Publicada en Miradas al Sur el 01/11/2015


NUEVO PARLAMENTO | En defensa de las leyes de la década

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El kirchnerismo ha dado al Congreso una importancia que pocas veces tuvo en los últimos 32 años de democracia. Más allá de que para algunos opositores se trató de una mayoría de levantamanos, no puede negarse que se presentaron propuestas importantes, transformadoras, sobre temas clave; y que se debatieron. Curiosamente, los mismos opositores que descalifican el valor proporcional que define una elección y que determina quién es mayoría, nunca hablaron de autoritarismo ni se esforzaron por diferenciar lo que ocurría en la Legislatura porteña donde se legisló con decretazos y con los 129 vetos del jefe de gobierno porteño.
Sólo con ánimo de revisar contrastes, tal vez sea oportuno recordar que en los años que cercaban el 2001, la mayoría de las leyes eran homenajes; y que después del 2001, muchos legisladores debían salir corriendo cuando se los reconocía en la calle porque recibían agresiones. La recuperación de la política como herramienta de transformación con un fuerte compromiso popular, sea cual fuera el lado que se posicione el diputado, hoy tiene un marco de respeto.
La nueva conformación de la cámara de diputados plantea un esquema donde varios dirigentes opositores ya adelantaron que pretenderán revertir algunas de las leyes más importantes de la década que ampliaron y conquistaron nuevos derechos, así como resignificaron el papel del Estado. Revisar la nueva conformación parlamentaria permitirá intuir con qué fuerzas se dispondrá para garantizar o sostenerlas, entendiendo que para modificarlas necesitarán 2/3 de las cámaras.
Algunos ejemplos y datos recordatorios:

Estatización de las AFJP
Establece un único sistema de jubilación pública, eliminando las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) impuestas compulsivamente por ley en 1993. “Las AFJP le prestaban al Estado la plata misma de los argentinos y además cobraban intereses”, subrayaba al momento de la estatización Agustín Rossi, y advertía que “los jubilados del sistema privado cobran entre un 25 y un 30% menos de lo que se cobra por el sistema de reparto”. El socialista Roy Cortina votó a favor afirmando que la ley le “deja un poco de sabor amargo”, pero que la avaló “para que no vuelvan los mercaderes” que negociaron con los jubilados. En contraparte, el diputado de la CC Fernando Iglesias sostuvo que la administración nacional era “un gobierno de facto civil”, y que “no es una estatización” sino una “kirchnerización”. También el macrista Esteban Bullrich defendió a las AFJP señalando que “tratan de demonizarlas”, y aseguró que “ninguno de los jubilados va a festejar hoy si sale esta ley”.
Votos a favor: 160
Votos en contra: 75 (Coalición Cívica, UCR, PRO, Frejuli y algunos cobistas).
Abstenciones: 2

Ley de movilidad de la AUH
Garantiza la actualización automática cada seis meses de la Asignación Universal por Hijo (AUH) institucionalizando una política aplicada desde noviembre de 2009, cuando se otorgó este seguro social por cada hijo menor de 18 años o hijo discapacitado para personas desocupadas, que trabajan en la informalidad o que ganan menos del salario mínimo, vital y móvil. Contó con el voto unánime de oficialistas y opositores. “Si estos 12 años no hubiéramos gobernado nosotros, ¿la AUH existiría? Seguramente que no”, sostuvo la presidenta del bloque del FpV, Juliana Di Tullio.
Votos a favor: 231
Votos en contra: 0

Estatización de YPF
La ley declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF S.A., representado por igual porcentaje de las acciones clase D de esta empresa pertenecientes a Repsol YPF S.A. Alfonso Prat Gay justificó su abstención señalando que “el 80% del petróleo y el 90% del gas lo extraen empresas de extranjeras”.
Votos a favor: 208 –FpV, UCR (con excepciones), FAP, Proyecto Sur, Unión Peronista (con Felipe Solá al frente) algunos de la CC y del PJ disidente–.
Votos en contra: 32 (los 11 del bloque PRO, la mayoría del Frente Peronista disidente y el radical Roberto Aspiazu).
Abstenciones: 6 (4 de la CC, Graciela Ocaña y Alfonso Prat Gay).
Ausencias: 11. Entre ellos, los radicales Oscar Aguad, Hipólito Faustinelli, más Pedro Molas (Frente Cívico de Catamarca), Hugo Castañón y Margarita Stolbizer.

