Dos documentales uruguayos acerca de la lucha de los peones rurales evidencian cómo las multinacionales aplican los mismos métodos de explotación allí y acá.
En lucha. Trabajadores del sindicato OSDOR mostrando la bandera del gremio./ Alvaro Jaume y Alberto Rodríguez con la documentalista Alejandra Guzzo.
Grita una canción del folklore charrúa: “Dicen que estamos de paso, en tránsito al paraíso, que en la tierra somos parias, sabe dios por qué delito, que debemos ser pacientes, abnegados y sumisos, que conviene morir pobre a vivir ocioso y rico. Y así al final del camino, todo será muy distinto, y habrá un reino de alegría para todo el que ha sufrido. Pero si al final no hubiera cama blanda y buen abrigo, plato de sopa caliente con pan horneado y buen vino, de qué habrá servido, entonces, tanto crimen sin castigo”.
Invitado por la VI Muestra de Documentales organizada por la Asociación de Documentalistas Argentinos (DOCA) que se llevó a cabo del 8 al 14 de noviembre, en el Cine Gaumont; y gracias al apoyo del Grupo Orientales en Argentina, estuvo en Buenos Aires, un pequeño grupo de peones rurales uruguayos para ayudar a visibilizar el conflicto que están padeciendo.
Ellos no tienen celular, no usan internet, viven de cosechar la tierra y de la venta de sus productos. Son hombres y mujeres que se ganan un jornal cargando bolsas de 12 kilogramos en escaleras de 14 peldaños.
La muestra de DOCA ofrecía entre sus películas Los olvidados de la tierra, de Víctor Burgos y el Grupo Sietecaminos, y Crónica de una gesta artiguista, del Grupo Chacra, Cine Insurgente y del Grupo Sauce, que abordan la pelea de la Organización Sindical de Obreros Rurales (Osdor) por conseguir mejoras y la problemática del trabajador rural en la República Oriental del Uruguay.
Miradas al Sur habló con Luis María Suárez, uno de los cosechadores de naranjas desalojados de las 700 hectáreas de Forbel SA, la sociedad entre la empresa homónima de capitales locales que funciona desde 1986 instalada en Paysandú y la compañía belga Univeg, que desde 2009 es la accionista mayoritaria: “Este documental se grabó el año pasado. La realidad que se muestra ahí, ya se perdió. Estamos peor. Vinimos para contar que somos 180 trabajadores, en su mayoría mujeres, que fuimos desplazados de la empresa donde trabajamos desde hace 10 años. Allí, los hermanos Guy y Jumil Crouzet, los socios minoritarios de la ahora rebautizada Forbel Univeg Expofrut Uruguay, han atropellado los derechos sindicales”.
Según revela uno de los audiovisuales, el 90 por ciento del territorio uruguayo tiene tierras productivas para ganadería y agricultura que, desde siempre, fueron la base de la economía del país vecino. Históricamente, quienes han hecho productivas esas tierras, han tenido grandes dificultades en defender sus derechos. Y aunque desde 2005 se aprobaron leyes que mejoraron las condiciones para la sindicalización rural, padecen jornadas interminables con jornales miserables que reciben rebajas cuando la fruta está dañada, son suspendidos por protestar, trabajan con contratos que terminan con la cosecha, se les paga por quincena y esquivan darles beneficios adquiridos como los porcentajes por producción.
En micros ya retirados del mercado del autotransporte, pasan a levantar a los peones para llevarlos a la planta. Así viaja, entre otros, Shirley Cúcaro, una cosechera de naranjas de Paysandú que confiesa en el documental: “Al principio te cuesta por el peso que cargás, pero después, te acostumbrás. En invierno es más fácil y en verano sentís más el peso por el calor… es un trabajo para hombres pero que las mujeres hacemos a la par, por necesidad… todo para dar una oportunidad a nuestros hijos, para que tengan un futuro mejor que el nuestro”. Shirley tiene tres niños varones y vive en una prefabricada a un par de kilómetros de su trabajo. Hasta septiembre trabaja cosechando naranjas y luego sigue con arándanos, para la misma empresa. “Pero en octubre el calor es terrible. Acá no hay asistencia médica y hace un tiempo, cuando se nos desmayó una compañera trabajando tuvimos que parar todo porque la ingeniera no quería llevarla al médico. Desde entonces, tenemos una enfermera en la plantación. Y también: baños químicos, agua, mesa, bancos... Son pequeños logros, pero los conseguimos. Y todo gracias al sindicato”.
