Esta semana, la Justicia Federal de La Plata elevó el primer tramo del expediente, que tiene siete imputados por unos 200 crímenes cometidos en la última dictadura cívico-militar. La causa fue elevada por el titular del Juzgado Federal Nº 3, Arnaldo Corazza, y fue asignada al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de La Plata, integrado por los jueces Jorge Micheli, Nelson Jarazzo y Alejandro Esmoris.
“Pozo” es la denominación que en la jerga represiva daban a los centros clandestinos en los que el desaparecido perdía todo nexo con el exterior. El Pozo de Banfield estaba en el cruce de las calles Siciliano y Vernet, a dos cuadras del Camino Negro, en Lomas de Zamora. Era un edificio de tres plantas, con un frente de 25 metros por 20 de fondo. En la planta baja se ubicaban: la oficina del jefe, la sala de torturas y otras dependencias. En el primer piso, los calabozos, algunas oficinas, el comedor y casino de personal, cocinas y baños. En el segundo piso: calabozos y baño.
Integraba la red de al menos 29 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de la Policía Bonaerense distribuidos en nueve partidos del Conurbano y de La Plata. Allí también estuvieron secuestrados los jóvenes estudiantes secundarios platenses de la Noche de los Lápices.
En total, pasaron por ese centro más de 300 personas. Aún permanecen desaparecidas 97. De al menos 10 bebés nacidos en el Pozo de Banfield, sólo uno de ellos fue liberado inmediatamente, cuatro recuperaron su identidad y cinco continúan desaparecidos.
En la causa que comenzó a fines de febrero de 2006 –a raíz de la denuncia presentada por H.I.J.O.S. y gracias a la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final– están imputados los policías Miguel Etchecolatz; el titular de esa Brigada, Juan Miguel Wolk; el comisario Raúl Carlos Rodríguez; el entonces gobernador de la provincia y general del Ejército Ibérico Manuel Saint Jean; su ministro de Gobierno, el abogado Jaime Lamont Smart; y el coronel Rodolfo Aníbal Campos.
Son querellantes en la causa Abuelas de Plaza de Mayo, junto a la Secretaría de DD.HH. de la Nación y querellantes particulares.
Wolk, que comandaba el Pozo de Banfield y era apodado por sus propios camaradas como El Nazi o El Alemán, había sido dado por muerto hasta que, en 2010, fue descubierto por Marta Ungaro, hermana de Francisco Ungaro, una víctima de la Noche de los Lápices, cuando él iba a cobrar una jubilación.
El lunes pasado, organismos de derechos humanos se habían manifestado en la puerta del Juzgado Federal Nº 3 reclamando mayor celeridad en causas a las que consideraban “freezadas” desde hace dos años. Entre ellas estaban la del Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes. “No tengo personal”, “estoy con otra causa” y “no soy Superman” decían escritos en cartulinas blancas pegadas en las rejas del juzgado a cargo de Corazza, a manera de escrache por los argumentos esgrimidos por el juez. Desde la ONG JusticiaYA! señalaron en un comunicado: “El juez Corazza ordenó sólo la detención de siete genocidas, de los cuales cinco ya tenían prisión preventiva domiciliaria en otras causas, por lo que sólo se ordenaron dos detenciones nuevas, sin imputar ni homicidios ni los casos de nacimientos en cautiverio, excluyendo un gran número de víctimas”.
Testimonios como el de Adriana Calvo permitieron saber que una de las principales funciones de este centro fue albergar a detenidas embarazadas, para disponer luego de los bebés. Calvo había vuelto a declarar en 2006 en la causa contra Etchecolatz por los delitos de privación de la libertad, aplicación de tormentos y homicidio calificados. Ayudó a que se supiera la verdad de lo ocurrido en varios centros e identificó a detenidos desaparecidos y represores.
Pero Calvo murió en diciembre de 2010, sin llegar a ver el final de los juicios.