Ley de medios
Una de las leyes más debatida, con mayor difusión y donde el poder real mostró su capacidad para demorar su aplicación, revelando pactos entre poder económico, judicial, legislativo y político. El interés del público llevó a que se dieran transmisiones televisivas masivas. Pero curiosamente, muchas de las exposiciones oficialistas dejaron de trasmitirse durante varias horas en muchos canales de noticias. La ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual establece las normas para regir el funcionamiento y la distribución de licencias de los medios radiales y televisivos. Agustín Rossi expresó entonces: “Ésta es una de las leyes de la transición democrática, que todos sabíamos que en algún momento había que reformar. Algunas pudimos hacerlas y otras nos han costado. Específicamente ésta”. Sin embargo, para Luis Galvalisi (PRO) “carece de un análisis profundo”, y afirmó que “el pueblo no conoce lo que implica esta normativa y eso pone en riesgo a la Nación y a la República”.
Finalmente, la UCR, la CC, el PRO y el PJ disidente se retiraron del recinto por no compartir “la metodología de tratamiento de la ley”. Sin embargo, algunos de los aliados, como Silvia Augsburger (PS), respaldó en general la norma y afirmó que “si se pone en una balanza el texto vigente, el de la Dictadura con las modificaciones de la democracia y éste, la balanza se inclina en favor de este último”.
Votos a favor: 147.
Votos en contra: 4 negativos (3 del Movimiento Popular Neuquino y uno del Partido Socialista Córdoba).
Abstención: 1 (Miguel Luis Bonasso, de Diálogo por Buenos Aires CABA).
Ausentes: 104

Ley de pago soberano
Proyecto del Poder Ejecutivo que apunta a cambiar el lugar de pago de los bonos reestructurados en 2005 y 2010, crear una comisión bicameral de seguimiento de la deuda y cambiar al Bank of New York (BONY) como agente fiduciario.
Votos a favor: 134 (118 legisladores del Frente para la Victoria, 3 del Frente Nuevo Encuentro, 7 del Frente Cívico por Santiago, los 3 del Movimiento Popular Neuquino y Anselmo Martínez, del Movimiento Solidario Popular, de Tierra del Fuego. Además, el radical Eduardo Santín, Ramona Puchetta, del Frente por la Inclusión Social, y Plaini, de Cultura, Educación y Trabajo).
Votos en contra: 99 (mayoría de la UCR, todo el PRO, el Frente Renovador, el Partido Socialista, GEN, Frente Cívico de Córdoba, Compromiso Federal, Unión por Córdoba y Facundo Moyano, de Cultura, Educación y Trabajo; Martín Lousteau, de UNEN; el socialista Juan C. Zabalza y Claudio Lozano, de Unidad Popular, entre otros).
Abstenciones: 12 (Víctor De Gennaro, Claudio Lozano y Antonio Riestra, todos de Unidad Popular; Victoria Donda, de Libres del Sur, y Alcira Argumedo, de Proyecto Sur).

Ley de reforma de la carta orgánica del Banco Central
Permite al gobierno tomar reservas libremente para pagar deudas y orientar el crédito de las entidades financieras; elimina los resabios de la convertibilidad al terminar con las reservas de libre disponibilidad; elimina las metas de inflación, orienta el crédito de la banca privada, fortalece las funciones de superintendencia de entidades financieras y defiende a los usuarios.
Votos a favor: 142 (entre otros, Felipe Solá).
En contra: 84
Ausentes: (entre otros, González y Martínez, del PRO, sumados a Amadeo).

Ley de movilidad jubilatoria
Proyecto enviado por el Ejecutivo que establecía la movilidad semestral de la prestación previsional de un sistema integrado de jubilaciones y pensiones. La fórmula se calculará tomando como variables el Indice General de Salarios del Indec o bien el Ripte (Remuneración Imponible de los Trabajadores Estables) –aplicando aquel que más beneficie a los jubilados– y la recaudación previsional de la Anses.
Votos a favor: 140
Votos en contra: 78 (entre otros, la radical Silvana Giudici y F. Pinedo, del PRO).

