La noche del martes 19, dos desconocidos que habían llegado en moto a la casa que tiene el líder campesino Benjamín “Toto” Lezcano en el asentamiento Núcleo 4, de Arroyito, departamento paraguayo de Concepción, le dispararon a quemarropa 17 disparos de rifle FAL. Con Lezcano –que tenía 53 años– son cuatro los líderes campesinos asesinados en los últimos cinco meses del gobierno de facto de Federico Franco, en Paraguay.
Según informaron medios locales, la fiscala Dora Irrazábal dijo que “en la zona, los ajusticiamientos son comunes”, mientras que desde la Policía se habría hablado de “supuestos vínculos con el Ejército del Pueblo Paraguayo”. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y campesinas indicaron que el móvil del asesinato sería su militancia por la defensa de la soberanía alimentaria y del medio ambiente en la que participaba activamente; por ejemplo, contra el avance de los sojales y contra el desembarco de la empresa transnacional de aluminios Rio Tinto Alcan (RTA).
RTA es un grupo empresario internacional del sector minero, surgido en 1995 de la fusión de una empresa británica con una australiana. Se dedica a la extracción de aluminio, carbón, cobre, dióxido de titanio, hierro, talco, sal y diamantes. Tiene emprendimientos en varios países.
En Paraguay, pocos días antes de la Navidad de 2012, Franco firmó un preacuerdo con RTA, que recibió críticas hasta de la derecha: “Subsidiar la energía eléctrica a una multinacional sin discutir sobre la contaminación ambiental o cuánta mano de obra va a generar (la electrointensiva), no estoy de acuerdo”, habría dicho entonces el ex general golpista Lino Oviedo, candidato a la presidencia del Paraguay en las próximas elecciones. Curiosamente, el 3 de febrero pasado se estrelló el helicóptero en el que viajaba junto con su compañero de fórmula en la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace), Alberto Soljancic. Por entonces, Franco decretó tres días de duelo.
La organización Cloc-Vía Campesina repudió el asesinato de Benjamín Lezcano a través de un comunicado en el que denuncian: “El recrudecimiento de la criminalización de las luchas sociales y los asesinatos selectivos de dirigentes campesinos en el Paraguay, como el caso de Mariano Jara, Sixto Pérez, Vidal Vega, y Benjamín ‘Toto’ Lezcano”. Asocian así, el crimen de Lezcano a los que se realizaron luego de la Masacre de Marina Kue, en la población Curuguaty, donde fueron ejecutados 11 campesinos sin tierra para forzar a los ocupantes a abandonar esos terrenos. Luego, la derecha utilizaría ése hecho para dar el golpe de Estado que eyectó a Fernando Lugo e impuso a Franco.
La organización campesina afirma que estos crímenes “se desenvuelven en el marco de la implementación del Plan Colombia por parte del gobierno golpista de Federico Franco”. Lo vinculan con el acaparamiento de tierra por parte de empresarios extranjeros ligados a las multinacionales del agronegocio y a la “liberación de semillas transgénicas” a través de la flexibilización de legislaciones que dispuso el Ejecutivo por decreto.
“Responsabilizamos a los tres poderes del Estado paraguayo por la muerte del dirigente Benjamín Lezcano”, dice el comunicado, y advirtierte del “estado de violencia instalado en nuestro país que es propio de un terrorismo de Estado que busca silenciar los reclamos populares y crear una atmósfera de miedo en la población, a fin de desestimular la movilización”.
