Dos proyectos se enfrentaron el 13 de junio en Diputados. Contemplan la posibilidad de que sea incluida en el Plan Médico Obligatorio. Los dilemas sobre su aplicación.
El pasado 13 de junio, el proyecto de ley para incluir los tratamientos y procedimientos de fertilización asistida en el Plan Médico Obligatorio (PMO) obtuvo en lo particular dictamen favorable en diferentes comisiones de la Cámara de Diputados. El proyecto se había tratado el 30 de noviembre del 2011, cuando se aprobó en lo general.
Los proyectos que hacían referencia al tema debían ser girados a la Comisión de Salud y de Legislación General. Esta última la presidía Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro), hasta que concluyó su mandato en diciembre pasado. La Comisión de Salud, sin hacer reunión plenaria con la otra, sacó un dictamen que estaba muy ligado al proyecto de Silvia Majdalani, diputada por el PRO. Cuando pasó, los diputados de Legislación General se opusieron a muchos de los puntos de ese proyecto. “Pero estaban las organizaciones sociales, que querían apurar el dictamen para que saliera”, recordó Ibarra. Como habría modificaciones, debía volver a la Comisión de Salud. Fue así que, entre el Frente para la Victoria, la Coalición Cívica y la UCR, coincidieron y fueron a la sesión para que aprobaran el acuerdo corregido.
Desde la Asociación Civil Develar, la psicóloga María Fernanda Strático sostuvo que estaba “conforme, porque respecto del proyecto del año pasado se sacó el pedido de diagnóstico de infertilidad. Esto permite que toda pareja, sea heterosexual u homosexual, pueda acceder a la cobertura. Así planteada, tiene un importante carácter inclusivo”.
Controversias. Respecto de los puntos donde no se ponían de acuerdo con el PRO, Vilma Ibarra, autora justamente de uno de los proyectos presentados por entonces, señaló a Miradas al Sur: “Uno de los temas fue si habría gratuidad absoluta en los gametos (el óvulo o los espermatozoides), entendiendo que si bien tiene que ser una actividad no lucrativa, debería poder pagarse al donante, aunque más no sea por las molestias que acarrea el día laboral perdido. Nadie va a ir a donar semen, y mucho menos óvulos –que es bastante más complejo– si no se le cubre ni siquiera el taxi. De hacerlo así, permitiría tener un banco de donación o banco estatal de donantes, regulado por el Estado, de modo de evitar que se monte un mercado negro por falta de donantes. Para el proyecto de la diputada Majdalani, en contrario, la donación debía ser totalmente gratuita y que no se pudiera compensar ni un peso”.
Una segunda discusión resultó de la necesidad de establecer hasta qué momento la persona puede arrepentirse o negarse a continuar el tratamiento. “Nosotros decíamos que hasta el momento en que se implantara el embrión a la mujer –aclaró la ex diputada por NE–, pero desde el PRO insistían con que debía hacerse desde el momento de la fecundación (cuando se unieran óvulo y espermatozoide). El problema es que aquello no advertía el caso de tener una fecundación in vitro y que la mujer se arrepintiera antes de recibirlo. Aparecería el dilema sobre qué hacer. ¿O acaso se lo pondrían de prepo?”
Hubo una tercera discusión. El proyecto macrista establecía que aunque la donación debía ser anónima, los hijos por fertilización asistida mayores de 18 años tenían derecho a conocer la identidad del donante. Así, esa iniciativa desconocía que la misma ley establece que no habría filiación con un donante, puesto que la relación filial se establece con las personas que eligen ser padres por voluntad y fueron beneficiarias de la técnica.
El gran riesgo en este tema estaba dado por crear confusión sobre el derecho a la identidad. “Hay que dejar muy claro –postuló Ibarra– que hace falta crear un banco con anonimato, sin perjuicio de dejar abierta la posibilidad de conocer la identidad del donante.” Para la ex diputada nacional también debiérase obligar a los padres a que su hijo sepa que nació por la técnica de fertilización asistida, “porque es importante que al chico no le mientan y que pueda acceder a todos sus datos médicos y genéticos”.
Finalmente, la cuarta diferencia está en que el proyecto de Majdalani establecía que las beneficiarias de las técnicas debían ser las parejas que tenían un diagnóstico de infertilidad. Eso requería un diagnóstico de enfermedad. “Lo que nosotros le planteábamos –criticó Ibarra– es que la exigencia de ese diagnóstico creaba una exclusión a las mujeres solas y a las parejas homosexuales.” Aseguró también que no se está tratando la infertilidad como una enfermedad, puesto que no se trata al varón infértil para modificar ese estado, sino que directamente se inyecta a la mujer semen de un donante. “Lo que estamos tratando de hacer es democratizar en términos económicos, desde el Estado, el acceso a la técnica de reproducción humana asistida reconociendo el derecho a la procreación.”
Reconocer ese derecho sólo a las parejas heterosexuales iría en contra de la ley de matrimonio igualitario. En ese sentido, en el proyecto de Majdalani sólo se daría asistencia a las mujeres con diagnóstico de infertilidad que no pudieran quedar embarazadas después de un año de mantener relaciones sexuales sin protección. “Claramente excluía a homosexuales y mujeres solas, quedando en una situación de inconstitucionalidad”, cuestionó Ibarra.
Respecto de lo que se dictaminó el 13 de junio en las Comisiones (de Acción Social y Salud Pública; de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda), Ibarra remarcó: “Por ahora, lo único que hay es un dictamen de comisión del cual se está revisando el texto final pensando en introducir algunas modificaciones”. Sobre tablas, en el recinto, todavía el proyecto no fue tratado.
Lo que sigue. En el dictamen están mencionadas las técnicas de alta complejidad. “Tal vez no estén discriminadas una por una –explicó la licenciada Strático– pero si no se tiene en cuenta la crío-conservación, la ley no tiene sentido.”
Lo que resta ahora es, primero, una ley que incorpore la fertilización asistida al PMO, que contemple todas las prácticas en todo el espectro de la salud pública –desde las prepagas a las obras sociales– y que deje la reglamentación al Ministerio de Salud. En un segundo término, cabría esperar la aceptación del proyecto de modificación del Código Civil que mandó el Poder Ejecutivo. Finalmente, en el caso de que ese texto-base se aprobara, el proceso legislativo culminaría con la promulgación de una ley especial que establezca toda la regulación.
