Los metrodelegados lograron que se modifique el proyecto original del PRO que avasallaba garantías laborales. Sin embargo, el oficialismo porteño impuso subas en impuestos.
Luego de jornadas interminables y extendidos debates, el jueves 20 de diciembre se sancionó la norma que regula la transferencia del servicio de subte a la Ciudad de Buenos Aires. Con 46 votos a favor y 12 en contra, con grandes modificaciones al proyecto original del PRO, se determinó que se impondrá: un adicional al peaje del orden del 10%, una suba en la alícuota general de sellos que pasa del 0,8% al 1%; un incremento de la alícuota de operaciones financieras que era del 1% y pasa al 1,2%; la alícuota de operaciones inmobiliarias crece del 2,5% al 3,6%; la correspondiente a autos cero kilómetro de alta gama será del 1% y para los usados varía de 1,5% al 3%. Aunque no se mantuvo el impuesto adicional a los combustibles que pretendía el bloque macrista para hacerse de fondos, se logró establecer un Fondo Subte para lograr la garantía de financiación que se reclamaba.
Por otro lado, la ley contiene una cláusula por la emisión de un bono por 300 millones de dólares que habilita el endeudamiento por parte del Estado porteño para “financiamiento de inversiones, gastos operativos y gastos no operativos del sistema de subterráneos de la Ciudad”.
Aunque obliga a que cualquier huelga sea anticipada con 48 horas, el PRO debió ceder en que el servicio del Subte no sea considerado “servicio público esencial”, echando por tierra la obligatoriedad de brindar el servicio en un 90%, como decía originalmente el proyecto redactado por el legislador oficialista Martín Ocampo. Ni siquiera ocurrirá con el 60% al que pretendieron llegar negociando después.
Roberto Pianelli, el secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) en diálogo con Miradas al Sur señaló que “si bien desde la oposición se habían generado otros dos proyectos, que llegaron a unificarse, y en los que los metrodelegados habíamos estado planteando la defensa de los intereses de los trabajadores, se decidió tratar las modificaciones del proyecto original del PRO para evitar que fuera vetado luego por el jefe de gobierno, Mauricio Macri”. Remarcó que aunque no están conformes “en el marco que se había creado, no queríamos llegar a enero sin que se hubiera confirmado el traspaso” y observó que el peor de los escenarios posibles era que la ley se aprobara tal como la había enviado el macrismo. El proyecto original mostraba mayor preocupación en imponer cláusulas antisindicales que en detallar cómo pensaban mejorar el servicio. Es valorable que se haya quitado el congelamiento de las vacantes, así como la pretensión de que se revisara qué puestos podían salirse de la categoría de insalubres buscando extender las jornadas de 6 a 8 horas y descargar sobre los trabajadores una mejora en el costo laboral de la empresa, habilitando la reducción de personal.
A pesar de que se redujo de cinco años a uno la declaración de emergencia –que permite la contratación directa desde el Ejecutivo porteño sin necesidad de la aprobación–, Pianelli cuestiona que no se haya exigido un debate abierto a la sociedad respecto de los servicios concesionados de la Ciudad. “Con el tiempo este servicio debería quedar en manos del Estado y habría que ir dando los pasos intermedios para lograrlo”, apunta el delegado.
Pero esa no es la única mirada que hacen los trabajadores; algunos delegados de la línea B, como Carlos Taborda, ligado al Partido Obrero, de la interna opositora a la conducción de la AGTSyP, temen por la posible próxima aparición de despidos encubiertos como retiros voluntarios. Critica tanto al Gobierno Nacional como al porteño porque entiende que “Nación y Ciudad pretenden cargar sobre trabajadores y usuarios la quita de los subsidios”, y ataca: “El Gobierno Nacional tercerizó en el Gobierno de la Ciudad el trabajo sucio, y éstos vienen por nuestros derechos. Hicieron la pantomima de pedir de más para conseguir lo que querían como si hubieran cedido algo. Querían 50, pero pidieron 100 para tener margen de negociación”.
Uno a uno. Claudio Perro Santillán es empleado de tránsito en la línea D. Entró a la empresa en 1995, a poco de la privatización, por un aviso clasificado. Su esposa estaba embarazada del primero de sus dos hijos y acababa de perder su trabajo en una cerealera, lo cual lo tenía deprimido. Ingresó como boletero, que entonces era el escalafón más bajo dentro de la empresa. “Podían tenerte tres años –cuenta– sentado en una silla de hierro y madera las ocho horas, sin aire acondicionado (a veces, ni ventiladores) y sin agua. Algunos compañeros orinaban en botellas para evitar las sanciones de sorprenderte con la boletería cerrada por ir al baño. Además, si eras de los que acompañabas los reclamos de los compañeros, no te ascendían y te quedabas ahí. Yo estuve seis años.” Dice que nunca simpatizó con la política y que por eso no participa de las reuniones sindicales, pero sus compañeros le reconocen la transmisión de conciencia de clase que realizó con los que se iniciaban. “Es que nos costó mucho conseguir la reducción horaria a seis horas por insalubridad y la empresa tienta a los trabajadores a hacer horas extras para evitar tomar más gente.” Desde que Aníbal Ibarra, en 2005, facilitó la reducción horaria, la empresa debió sumar cerca de dos mil nuevos puestos.
Durante su jornada laboral, Santillán conduce algunas de las formaciones a las que lleva de una punta a la otra y regresa, no menos de cinco veces, a veces con descanso muy cortos. “Entiendo la enorme responsabilidad que tengo al trasladar a muchísima gente desde que sube hasta que llega a destino.”
Sus compañeros escuchan la entrevista y se van soltando. Uno advierte sobre la inmensa cantidad de polvo de grafito que circula en el aire producto del roce de los frenos de las ruedas pasando un papel por el televisor de la sala de empleados de la estación Congreso de Tucumán. Sólo le pasa un papel blanco y la hoja se vuelve negra marcando un surco en la pantalla. “Cuando llegás a tu casa, el cuello está negro. Y eso te lo estás fumando todo el día. Las paredes no son negras ni grises, tienen pegado el grafito”, revela.
Detrás de la puerta a la sala, hay una foto gigante de Agustín Tosco, en su torno y con su ropa de trabajo marca el modelo de gremialista que quieren.
Nos quedan pendientes tres objetivos fuertes: conseguir la representación gremial (hoy sólo de la UTA y a los delegados de AGTSyP les descuentan las horas gremiales); la confirmación de insalubridad por análisis; y el 82% móvil, lo que permitiría renovar puestos de trabajo y aumentaría la expectativa de vida de los trabajadores.
http://sur.infonews.com/notas/subtes-preservar-los-derechos-cada-vez-cuesta-mas-caro-en-la-ciudad-de-mauricio-macri