Estatización de Aerolíneas
Se estableció que el Estado no podrá perder bajo ninguna circunstancia la mayoría accionaria de la empresa aérea de bandera. Además, advertía que la tasación de la empresa para determinar el pago por su expropiación debía ser determinada por el Tribunal nacional teniendo como referencia el momento de la intervención del Estado que era cuando se encontraba en situación de concurso y cesación de pagos, es decir, técnicamente quebrada y con valuación negativa. “La única propuesta que acercaron (la oposición) fue la que presentó el senador radical Morales, y también es lamentable. Favorece los intereses chilenos y no los argentinos”, señalaba luego de la aprobación en diputados Edgardo Llano, titular de APA.
Votos a favor: 167
Votos en contra: 79 (Coalición Cívica, el PRO, la UCR y Frejuli).

Estatización de AySA
Ratifican con la Ley 26.221, el decreto 304 del Ejecutivo que rescinde la concesión que la empresa francesa Suez tenía sobre Aguas Argentinas, aprobando el Convenio Tripartito suscripto el 12 de octubre de 2006 entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la Prestación del Servicio de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales. “Con el tema del agua, el Gobierno tomó una de las decisiones más importantes, más estratégicas de nuestra Nación”, afirmaba el presidente de la comisión de Obras Públicas, Edgardo Depetri. Mientras que desde la oposición criticaron el grado de concentración que la ley otorga al Ministerio de Planificación Federal. La ley también indica que el 90% de las acciones de AySA pertenecen al Estado Nacional y el 10 % a los trabajadores.
Votos a favor: 133
Votos en contra: 75

Reglamentación DNU
Luego de 12 años de mora por incumplimiento del mandato constitucional de 1994, el Congreso sancionó la ley que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia del Ejecutivo. Se resolvió así que los decretos deben ser aceptados o rechazados por mayoría absoluta de los presentes de ambas cámaras, pero continuarán vigentes mientras no reciban tratamiento parlamentario.
Votos a favor: 139 (FpV, PJ, 25 aliados del Peronismo Federal, 2 radicales y juecistas).
Votos en contra: 82 (bloque de la UCR, el PRO y el Justicialismo Nacional).

Ley de identidad de género
La ley 26.743 permite que las personas trans (travestis, transexuales y transgéneros) sean inscriptas en sus documentos personales con el nombre y el sexo de elección, además ordena que todos los tratamientos médicos de adecuación a la expresión de género sean incluidos en el Programa Médico Obligatorio, lo que garantiza una cobertura de las prácticas en todo el sistema de salud, tanto público como privado. Sancionada el 9 de mayo de 2012 es la única ley de identidad de género del mundo que, conforme las tendencias en la materia, no patologiza la condición trans. La Organización Mundial de la Salud (OMS) destacó la ley de Identidad de Género de Argentina como un caso líder en la reivindicación de los derechos de la comunidad trans e instó a los países a “trabajar para implementar leyes contra la discriminación y de protección, derivadas de los Derechos Humanos, para eliminar el estigma, la discriminación y la violencia”.
Votos a favor: 167
Votos en contra: 17 (entre otros, Alfredo Olmedo, de Salta Somos Todos; el mendocino Omar de Marchi, de la democracia cristiana, y Julián Obligo, del PRO).
Abstenciones: 7

Ley de fertilización asistida
Garantiza el acceso de toda persona mayor de edad a las técnicas de reproducción médica de baja y alta complejidad, que estarán comprendidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO), los servicios básicos que deben cubrir tanto en la medicina privada como las prestadoras sociales sindicales. Incluye tratamientos de asistencia médica para conseguir un embarazo, no exige constancia de infertilidad o estar en pareja, no discrimina por género o edad e incluye técnicas de alta complejidad y da lugar a que pudieran agregarse nuevos procedimientos, según avances científicos.
Votos a favor: 204
Votos en contra: 1 (Julio Ledesma, del monobloque de Corriente de Pensamiento Federal).
Abstenciones: 9 (Gabriela Michetti, Federico Pinedo, Paula Bertol, Pablo Tonelli, Jorge Triaca, Omar de Marchi, Roberto Pradines y Cornelia Schmidt Liermann, todos PRO; y Rodolfo Fernández, de la UCR).

