Persecución política y criminalización de la protesta para los trabajadores del primer coliseo nacional
Mauricio Macri señaló en recientes declaraciones periodísticas que los reclamos laborales del primer coliseo argentino son sólo de un grupo minúsculo y, en un lenguaje que quiere ser popular sin lograrlo, atacó: “El Teatro Colón es de los vecinos”.
Y, como si el maltrato que vienen recibiendo los trabajadores del Teatro Colón no alcanzara, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sumó la persecución política, la criminalización de la protesta y la penalización de los delegados.
Sin embargo, los trabajadores reclaman desde mayo pasado una mejora salarial del 40 por ciento que los iguale con quienes cumplen las mismas tareas en otros teatros, ya que en gran parte de los casos cobran hasta una tercera parte que sus colegas. Además de los pedidos por mejoras inmediatas de las condiciones de trabajo, el Colón es un cúmulo de problemas: el piso del escenario está en mal estado y fue mal hecho, al punto de haber provocado la lesión de bailarines; hay riesgos graves en los talleres extramuros donde conviven hacinados elementos inflamables (goma eva, tinner, elementos de madera) junto a soldadores de punto y compresores eléctricos con conectores a la intemperie o puestos en paredes con humedad; matafuegos vencidos, de los que dio cuenta en dos informes personal de la Superintendencia de Policía Federal, a raíz de la denuncia de los trabajadores.
En el mes de diciembre pasado, un total de 17 empleados y 8 delegados recibieron sanciones e instrucciones de sumarios, de los cuales las dos terceras partes fueron enviadas a los domicilios los días 30 y 31 de diciembre.
“Después de casi cuatro meses de negociación, ni el Gobierno de la Ciudad ni la dirección del Teatro presentaron ni una sola propuesta a los reclamos presentados”, señaló a Miradas al Sur Máximo Parpagnoli, delegado adjunto de ATE y uno de los delegados sancionados. Y le respondió al intento populista de Macri: “¿A quien considera vecinos cuando aumenta la entrada más barata un 738 por ciento y la más cara 128 por ciento?”.
El Teatro Colón tiene conflictos muy anteriores a los que se conocieron en la apresurada reinauguración. Es más: nadie duda que la reapertura buscó un rédito político que sirviera de plataforma a la candidatura presidencial de Macri. “Si pudimos con el Colón, podemos con el país”, pregonaban los afiches amarillos del PRO.
Pero resultó que los pisos del teatro, tanto el del escenario como los de las salas de ensayo del ballet, fueron tan mal colocados, tan espantosamente armados y con un material absolutamente inadecuado para su utilización (recordar que se invirtieron 120 millones de dólares en la puesta a punto del área) que los bailarines presentaron infinidad de reclamos a la dirección desde el primer día luego de su reinauguración. Claro que ningún pedido fue escuchado hasta que, en el mes de septiembre, los bailarines (que ya tenían 15 personas lesionadas) se plantaron y señalaron que no seguirían bailando en esas condiciones.
“Estoy en el Colón desde los 16 y soy primera bailarina desde los 21. Tengo 40 –señaló Karina Olmedo– y siento un dolor indescriptible por lo que están haciendo. Hemos sufrido su cierre muchísimo y teníamos muchísimas ganas de volver. Pero es indignante que haya que pedir condiciones mínimas de trabajo.”
En lugar de dar una solución, la respuesta del director Pedro Pablo García Caffi frente a este planteo fue levantar funciones condenando a un cuerpo entero a no tener funciones el resto del año. Se presentaron los reclamos formalmente ante la Dirección General del Teatro Colón, pero nadie contestó. Luego de más de diez días de espera, los trabajadores se reunieron en asamblea. Y allí sí llegó una respuesta autoritaria de García Caffi, lo que motivó que ese mismo día cayera la función.
Paritarias sin respaldo, falta de respuesta, medidas de fuerza, conciliación obligatoria: el Colón era un hervidero. El Gobierno de la Ciudad extendió entonces el plazo de la conciliación al máximo, hasta que se firmó un acta donde se declaraba la intención de buena fe de negociar. Pero Mauricio Macri designó para tal fin a Jorge Rey. Y el funcionario reconoció desconocer todo lo referente al Teatro Colón. Todavía se escucha el eco de sus advertencias: “Yo propuestas salariales no tengo, y en el mediano plazo no va a haber modificación alguna”. Luego, acusó a los delegados por la situación que se vivía en el teatro. Los trabajadores respondieron con una medida de fuerza.
La Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad determinó la ilegalidad de la medida (a pesar de que sólo puede hacer eso el Ministerio de Trabajo de la Nación o la Justicia) y comenzó el plan de sanciones y sumarios. El día 4 de diciembre llegaron oficios y sanciones a ocho personas, siete de los cuales son delegados gremiales (entre ellos, dos estaban en las listas para ser director representante en las elecciones que se realizarían el 17 diciembre).
La noche del 16 diciembre, sabiendo que en las elecciones perdía su gente, García Caffi suspendió los comicios argumentando que dos de los candidatos estaban con instrucción de sumario, y advirtiendo que eso podía lidiar con la ilegalidad y la falta de representatividad.
Desde que se inició el conflicto, los trabajadores dieron tres conciertos sucesivos en la calle (dos en la puerta del teatro y uno frente a la Jefatura de Gobierno) con gran caudal de gente y más de 150 músicos tocando. Además, hubo una función autogestionada del ballet que se realizó en el teatro Cervantes a sala llena, con localidades agotadas y críticas excelentes.
Para muchos trabajadores del Teatro Colón, la gestión cultural del PRO se limita a la convocatoria a eventos y arrinconando a la cultura a un mero carácter de esparcimiento y de diversión sin contemplar el concepto de estructuradora de criterio y de formación de la identidad. Una política que dinamita mucho de lo conseguido por los trabajadores de la cultura en el país.