Según el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca uruguayo, la producción de cítricos del año pasado alcanzó las 270 mil toneladas, de las cuales la mitad se exportó.
Univeg, que tiene filiales en 25 países y acusa facturaciones anuales por 3 mil millones de euros; con la excusa de que en Uruguay desde hace dos años pierde dinero, pretende desde 2012 una mejora de rentabilidad cargándosela a los trabajadores.
Uno de los voceros justificó los planteos de la empresa argumentando pérdida de competitividad de los cítricos en toda la región y una baja en las compras de sus principales mercados –Europa y Estados Unidos–. Cuestionó la mejora salarial del 32 por ciento lograda el año pasado “con un dólar sin movimiento, pero que ahora que el dólar ha bajado un 12 por ciento habría que bajar el costo de mano de obra”. También habló de un aumento de costos cuando los trabajadores de las envasadoras pasaron de ser peones rurales a ser considerados por el Banco de Previsión Social (lo que aquí sería la Anses) en “Industria y Comercio”, mejorando sus condiciones laborales. El vocero sostuvo que se trataba de una estrategia global de la empresa, pero nada dijo respecto a las condiciones paupérrimas de vida a las que someten a sus trabajadores, ni explicó por qué no utilizaron un aparato que protege al citrus de las heladas, ni reveló qué parte les tocó de los más de 7 millones de dólares en subsidios y paliativos ante la crisis otorgados al sector, ni respondió las acusaciones publicadas en medios que la vinculan con Bora, un grupo policial de choque. Según se publicó en el semanario uruguayo Brecha, Walter Duarte, legislador frenteamplista de Paysandú, deslizó la sospecha de la existencia de empresas que extienden el conflicto porque pretenden cerrar; también denunció allí que están cortando árboles citrícolas y cuestionó el alto endeudamiento con el Banco República, advirtiendo sobre potenciales maniobras con deudas superiores a los 10 millones de dólares que si cerraran dejarían al banco con un enorme déficit.
El conflicto empezó a fines del año pasado cuando la cúpula de la empresa se reunió con Osdor para buscar mejoras en la rentabilidad. Allí la empresa aseguró que el 50 por ciento de sus costos son laborales. El sindicato advirtió que no aceptarían que se quite el descanso de media hora al mediodía que corresponde por convenio. La empresa cuestionó la actitud e hizo retirar al personal del campo. Luego, tercerizó las cosechas con otra empresa que trabajó hasta mediados de 2012 porque el sindicato generó interrupciones hasta que ocupó el establecimiento. Ahí entraron en juego interpretaciones judiciales donde primero dieron la razón a los trabajadores y luego a la empresa, desplazándolos. Según declararon ante un juez varias trabajadoras, los cosechadores de la tercerizada habían recibido recomendaciones respecto de ser dóciles, de no sindicalizarse y de no hacer reclamos.
También vinieron a Buenos Aires invitados por DOCA, Cine Insurgente y Orientales en Argentina: Álvaro Jaume y Alberto Rodríguez de Grupo Sauce de Caenlo, otro colectivo, que forman parte de un gran movimiento antisaqueo en Uruguay y en contra de la megaminería y la extranjerización de tierras. Ellos participan de Crónica de una gesta artiguista, que muestra otro aspecto de la lucha de los peones rurales. Aquellos que el pasado 11 de octubre realizaron la multitudinaria 3ª Marcha Nacional en Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales con destino a Montevideo contra “un modelo de país insustentable desde el punto de vista ecológico, pero también económico y social” que incluye proyectos de monocultivos de soja, la utilización de agrotóxicos, proyectos de megaminería en tierras históricamente de producción tambera. En Uruguay las firmas forestales y de celulosa ocupan ya más de un millón de hectáreas. “Hablamos de los más de 3 millones y medio de hectáreas pedidas para otros proyectos mineros, incluso en la Quebrada de los Cuervos o en Villa Serrana, y en el corazón de la industria lechera que abastece el país”, señaló Álvaro Jaume y denunció tratados de protección de inversiones firmados históricamente por el Estado que impiden a la Justicia uruguaya actuar sobre inversiones extranjeras.
Esta última película entre canciones folklóricas y conversaciones con campesinos subraya permanentemente aquella vieja frase del prócer uruguayo José Gervasio Artigas: “No se venda el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad”.
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