Ley de regulación de prepagas
Impide que las compañías prestadoras de servicio de medicina prepagas aumenten sus cuotas sin autorización de la Superintendencia de Salud. Y exige que para conseguirlo justifiquen la suba y se sometan a un análisis de su propia estructura de costos. Además de la autorización de la autoridad de aplicación, la Secretaría de Comercio interior debe emitir un dictamen vinculante. También señala que es la autoridad de aplicación la que define las llamadas “enfermedades preexistentes”, y plantea que en ningún caso podrán ser motivo de rechazo. Claudio Lozano, de Proyecto Sur, dijo por entonces que el subsistema de la medicina privada movía $15 mil millones y eran apenas cinco empresas las que concentraban entre el 75 y el 80% del mercado, lo cual justifica su regulación y constituía “un avance en la dirección correcta”.
Votos a favor: 190
Votos en contra: 0
Abstenciones: 29 (bloque CC y del PRO, más Carlos Favario, del Partido Demócrata de Santa Fe).

Ley de trabajo doméstico
Establece un máximo de 8 horas laborales diarias o 48 semanales y precisa que si el empleador se excede deberá pagar horas extras. También fija pautas, aguinaldo, licencias por maternidad, vacaciones pagas, aguinaldo, indemnización por despido, reposo nocturno mínimo de 9 horas consecutivas, impone otro descanso de tres horas al mediodía que incluye horario de almuerzo, un descanso semanal de, al menos, 35 horas, jornadas hasta las 13hs para los sábados, domingos no laborables, y regla vacaciones donde a partir de los 6 meses de antigüedad, serán de 14 días corridos; de 21 días después de los 5 años, de 28 después de los 10 años y de 35 después de los 20 años de trabajo. Además, se prohíbe el trabajo doméstico a menores de 16 años. La medida alcanza a 1.200.000 trabajadores no registrados.
Votos a favor: unanimidad (entre otros, Gil Lavedra, Prat Gay y Donda).
En contra: 0
Ausentes: (entre otros, Elisa Carrió, del CC; Gabriela Michetti, del PRO; Pino Solanas, de Proyecto Sur).

Ley del trabajo agrario
Comprendida como el nuevo Estatuto del Peón Rural, la nueva norma incorpora al peón rural dentro de la Ley de Contrato de Trabajo y termina con la legislación instalada en 1980 durante la última dictadura. Fija la edad jubilatoria a los 57 años, con 25 de aportes. La jornada de trabajo no podrá exceder de 8 horas diarias y 44 horas semanales, desde el lunes hasta el sábado. Prevé además la prohibición del pago en moneda distinta a la de curso legal, la bonificación por antigüedad y la prohibición de deducción del salario del valor de mercaderías provistas por el establecimiento. También obliga al reconocimiento de horas extras, del descanso semanal, al otorgamiento de condiciones adecuadas de higiene y seguridad, la provisión de ropa de trabajo por parte del empleador y el otorgamiento de licencias de la ley de Contrato de Trabajo y licencias especiales. Prohíbe el trabajo de menores de 16 años bajo cualquier modalidad y exige las condiciones de vivienda digna. También impone a los empleadores garantizar una alimentación de los trabajadores rurales “sana, suficiente, adecuada y variada, según el área geográfica y la actividad que desarrollen”.
Votos a favor: 174
En contra: 4

 Reforma de la Ley contra la trata
La reforma del 2012 se aplica sobre la ley de 2008, gracias a la cual y hasta entonces se habían rescatado 3.975 víctimas y se habían detenido un total de 1.396 victimarios. Con esta reforma se elimina el concepto de “consentimiento” como elemento para exculpar de castigo penal a quien promueva la prostitución o explote a una mujer; se establece mayor protección del Estado Nacional para reincorporar a las víctimas a la actividad laboral y educativa y, además, se creará un Consejo Federal para la lucha contra la trata y un Comité Ejecutivo que se encargue de asistir a las víctimas. La nueva Ley 26.842 amplía las condenas para los delitos de explotación sexual simple entre 2 y 4 años y elevación de la condena de 5 a 15 años en los casos agravados (la víctima quede embarazada o menores de edad).
Votos a favor: 224
Abstención: 1 (Marcela Virginia Rodríguez, de Democracia igualitaria y participativa).
Ausentes: 31 (Entre otros, Oscar Aguad, Elisa Carrió, Felipe Solá, Jorge Yoma)




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