El debate que terminó en decreto
Se puso en marcha el proyecto de las Policías
municipales, una necesidad concreta en medio de especulaciones de
campaña. Queda pendiente el desafío de revisar cuestiones de fondo, como
la relación entre exclusión, delincuencia y sus vínculos con las
fuerzas de seguridad y la represión.
En diálogo con Miradas al Sur, el diputado provincial Fernando Chino Navarro, presidente del bloque del Frente para la Victoria, se refirió al proyecto trabado como “un proyecto inédito obstaculizado por una especulación política”. Navarro entiende que una ley habría permitido conformar una Policía con autonomía de la Bonaerense y con un fuerte control social. “Al ser un decreto y no una ley, la Policía tiene menos atribuciones y potestad y depende de una estructura de la Superintendencia de Seguridad”, dijo. Claramente, el decreto contiene 27 artículos mientras el proyecto de ley, 150. Un total de 70 diputados, sobre 92, había aprobado un proyecto que protagonizó fuertes discusiones. “Se trató de una propuesta que garantizaba una policía democrática, de proximidad, de prevención, con el tratamiento adecuado, con fuerte control de la sociedad. Y eso con una resolución no se puede resolver”, remarcó Navarro.
Desde su artículo 2º, el decreto indica la necesidad de establecer que las Unidades de Policía de Prevención Local (tal el nombre que llevarán las Policías Municipales) sean coordinadas por una Superintendencia de Seguridad Local que, como Unidad Policial, se creen en el ámbito de la Subsecretaría de Planificación del Ministerio de Seguridad. Estas unidades de seguridad tendrán por objeto principal fortalecer la prevención del delito a escala municipal y potenciar la descentralización operativa de la policía.
Funcionarán en los municipios de más de 70.000 habitantes que adhieran al “Convenio Específico de Conformación y Cooperación”, el que deberá ser suscripto por el intendente y ratificado por Ordenanza Municipal. El decreto contempla también la posibilidad excepcional de evaluar situaciones de municipios que no superaran esa cantidad de habitantes y que igualmente solicitaran su incorporación.
Los convenios a suscribir con los intendentes municipales establecerán los criterios técnicos, fijarán los cronogramas y plazos, acordarán la asistencia técnica que se requiera y detallarán las acciones a desarrollar.
El artículo 7º, que especifica la “misión” de las Unidades de Policía de Prevención Local (UPPL), indica que será esencial “la prevención de delitos y contravenciones, actuando con características de policía de proximidad, coordinando su actuación con los municipios y demás unidades policiales”. Observa también que el jefe de la UPPL será designado por el ministro de Seguridad “de acuerdo con el Intendente del municipio respectivo”.
Serán funciones de las UPPL: a) Realizar actividades de observación, patrullaje y vigilancia, en las zonas delimitadas por el sistema de seguridad establecido a nivel provincial. b) Efectuar la prevención primaria, con un conocimiento cabal del sector barrial sobre el cual trabaja. c) Implementar mecanismos de disuasión frente a actitudes y hechos delictivos o contravencionales. d) Hacer cesar la comisión de delitos y contravenciones e impedir sus consecuencias. e) Intervenir en los conflictos relacionados con la violencia de género, a cuyo fin serán dotados con un sistema de comunicaciones diferenciado, vehículos identificables, participación de personal femenino, y los recursos materiales necesarios para un efectivo tratamiento de dicha problemática. f) Impedir que los hechos delictivos o contravencionales, tentados o cometidos, produzcan consecuencias delictivas ulteriores. g) Establecer una relación estrecha con la comunidad en la labor preventiva. h) Colaborar con las tareas de análisis preventivo, en base a mapas delictivos que se deberán confeccionar y mantener actualizados. i) Coordinar el esfuerzo policial con el resto de los agentes que intervienen en la comunidad. Y j) Prestar auxilio u orientación, en la medida de lo necesario, a todo vecino que así lo requiera.
Al saber de la firma del decreto, distintos referentes expusieron en los medios sus puntos de vista. Así, el diputado y ex intendente de Tigre, Sergio Massa, tuiteó: “Fantástico que haya policía municipal por decreto o resolución si es para consolidar el proyecto original”, en clara referencia a la propuesta de Granados y marcando un descrédito de las modificaciones presentadas.
Granados fue intendente de Ezeiza durante 18 años, hasta que le ofrecieron el cargo actual; que fue aliado de Menem, luego de Duhalde y que siempre se mostró gustoso de la llamada “política de mano dura”. Y no es ocioso recordar el hecho de que en 1999 disparó a matar con una pistola 38 mm contra dos supuestos delincuentes a los que lamentó no haberles dado.
El diputado de Nuevo Encuentro Marcelo Saín, creador del proyecto de ley bloqueado, detalló a este medio: “Granados es otro de los responsables para que no tengamos policía municipal en la provincia de Buenos Aires, porque desde que introdujimos modificaciones al proyecto se alineó con Sergio Massa en la crítica” (ver nota relacionada).
“Lo que han creado es un parche más, como todos los otros que se han hecho en estos años”, sentenció contrariando los festejos de su jefe político dentro del Frente Renovador, el intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino.
Mientras que desde el único partido del conurbano conquistado por el PRO, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, lanzó: “Lo que propone Scioli no tiene nada que ver con una policía municipal. Según esta propuesta, los intendentes no podemos ni nombrar, ni echar, ni capacitar, ni elegir al jefe de policía”.
El proyecto de ley trabado en el Senado había pasado el análisis de cuatro comisiones: Seguridad, Presupuesto, Asuntos Constitucionales y Derechos Humanos. Nació desde el oficialismo bonaerense en 2011, cuando se inició un debate profundo que incorporaba otros proyectos que se fueron descartando en el camino.
La provincia de Buenos Aires carga con la tasa más alta del país de gente en prisión y es también una de las mayores de Suramérica. También es la provincia –particularmente, en el conurbano– que concentró, históricamente, la mayor cantidad de fábricas, el espacio más golpeado por el neoliberalismo.
El decreto es una facultad del Ejecutivo. Desde la Legislatura podrían trabar el decreto confrontándolo con una nueva ley que le pusiera freno, algo que, actualmente, no parece convocar demasiadas voluntades.
Para Navarro, “es importante que el ciudadano recuerde que al Frente Renovador no le interesa enfocarse en trabajar para los bonaerenses. Lo único que les interesa es trabajar para la campaña presidencial de Massa”. El diputado del FpV considera que los legisladores e intendentes massistas están “enfocados al marketing, pensando en colocar un título feliz para los medios de comunicación y las campañas publicitarias”. Y si bien anticipó que ahora queda trabajar para que este instrumento sea útil de acuerdo a las expectativas y necesidades de los bonaerenses en un tema tan sensible como es la Seguridad, advirtió: “El proyecto de ley que se aprobó en diputados está en el Senado, en comisión, y no se debería descartar que se pueda aprobar algún día. Hoy no están dadas las condiciones. Pero quizás, con el tiempo, estas circunstancias se modifiquen y se pueda aprobar, dejando el decreto en segundo plano, subordinado a la ley”.
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