual que Roberto Roualdes, coronel, jefe de Sección Política del Batallón 601, Francisco Obdulio D’Alessandri, coronel, Dto. 201, ascendido a general en 1985 y Raúl Antonio Guglielminetti, alias ‘Mayor Raúl Antonio Guglielminetti’, civil, Batallón 601, quienes han participado de los secuestros de los empresarios y agentes pertenecientes a los casos Banco de Hurlingham, La Agrícola, Industrias Siderúrgicas Grassi y Canale/Celulosa”.
Indica este informe que el secuestro a empresarios y financistas “implicó una dinámica represiva” que se diferenciaba respecto de aquellos que fueron desaparecidos por razones políticas o sociales opositores a la dictadura: “En un primer lugar, los fines del secuestro solapan la lucha contra la ‘subversión’ en sentido amplio con la lucha contra la ‘subversión económica’ o mejor dicho, el objetivo de los secuestros era detectar el aspecto económico de la subversión en dos sentidos: la búsqueda del dinero de organizaciones consideradas ‘guerrilleras’ o ‘subversivas’”.
Impulsar el cambio. Imputado de participar en el secuestro y los tormentos de un grupo de 28 personas ligadas al caso del Banco de Hurlingham, Etchebarne quedó detenido en el penal de Marcos Paz. Causa por la que, también en operativos realizados por Interpol en sus respectivos domicilios, fue capturado el ex coronel Francisco D’Alessandri.
“Resulta fundamental –indicó Vanoli a Miradas al Sur– investigar y reconstruir la memoria sabiendo qué pasó, pero a su vez crear conciencia y cerrar la brecha entre el mundo económico y el de los valores humanos. En esa línea se realizaron la reforma de la Carta Central y la reforma del mercado de capitales. Tenemos que desarrollar la conciencia para que el mundo financiero no esté en contra de los valores de la comunidad y acercar otra cultura a la gente de estos espacios. Para eso, venimos dando cursos donde se discutieron todos estos temas”.
http://sur.infonews.com/notas/mas-civiles-implicados-en-delitos-de-lesa-humanidad
