Un proyecto de ley para recuperar la educación de excelencia
Un grupo de legisladores del Frente para la Victoria presentó una iniciativa para elevar la inversión. Los detalles, los fundamentos y un diagnóstico de la situación.
Un grupo de diputados porteños del Frente para la Victoria (FpV) presentó esta semana un proyecto de ley de financiamiento educativo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sus autores, los legisladores Gabriela Alegre, Juan Cabandié y Francisco Tito Nenna, lo hicieron con el objetivo de devolverle a la educación pública porteña una calidad que nunca debió perder. Con esa finalidad proponen, en el plazo de una década, elevar al 30% el presupuesto del área. Los fundamentos de la iniciativa incluyen algunos datos que convienen repasar; entre otros: que el distrito tiene 2.714 unidades educativas, de las cuales 1.173 (43%) son públicas y 1.541 privadas. El trabajo revela, además, la existencia de “un sistema educativo fragmentado y desigual”; matriz de disparidad que se expresa con especial fuerza en el eje norte-sur.
Sin embargo, los datos negativos no sólo se hacen presentes en el sur de la Ciudad. En 2009, muchos distritos del norte sobrepasaban la media en los indicadores de sobreedad (41%) y repitencia (14%). El informe que acompaña al proyecto también revela una fuerte desigualdad en la cantidad de alumnos por aula y por metro cuadrado, en la relación docente por cantidad de alumnos, en materia de infraestructura y mobiliario, en la incorporación y uso apropiado de la tecnología, e incluso en la actualización de contenidos, entre otras desigualdades.
Volver a crecer. Nenna señala que, aunque desde 2003, los presupuestos crecieron a la par de la mayor recaudación, desde entonces, la educación porteña viene perdiendo participación en el total del presupuesto: “Del 30 por ciento destinado a Educación en 2003, hemos caído al 25,8 por ciento. Nuestra propuesta es volver, en un plazo de 10 años y de manera escalonada, a aquel nivel.”
Por su parte, Alegre puntualiza que “desde que Macri asumió en 2007, la educación dejó de ser una prioridad para el Gobierno de la Ciudad”. Su visión subraya que los puntos porcentuales perdidos no resolvieron el déficit en infraestructura ni se logró revertir el problema de la falta de vacantes, estimada en unas 6.200. Al igual que Nenna, Alegre pone el acento en la existencia de un sistema fragmentado y desigual, donde el costo del deterioro lo pagan los sectores de menos recursos. “Por eso proponemos cambiar el eje con el que se distribuye el presupuesto, con el fin de proveer de mayores recursos pedagógicos a aquellas escuelas que más lo necesitan y garantizar así a todos el derecho a la educación”, señaló la diputada porteña.
Alegre puntualiza que la educación privada realiza una contribución importante para sostener gran parte de la matrícula escolar: “Sin embargo, es necesario limitar el crecimiento desmedido en la transferencia de subsidios que produjo Macri. Hay que diferenciar la educación privada que atiende a sectores desfavorecidos y cubre la demanda que no atiende la gestión estatal, de aquellas escuelas que son un negocio”. En este sentido, asegura que el proyecto plantea la necesidad de ceñirse a la Constitución porteña cuando dice que los aportes al financiamiento de la enseñanza privada se deben realizar dando prioridad a las instituciones que reciben alumnos de menores recursos.
Sobre la cuestión, Fernanda Flores, asesora de Nenna, afirma que “hay escuelas que cobran cuotas de 1.800 pesos por mes por alumno y reciben el 70 por ciento de subsidio”. Flores agrega que “muchas de esas escuelas cargan horas extras curriculares y actividades extraprogramáticas, mientras que otras no tienen siquiera posibilidades de llevar a los chicos ni a Plaza de Mayo, ni al Cabildo”. La mirada puntualiza que desde que Macri asumió, el subsidio a los privados creció del 13 al 17 por ciento. Lo que Nenna califica como “la contracara de la desinversión en educación pública”.
Flores propone revisar un supuesto que sobrevuela a las escuelas privadas: el que indica que brindan una mejor educación que las públicas. La especialista apunta que tal imaginario desdibuja un hecho central: que buena parte del salario de los docentes del sector privado lo paga el Estado. “Debería transparentarse esto y, así como cuando uno recibe una factura de gas o luz que indica que está subsidiada, debería explicitarse que allí también hay un subsidio del Estado”, dice Flores.
Otro punto central del informe que acompaña el proyecto hace referencia a la existencia de escuelas alquiladas. En algunos casos, se trata de contratos centenarios. En 2009, de los casi 800 edificios, 74 eran alquilados; y entre esos, 63 desde hace más de 60 años. “Algunos con alquileres carísimos –se indigna Nenna–. Eso le quita eficiencia al gasto. Por eso se le pide al Ejecutivo que presente un plan de los edificios que se podrían comprar, o si convendría adquirir terrenos y edificar nuevos. Y no para mañana, sino pensando en un plazo de cinco años para cubrir las vacantes insatisfechas”.
Más que salarios y edificios. El estudio realizado por los legisladores también subraya la necesidad de conformar una mayor cantidad de equipos de orientación. En algunos distritos, se reducen a sólo uno, integrado por tres o cuatro personas. “Hay que incorporar una mayor inversión para que la distribución sea igualitaria –indica Nenna– porque frente a la falta de distribución está la injusticia.”
Para Alegre, en tiempos de mayor presupuesto “Macri ajusta en la educación estatal subejecutando las partidas destinadas a mantenimiento edilicio y a construcción de nuevas escuelas, pero también desarmando los equipos de asistencia socioeducativa, achicando los programas de inclusión escolar, recortando fondos a cooperadoras y aumentando los subsidios a colegios privados”.
Institucionalizar políticas. Para evitar discrecionalidades, actuales y futuras, el proyecto impulsa la institucionalización de políticas para involucrar tanto al jefe de Gobierno como al ministro de Educación; pero también a supervisores, directores, docentes, padres y alumnos. De esta manera, cruzando datos, el director de cada escuela debería realizar un diagnóstico, presentar un plan en conjunto con la comunidad educativa, fundamentarlo y, de ser aprobado, ponerlo en marcha con los recursos que envíe el Ejecutivo. “Lo que se discute en este proyecto de ley es que la universalización es necesaria, pero no suficiente. Allí donde una población escolar está por debajo de la media, el Estado tiene que aplicar refuerzos para ampliar las posibilidades de aprendizaje”, finaliza flores.
